La filósofa Hannah Arendt acuñó una de las expresiones más influyentes del pensamiento contemporáneo: la banalidad del mal. La desarrolló tras asistir, en 1961, al juicio de Adolf Eichmann, uno de los funcionarios que tuvo una participación relevante en la maquinaria administrativa del Holocausto.
Lo que más impactó a Arendt no fue encontrarse con un monstruo ni con un fanático sediento de sangre. Lo que la perturbó fue descubrir a un hombre aparentemente común, un burócrata eficiente que insistía en que simplemente había cumplido órdenes y ejecutado procedimientos. A partir de esa experiencia, Arendt llegó a una conclusión inquietante: algunas de las peores injusticias de la historia no nacen necesariamente del odio ni de la perversidad extrema. Con frecuencia surgen cuando las personas dejan de reflexionar críticamente sobre las consecuencias humanas de sus actos y comienzan a aceptar como normal aquello que nunca debió serlo.
Quizá la mejor forma de resumir su planteamiento sea la siguiente: la banalidad del mal comienza cuando dejamos de ver personas y empezamos a ver categorías. La persona desaparece detrás de una etiqueta y dejamos de preguntarnos por la humanidad del otro. Aunque la comparación histórica debe manejarse con prudencia, la advertencia de Arendt trasciende el contexto que la originó y describe un mecanismo de deshumanización que puede reaparecer allí donde las personas son reducidas a categorías.
Aunque concebida en un contexto histórico radicalmente distinto, esta reflexión conserva una extraordinaria vigencia en el debate contemporáneo sobre la pena y el tratamiento de las personas privadas de libertad en Costa Rica, pues, en tiempos marcados por una legítima preocupación ciudadana por la inseguridad, suele aparecer una tentación política recurrente: lucrar con la pena, traducida en una medición de las políticas públicas por la cantidad de sufrimiento que logran imponer a quienes han infringido la ley. En ese contexto, el debate público corre el riesgo de concentrarse más en cuánto castiga la cárcel que en qué tan eficaz resulta para prevenir nuevos delitos y favorecer la reinserción social.
La lógica parece sencilla: si el delito genera indignación, la respuesta adecuada consiste en aumentar el sufrimiento de quien delinque. Bajo esta visión, la severidad del castigo se convierte en sinónimo de eficacia y la dureza de las condiciones penitenciarias pasa a presentarse como una virtud política que genera réditos inmediatos. Poco a poco, determinadas restricciones comienzan a percibirse como naturales. Limitar contactos familiares, dificultar la comunicación con la defensa técnica de la persona privada de libertad, restringir espacios de interacción humana o endurecer las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios deja de analizarse desde la perspectiva de los derechos fundamentales y pasa a justificarse exclusivamente desde la lógica de infligir el mayor castigo posible.
Es precisamente allí donde surge lo que podría denominarse la banalidad de la pena; no porque la pena sea ilegítima, pues toda sociedad democrática tiene derecho a sancionar las conductas consideradas delictivas para preservar el orden social. Desde esta perspectiva, el mundo civilizado ha encontrado en el derecho penal y, específicamente, en la pena de cárcel, una herramienta necesaria para la protección de la convivencia social, la tutela de los derechos de las víctimas y la preservación del orden jurídico.
Sin embargo, el problema aparece cuando la cárcel deja de orientarse por sus fines constitucionales y se transforma en una expresión de sufrimiento, venganza colectiva o en un instrumento utilizado para satisfacer demandas políticas inmediatas. En ese momento, la pena deja de servir al orden social y comienza a servir a intereses ajenos a él.
Es oportuno recordar que la legitimidad de la pena no descansa en la cantidad de dolor que sea capaz de producir, ni en su aptitud para satisfacer deseos de revancha colectiva. Por el contrario, su fundamento jurídico y ético radica en la protección de intereses sociales relevantes, la prevención de nuevas conductas delictivas y la resocialización de la persona condenada, todo ello dentro de los límites impuestos por la dignidad humana.
Con frecuencia se discute sobre la pena como si el condenado hubiera perdido toda condición moral relevante frente al Estado. Se habla del “reo”, del “preso” o del “delincuente”, categorías que terminan reduciendo a la persona a una suerte de cuasipersona. La etiqueta desplaza al ser humano y, con ello, se debilita el reconocimiento de su dignidad.
Desde la filosofía, el ser humano constituye una realidad concreta, irrepetible e insustituible. Es una realidad ontológica; es decir, un ser que existe por sí mismo y posee un valor intrínseco que no depende de la utilidad que otros le atribuyan. No es una cifra estadística, un expediente administrativo ni un instrumento al servicio de objetivos políticos. Es una persona. Precisamente por ello, no puede convertirse en un instrumento para satisfacer demandas de popularidad política, enviar mensajes simbólicos de dureza o canalizar deseos colectivos de revancha.
La importancia de esta afirmación radica en que la dignidad humana no depende de la aprobación social, de la utilidad que una persona tenga para la comunidad o para un grupo político, ni mucho menos de la conducta que haya realizado. Desde esta perspectiva, la dignidad no se adquiere por buena conducta ni se pierde por haber cometido un delito, pues es inherente a la condición humana.
Precisamente por ello, la condena penal puede restringir legítimamente determinados derechos, especialmente la libertad ambulatoria, pero no elimina la condición humana de quien la recibe ni transforma al Estado en propietario de su existencia. Es decir, la prisión supone privación de libertad en condiciones de dignidad, nunca pérdida de la dignidad misma.
Esta idea, que podría parecer una verdad de Perogrullo, adquiere una enorme relevancia cuando se analiza la realidad político-institucional actual, porque la degradación institucional rara vez comienza mediante decisiones espectaculares o rupturas abruptas. Generalmente aparece a través de pequeñas restricciones que terminan normalizándose.
La advertencia de Arendt conserva aquí toda su fuerza. La banalización del mal comienza cuando dejamos de preguntarnos por la humanidad del otro. La banalización de la pena comienza cuando dejamos de preguntarnos por la humanidad del condenado.
Debemos recordar que la humanización de la pena no constituye una concesión al delincuente ni una muestra de debilidad frente al crimen. Constituye una exigencia inherente al Estado democrático de Derecho.
La verdadera prueba de un Estado de Derecho no se encuentra en la forma en que trata a quienes cuentan con el respaldo de la mayoría. Se encuentra en la manera en que ejerce el poder sobre quienes se encuentran en una posición de máxima vulnerabilidad frente al propio Estado.
Debe de recordarse que una sociedad que deja de ver personas detrás de la condena corre el riesgo de olvidar una verdad fundamental: la justicia puede privar de libertad, pero nunca debería privar de humanidad. Cuando la persona desaparece detrás de la etiqueta, la cárcel deja de castigar delitos y comienza a degradar seres humanos. Y cuando eso ocurre, la pena deja de ennoblecer al Estado y el Estado comienza a parecerse peligrosamente a aquello que pretende combatir.