Reconocimiento será entregado en octubre, en Lisboa; magistrado de la Sala Constitucional había recibido en abril el premio Global Jurist of the Year de Northwestern.
El magistrado de la Sala Constitucional y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, recibirá el Premio a la Independencia Judicial 2026 de la Unión Internacional de Magistrados (UIM).
La distinción será entregada durante la asamblea anual de la organización, prevista para octubre en Lisboa, Portugal, según informó el Semanario Universidad.
De acuerdo con ese medio, el Consejo Directivo de la UIM escogió a Cruz para el reconocimiento, que el organismo entrega anualmente en categorías dirigidas a personas e instituciones dedicadas a promover y proteger la independencia judicial. La Unión Internacional de Magistrados agrupa a más de 90 asociaciones judiciales de distintos países.
En declaraciones al Semanario Universidad, Cruz indicó que recibe el premio como “un reconocimiento para todo el país y para toda nuestra historia”, y lo vinculó también con el trabajo del Poder Judicial costarricense.
Segundo reconocimiento internacional en 2026
El anuncio se conoce pocos meses después de que Cruz recibiera el undécimo premio Global Jurist of the Year, otorgado por el Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, en Chicago.
Northwestern distinguió al magistrado por su liderazgo judicial en la protección de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas migrantes, en particular por su aporte a una resolución de la Sala Constitucional sobre personas trasladadas desde Estados Unidos a Costa Rica y retenidas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM).
La ceremonia de ese premio se realizó el 15 de abril de forma virtual. Según informó la Sala Constitucional, Cruz participó mediante enlace remoto y durante su intervención se refirió a los riesgos que enfrentan la independencia judicial y el Estado de derecho.
El Global Jurist of the Year reconoce cada año a una persona juzgadora en funciones cuya trayectoria y trabajo judicial hayan contribuido a la promoción o defensa de los derechos humanos internacionales, especialmente en contextos de presión, amenaza o adversidad