La confrontación permanente transformó la política costarricense. Lo preocupante es que muchos de quienes deben enfrentarla siguen actuando como si nada hubiera cambiado.
La semana pasada, entre muchas otras manifestaciones que podrían citarse, una diputada tomó la palabra en el plenario legislativo para dirigir una intervención contra otra legisladora. Más allá de las diferencias políticas legítimas que puedan existir entre ambas, lo preocupante fue la pobreza del intercambio democrático que presenciamos.
No hubo una verdadera confrontación de ideas ni una discusión sobre políticas públicas. Tampoco se escucharon propuestas alternativas ni argumentos orientados a enriquecer el debate nacional. Hubo, en cambio, referencias personales, alusiones familiares y una intervención que parecía tener como objetivo principal descalificar antes que convencer.
La respuesta de la legisladora aludida fue distinta. Con independencia de las simpatías o discrepancias que cada quien pueda tener respecto a sus posiciones, respondió desde la seriedad política, defendiendo sus argumentos y su trayectoria sin recurrir al agravio personal. Ese contraste resulta revelador porque expone dos formas muy distintas de entender la política: una basada en la descalificación y el ataque, y otra sustentada en la confrontación de ideas y argumentos.
Una democracia se fortalece cuando las diferencias se procesan mediante el debate y la deliberación. Por el contrario, comienza a debilitarse cuando los actores políticos sustituyen las ideas por los ataques personales y convierten a las personas, y no a sus posiciones, en el centro de la confrontación.
El episodio, lamentablemente, no es una excepción. Es una muestra de una tendencia que se ha venido normalizando en distintos espacios públicos del país: la sustitución del debate por el agravio, de los argumentos por las etiquetas y de la confrontación de ideas por la confrontación de personas. Esa es la hoguera que hemos estado alimentando durante los últimos cuatro años.
Lo más preocupante no fue la intervención en sí misma. Lo verdaderamente preocupante es que ese episodio refleja con precisión el deterioro del debate público que hemos presenciado durante los últimos años y que amenaza con profundizarse en la nueva administración.
Costa Rica ha experimentado una transformación profunda en la forma de hacer política. No me refiero a las diferencias ideológicas, que son normales y necesarias en toda democracia, ni a los cambios de gobierno que forman parte de la alternancia democrática. Me refiero a una modificación sustancial en el tono, en el lenguaje y en la manera de relacionarse con las instituciones y con los adversarios políticos.
La confrontación permanente sustituyó al debate como principal herramienta de comunicación. La búsqueda constante de culpables desplazó con frecuencia la búsqueda de soluciones. La indignación se convirtió en un recurso político cotidiano y el conflicto dejó de ser una consecuencia ocasional de la actividad política para transformarse en una estrategia deliberada de posicionamiento y movilización.
Durante estos años hemos visto cómo el ataque personal ocupó espacios que antes pertenecían a la discusión pública, cómo el cuestionamiento permanente sustituyó muchas veces la propuesta y cómo la confrontación dejó de ser un recurso excepcional para convertirse en una forma habitual de ejercer el poder. A juzgar por las primeras semanas de la nueva administración, todo indica que esa lógica no solo continúa, sino que pretende profundizarse.
Sin embargo, mientras el oficialismo comprendió rápidamente las reglas de esta nueva dinámica política y de comunicación, buena parte de la oposición continúa respondiendo con herramientas y estrategias propias de una etapa anterior. Ese es, probablemente, su principal error.
La oposición costarricense parece actuar como si todavía estuviera frente a los actores políticos tradicionales que dominaron buena parte de nuestra historia democrática reciente. Como si bastara un comunicado de prensa, una conferencia cuidadosamente preparada o una intervención parlamentaria moderada para contrarrestar narrativas diseñadas específicamente para generar emociones, indignación y enfrentamiento permanente.
El problema es que el adversario político de hoy no opera bajo las mismas lógicas de ayer. Y cuando cambian las reglas de la comunicación política y de la disputa por la opinión pública, también debe cambiar la manera de ejercer la oposición y de defender las instituciones democráticas.
Conviene aclarar, sin embargo, que esta reflexión no pretende sugerir que la oposición deba imitar los peores comportamientos del oficialismo. Costa Rica no necesita más insultos, más descalificaciones ni más espectáculos políticos. Tampoco necesita que quienes defienden las instituciones renuncien a los principios que dicen representar.
