Bajo una convulsa vida política, en la mira de distintos gobiernos han estado de manera continua las universidades públicas, actores que dentro y fuera de sus aulas han logrado con sus luchas el cumplimiento de los deberes del Estado con estas instituciones. Gracias a estas luchas han conseguido que, en diversos puntos de la historia, se respete en específico un derecho constitucional que se le ha intentado pasar por encima: el famoso Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El FEES es el dinero que el Estado costarricense invierte en las distintas universidades públicas para generar las nuevas generaciones de profesionales, impulsar la investigación, la generación de proyectos, la extensión y el mantenimiento de estas. Lastimosamente, durante nuestra historia, al estudiante no siempre se le ha respetado.
Durante el periodo 2010-2015, el FEES pasó por importantes logros gracias al acuerdo quinquenal que se dio entre el Gobierno y las universidades públicas, donde se consolidó el modelo basado en crecimiento progresivo. Gracias a esto, durante este periodo se consolidaron mejores becas, surgieron sedes regionales y se fortaleció la investigación.
Sin embargo, en el año 2015, cuando a las instancias correspondientes les correspondía la negociación para el siguiente quinquenio, se tomó la decisión de solo definir los recursos destinados a las universidades solamente para el año 2016; esto significó una gran incertidumbre con respecto al presupuesto debido a la inmensa disminución que existió en comparación al último giro aprobado.
Para el año 2017, la negociación responde a una coyuntura difícil, mientras el país afrontaba una difícil crisis fiscal, una que según el presidente de turno se arrastraba desde el 2009. Para este año, durante las negociaciones, el Gobierno manifestó que Costa Rica enfrentaba el momento fiscal más crítico de su historia reciente, lo que terminó por significar un leve aumento que no satisfacía las necesidades de las distintas universidades públicas.
Durante el periodo 2018-2020, el FEES y, por ende, las universidades fueron afectadas desde distintos frentes, principalmente el legislativo, que durante la administración aprobó un rebajo del 10 % argumentando que: el país aún atravesaba una crisis fiscal y que las universidades públicas disfrutaban de superávits presupuestarios cada año.
En el curso del 2020, acompañado de una de las peores crisis sanitarias causada por el COVID-19, el presupuesto aprobado fue mucho menor a los anteriores, alcanzando la suma de ₡474 mil millones, marcados por la ya mencionada crisis y diversos rebajos propuestos por el Poder Ejecutivo. Aun así, las diversas instituciones universitarias acordaron brindar un aporte solidario para la atención de la pandemia; este fue de 38,200 millones provenientes del FEES.
Tras la pandemia, en el periodo 2021-2025, tras varios años de incertidumbre con respecto a los aumentos periódicos, el FEES vivió una recuperación gradual, frenando la tendencia marcada de reducción del presupuesto de las últimas negociaciones.
Sin embargo, con la transición a la administración Chaves Robles, las negociaciones se tornaron más tensas. Por parte de las universidades se argumentaba que la inflación estaba reduciendo significativamente y, por parte del Gobierno, estos insistían en que aún existían restricciones fiscales y que estaban en la necesidad de controlar el gasto público. Después de varias negociaciones se acordó un aumento de apenas el 1 %.
El conflicto tomó más fuerza debido a que en el 2025, el Ministerio de Hacienda no giró ₡11 mil millones aprobados del FEES, lo que desencadenó diversas protestas estudiantiles y reclamos de CONARE sobre el reciente desfinanciamiento.
El acuerdo del FEES correspondiente para el 2026 finalmente quedó en 593 mil millones, con un aumento que de nuevo fue del 1 %. Al mismo tiempo, tras conflictos, la Sala IV condena al Ministerio de Hacienda por no girar completamente los fondos retenidos del FEES.
Con un ambiente político distinto al de anteriores administraciones, el discurso exacerbado contra la autonomía universitaria y la administración de recursos funcionó para tensar más la relación Gobierno-Universidad-Estudiante y alimentar el debate a nivel nacional con respecto al uso del FEES, resultando en una negociación fallida para el 2027, redirigiendo la discusión de nuevo al Poder Legislativo.
Esto funge para consolidar una problemática que se ha extendido durante diversas negociaciones, donde de nuevo se cuestiona desde distintos puntos la autonomía de las universidades. Con esta coyuntura política, que ha puesto a las universidades en la mira de todos, el camino se vuelve incierto y la lucha se vuelve larga.