La presidenta Laura Fernández informó sobre los temas conocidos por la "Fuerza Élite" este lunes.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, informó en un video circulado a la prensa que el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas, participó este lunes de la sesión semanal de trabajo de la "Fuerza Élite", el equipo de trabajo que instauró la mandataria con el objetivo de coordinar y supervisar las acciones de los distintos cuerpos policiales del país. Además, la presidenta Fernández lamentó que otros representantes del Poder Judicial todavía no se hayan integrado al equipo de trabajo.
Tras la sesión, la presidenta informó que el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, el ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora Miranda, y el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Pablo Martínez Bertozzi, se sometieron a una prueba de polígrafo, ejecutada por la empresa privada IPSC Costa Rica. Sobre esta prueba, la mandataria indicó:
Los tres pasaron la prueba. Las preguntas estuvieron orientadas a los riesgos más sensibles para la función pública, como vínculos con el narcotráfico, el crimen organizado, filtración de información sensible, corrupción y actos de enriquecimiento ilícito".
Como parte de los temas analizados este lunes, la mandataria destacó que han identificado personas de nacionalidad extranjera que han ingresado de forma ilegal al país y que han sido deportadas hasta en 70 ocasiones, por lo que adelantó que estarán presentando en las próximas semanas una propuesta de reforma a la Ley de Migración y Extranjería (Ley 8764), aunque no dio detalles de cuáles modificaciones estarán proponiendo.
La mandataria destacó que, en lo que va del año, el país registra 44 homicidios menos que en 2025. Al respecto, indicó:
Esto representa un 11% menos. Vamos bien, pero queda mucho trabajo por delante para alcanzar los niveles de paz y de tranquilidad que se merecen las familias costarricenses".
Fernández informó que solicitó "una revisión exhaustiva" a la Ley de Armas y Explosivos (Ley 7530) y sus reglamentos para preparar las propuestas de reformas necesarias en la materia con el objetivo de revisar "los perfiles de las empresas que venden armas y municiones, pero también los perfiles de las personas que compran esas armas y esas municiones", así como"quienes adquieren los permisos de portación y el uso que se les da a estos".