Hay una pregunta que la oposición costarricense evita hacerse en voz alta, aunque la responda todos los días con sus actos: ¿qué pasa si a este gobierno le va bien?
La respuesta la conocen perfectamente. Si el actual gobierno responde, funciona, si la economía mejora, si la seguridad mejora, si el país percibe avance, este gobierno —y también sus herederos— llegaran a las elecciones del 2030 con una ventaja casi imposible de remontar. Esa certeza, más que cualquier diferencia ideológica, explica buena parte de lo que hoy vemos en la Asamblea, en las redes sociales, en los medios y en las tribunas políticas.
Esa es una de las actitudes que ya deberíamos haber superado como país.
La democracia no se sostiene cuando un sector decide que su tarea principal es impedir que el gobierno de turno tenga éxito, sino cuando entiende que su obligación es gobernar bien cuando le toque, y fiscalizar con altura mientras no le toca. Ahí está el núcleo del problema: una parte de la oposición, ahora casi todos autodenominados progresistas, dejó de competir con ideas y empezó a competir con obstáculos. Frenar les parece más rentable que proponer.
Inspirados por un cálculo de corto plazo —más electoral que nacional, más táctico que estratégico— muchos de sus voceros sustituyeron la discusión sobre proyectos concretos por una obsesión casi ritual con el desgaste, la perversamente famosa mesa de diálogo eterna, el trámite que nunca cierra y la echada de culpas a una personalidad de turno que dicen que no les cae bien. Ya no se trata de resolver problemas del país, sino de asegurarse de que nadie más se lleve el crédito.
El pueblo no vota cálculos. Vota resultados. Parece que no se han dado cuenta.
La oposición cometió, y sigue cometiendo, un error estratégico profundo: confundió fiscalización con parálisis, y cautela declarada con bloqueo real. Esa diferencia, por cierto, el ciudadano de a pie sí la distingue con claridad. Lo dijeron las encuestas y lo dijeron con sus votos. Mientras unos piden “más diálogo” para diluir cada decisión, la mayoría simplemente quiere ver el progreso que les prometieron en las urnas. Y están entendiendo quién es el responsable de los bloqueos o sabotajes sutiles.
Con el tiempo, ciertos sectores opositores se volvieron expertos en señalar procedimientos y sorprendentemente incapaces de explicar por qué, después cuatrienios enteros, de tantas mesas de diálogo y de tantos comunicados, las obras no avanzan, los trámites no se simplifican y la vida cotidiana de la gente no mejora. Cuando alguien se atreve a hacer esa pregunta incómoda, la respuesta no es una propuesta, sino una nueva mesa.
Esta es una de las características centrales del obstruccionismo de cálculo electoral: la idea de que detener al gobierno hoy es la mejor inversión posible para el 2030. El futuro del país convertido en rehén de una apuesta politiquera partidaria.
Buena parte de este libreto lo diseño y lo conoce de memoria el progresismo local. Es el mismo sector que durante años se sintió dueño de la intelectualidad y del diagnóstico correcto. Al perder en las urnas, no hizo el ejercicio de revisar su propuesta, sino el de reorganizarse en otro terreno: el institucional. Lo que no lograron con las papeletas, lo buscan ahora a través de comisiones, en los foros, o en la “mesa técnica” convocada para “escuchar a todos los sectores”. La derrota electoral no se acepta; simplemente se traslada de escenario.
Y ahí aparece la mesa de diálogo, convertida en el instrumento favorito de quien perdió, pero no se resigna a quedar fuera de la decisión. Seamos claros, nadie se opone al diálogo como principio. El problema es su uso como anestesia institucional: una mesa que no busca acuerdos, sino tiempo; que no produce decisiones, sino actas; que le da al perdedor un poder de veto que las urnas ya le habían negado. Cuando la mesa se convierte en un mecanismo permanente para reabrir lo ya decidido, deja de ser diálogo y pasa a ser un freno disfrazado de consenso. Se diluye la responsabilidad, se reparte el desgaste y, mientras tanto, el país espera. El futuro se convierte en pasado.
Esa estrategia, basada en la parálisis por análisis, puede funcionar en estrategias de comunicación política, en encuestas internas o en cálculos de mercadeo electoral. En un país real, con personas reales y necesidades reales, fracasa. No porque la gente no entienda la política, sino porque la gente ya no se deja entretener con ella. Ya no se comen ese cuento.
El reciente resultado electoral no fue un cheque en blanco, pero tampoco fue una invitación a la trinchera permanente. Fue un mandato para gobernar, y un llamado implícito a que quienes perdieron asumieran su rol de oposición responsable, no de freno de mano.
Hay algo profundamente antidemocrático en creer que el éxito de un gobierno legítimamente electo es, en sí mismo, una amenaza que hay que neutralizar. Esa lógica no es fiscalización; es egoísmo partidario. Es tener muy poca visión estadista. Es en mi criterio ser irresponsable con el país. Parece ser la lógica de quienes creen que la patria les pertenece más a ellos, que al resto del país.
Y hay un caso particular dentro de ese egoísmo que merece mención aparte: el de ciertas figuras que no solo perdieron, sino que perdieron de manera contundente, y que sin embargo siguen actuando en los medios, en redes y en cada tribuna disponible como si el resultado hubiera sido un empate técnico, o peor, un malentendido transitorio. También figuras egoístas que aunque su partido haya impulsado un proyecto de ley, ahora les conviene oponerse.
Parece que esos liderazgos derrotados nunca les llegó la comunicación oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. Siguen opinando con el tono de quien todavía gobierna, corrigiendo con el tono de quien todavía tiene autoridad, y exigiendo con el tono de quien todavía tiene el mandato. El país ya fue claro al respecto, y en las urnas, que es donde estas cosas se deciden. No faltara el que proponga referendos para los temas que quiera volver a votar o seguir posponiendo.
No se trata de pedirles silencio; toda voz tiene derecho a expresarse en democracia. Se trata de pedirles proporción. Perder una elección por márgenes amplios debería traducirse en algo de humildad política, no en una versión recargada de la misma soberbia que, según ellos mismos hoy explican casi sin sonrojarse, los llevó a perder.
Costa Rica no quiere ni necesita que la oposición esté de acuerdo con todo. Una oposición responsable es imprescindible. Necesita que entienda que los intereses del país están por encima de los intereses de cualquier partido. Necesita que distinga entre cuestionar una idea y bloquear el futuro de los hijos de todos por miedo a perder una elección.
La política, al final, no se mide en mesas de diálogo. Los avances no están en las mesas. Los estadistas construyen mientras la mesa sigue puesta
En febrero, unos ganaron y otros perdieron. Esa parte ya quedó resuelta. Lo que falta por decidir es otra cosa: si Costa Rica entera gana o si seguimos repartiendo la derrota de unos pocos y afectando a todos. Para que el país gane, toca respetar a las mayorías y dejar trabajar al gobierno que la gente eligió democráticamente.