Mientras el mundo discute cómo acelerar la transición energética, Costa Rica enfrenta una paradoja peligrosa: ¿Vale la pena convertir el océano profundo en una mina para obtener cobalto, níquel y cobre? La respuesta es clara: no. La minería submarina no es una solución verde, es una amenaza existencial para nuestros océanos y para el futuro del país.
La minería de aguas profundas extrae nódulos polimetálicos del fondo marino a miles de metros de profundidad, usando maquinaria pesada que destruye físicamente el hábitat. Según Greenpeace en marzo de 2023, los ecosistemas de aguas profundas tardan milenios en recuperarse y el daño es prácticamente permanente en escalas de tiempo humanas. La maquinaria resuspende sedimentos tóxicos que se dispersan kilómetros, sofocando hábitats y contaminando la columna de agua con metales pesados. Según el Deep-Sea Mining Science Statement, se rompe la cadena alimentaria al dañar el plancton y especies mesopelágicas, afectando peces comerciales como el atún y la pesca que alimenta a miles de personas. Además, esta actividad podría afectar la capacidad del océano para capturar carbono y alterar la cadena alimenticia y el hábitat de las especies, además de impactar en economías que dependen de la pesca.
Costa Rica ha liderado globalmente en protección ambiental, el país lanzó un llamado claro: proteger el océano es una obligación jurídica, ambiental y moral que requiere ciencia sólida y procesos multilaterales verdaderamente inclusivos. Aunque el gobierno reconoce los riesgos de esta práctica existe una contradicción preocupante con respecto a la legalización de minería a cielo abierto en Crucitas. Esta incoherencia debilita la posición internacional de Costa Rica como líder ambiental.
El expediente 24.739 busca prohibir la minería marina en todas las aguas costarricenses. En enero del 2026 la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el proyecto con respaldo unánime, sin embargo, el proyecto aún no ha sido aprobado por el plenario, por tanto, es fundamental que la ley sea aprobada a mayor brevedad como un llamado de emergencia ante lo que ocurre en otros países latinoamericanos, donde la minería marina avanza sin regulación, destruyendo ecosistemas costeros y afectando a comunidades pesqueras.
El mar profundo no es una mina, es un ecosistema vivo que sostiene la vida: el equilibrio climático, el empleo y la seguridad alimentaria del país. La minería marina sería una contradicción directa a los esfuerzos por preservar el ecosistema y combatir el cambio climático, es por esto que es necesario defender lo que el mundo empieza a reconocer, no es un tema partidario, es un tema de interés nacional y supervivencia.