Lo que necesita es una oposición capaz de comprender que la firmeza no es sinónimo de agresividad, que la contundencia no equivale a la vulgaridad y que la confrontación democrática puede ejercerse sin abandonar el respeto. Defender las instituciones exige valentía para señalar contradicciones, desmontar afirmaciones falsas y responder con claridad cuando los principios democráticos son cuestionados o atacados.
Debo admitir que en las últimas semanas he observado con interés algunos videos de la política española Mar Espinar que circulan en redes sociales. Diputada en la Asamblea de Madrid y una de las voces más visibles de la oposición al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, ha llamado mi atención no por sus posiciones ideológicas, que pueden compartirse o no, sino por su forma de confrontar políticamente al adversario mediante argumentos, datos y hechos verificables. Más allá de coincidir o no con sus planteamientos, sus intervenciones recuerdan una lección básica de la política contemporánea: las convicciones democráticas no se defienden únicamente teniendo razón; también requieren capacidad para responder, argumentar y disputar el espacio público.
Uno de los grandes errores de nuestro tiempo consiste en confundir moderación con debilidad. La moderación sigue siendo una virtud indispensable para la convivencia democrática. La debilidad política, en cambio, puede convertirse en una invitación para que los abusos, las distorsiones y los ataques a las instituciones encuentren escasa resistencia.
Durante estos años hemos visto cómo se cuestionan instituciones fundamentales de la República, cómo se desacredita sistemáticamente a órganos de control, cómo se ataca a la prensa cuando resulta incómoda y cómo se construyen narrativas que parecen encontrar responsables de todos los problemas nacionales en cualquier lugar excepto dentro del propio ejercicio del poder. Frente a ello, la respuesta de quienes tienen la responsabilidad de ejercer control político ha sido, en demasiadas ocasiones, insuficiente.
Giovanni Sartori advirtió hace décadas que la política contemporánea estaría cada vez más condicionada por la comunicación y la capacidad de influir en la percepción pública. Hoy esa advertencia parece más vigente que nunca. En un entorno donde las emociones y las narrativas compiten diariamente por la atención ciudadana, tener razón ya no es suficiente: también es necesario saber comunicarla y defenderla.
Pero sería un error concluir que esta responsabilidad recae únicamente sobre quienes ocupan una curul o aspiran a un cargo público. La democracia costarricense nunca ha sido obra exclusiva de los políticos. Ha sido una construcción colectiva levantada durante generaciones por ciudadanos de muy distintas ideologías, credos y posiciones sociales que compartían una convicción fundamental: la República estaba por encima de las diferencias.
Por eso también nos corresponde a los ciudadanos asumir nuestra cuota de responsabilidad. Cada vez que normalizamos el insulto, compartimos información falsa, celebramos la humillación del adversario o premiamos políticamente la agresión por encima de los argumentos, contribuimos a debilitar la cultura democrática que heredamos. La defensa de Costa Rica no comienza únicamente en la Asamblea Legislativa; comienza también en nuestras conversaciones, en nuestras redes sociales y en la forma en que decidimos participar en la vida pública.
Quizás convenga decirlo con claridad. A la oposición costarricense le ha correspondido ejercer su papel en uno de los períodos más ásperos de nuestra vida política reciente. Le ha tocado enfrentar una dinámica marcada por la confrontación permanente, la descalificación constante y una lógica que con frecuencia parece privilegiar la destrucción del adversario por encima de la discusión de las ideas.
Sin embargo, precisamente por esa razón, no puede permitirse renunciar a su responsabilidad histórica. Su tarea no es convertirse en una copia de aquello que cuestiona, sino demostrar que es posible ejercer una oposición firme, valiente y rigurosa sin sacrificar los principios democráticos.
A quienes hoy ocupan los espacios de oposición les corresponde una responsabilidad especial. Pero no exclusiva. También corresponde a la ciudadanía decidir qué tipo de política está dispuesta a tolerar y cuál está dispuesta a rechazar.
Si aceptamos como normal la agresión permanente, el desprecio por las instituciones y la sustitución de los argumentos por los ataques personales, terminaremos perdiendo algo mucho más valioso que una elección. Terminaremos debilitando la cultura democrática que permitió a Costa Rica distinguirse durante décadas y que generaciones de costarricenses, desde distintas trincheras políticas pero con la República en el corazón, nos heredaron como un patrimonio común.
La tarea es difícil. Probablemente seguirá siéndolo. Pero precisamente en los momentos más difíciles es cuando se pone a prueba la calidad del liderazgo político y la madurez de la ciudadanía.