¡Claro que lamento el sufrimiento que mi familia, mis amigos y yo hemos vivido por la injustificada persecución que por más de dos décadas he padecido!
Pero igualmente lamento la pérdida de confianza en el Poder Judicial que indebidos procederes acarrean a nuestro sistema de justicia.
Lo lamento profundamente.
Ante las falaces acusaciones de un imputado que para no ir a prisión y quedarse con buena parte de los recursos de sus confesados delitos hizo arreglos con el Ministerio Público, renuncié voluntariamente a la Secretaría General de la OEA. Lo hice a pesar de que los representantes de las naciones integrantes —salvo el de Costa Rica— me habían recomendado permanecer en el cargo. Regresé al país previo anuncio al fiscal general Dall´Anese de que volvía para someterme a nuestros tribunales y pedía cita para ser indagado.
Fui recibido por un circo de infamia organizado cuidadosamente para hacerme aparecer como culpable ante mis compatriotas, un circo condenado por la Sala Constitucional por la exhibición pública degradante que de mi se hizo.
Todo lo que desde entonces he solicitado es un juicio justo.
Desde entonces sufrí reiteradas y groseras violaciones a mis derechos constitucionales y procesales que produjeron graves y dolorosas consecuencias.
Solo recuerdo unas pocas. El lector interesado puede encontrar en www.juiciojusto.com los documentos que comprueban las que aquí menciono y otras muchas, y un resumen de estos procesos en mi defensa material de los días 14 y 15 de mayo en el juicio de reaseguros que finalmente me absolvió por certeza.
Con información falsa que presentó el Ministerio Público se me encarceló en La Reforma por casi 5 meses, por un año perdí mi libertad con arresto domiciliar, no pude salir del país por muchos años. Deliberadamente se atrasaron las investigaciones y solo concluyeron con muchos años de retraso por imposiciones que los jueces decretaron al Ministerio Público. El Ministerio Público atrasó por 4 años el inicio de la audiencia preliminar en el caso de reaseguros. Ha sido tal este deseo de mantenerme hasta el día del juicio final sufriendo la pena de banquillo, que la Sala Constitucional decretó un amparo en mi favor por violación a mi derecho constitucional a justicia pronta y cumplida.
Por esas razones y por sufrir procesos penales, por la exhibición degradante que de mi se hizo y por la acción orquestada del Ministerio Público y de algunos medios de comunicación para condenarme ante la opinión pública, durante una buena parte de mi vida se me impidió trabajar al tiempo que debía enfrentar enormes costos.
Pero tal como yo lo esperaba al tomar mi decisión de volver para enfrentar las infundadas acusaciones, los jueces tuvieron el coraje de aplicar el debido proceso y triunfó la justicia.
En la explicación del por tanto que decreta mi absolutoria por certeza el Tribunal el pasado 29 de mayo señaló:
Indican el Ministerio Público y los querellantes que con ocasión de esta estructura Uds. (se dirige a los indiciados) formaron un plan criminal liderado por don Miguel Angel Rodríguez del que no existe una sola prueba en el expediente, ni legal ni ilegal, de que esto fuera así para extraer y disponer de fondos públicos.”
Finalmente, gracias a los jueces la justicia triunfa contra el juzgamiento por los medios, contra los gritos de multitudes azuzadas por acusadores pidiendo condenas. Triunfa cuando el coraje de los jueces y su vocación en favor del debido proceso los lleva a aplicar las reglas, todas las reglas, las mismas reglas a todos.
A través de la historia miles y miles de casos son absueltos por tribunales de justicia que se sobreponen a las presiones de una vindicta popular apasionada, manipulada y siempre desinformada.
Pero este triunfo de la justicia depende de la independencia del Poder Judicial y de los jueces.
Sin esa independencia imperan la vindicta pública, el interés político y sucumbe el debido proceso.
Sin debido proceso se pierde el estado de derecho.
El Estado nace para proteger a las personas del abuso del poder de otras personas. La libertad, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas dependen de que otras personas no puedan imponer su voluntad a la fuerza, por su poder, a las demás.
El Estado que surge para protegerme del poder de los otros también debe ser restringido para que no abuse de su poder.
Por eso es indispensable la división de poderes, la asignación de competencias, la revisión judicial de las actividades administrativas y la existencia del Poder Judicial que asegure la solución pacífica, legal y por normas preestablecidas de los conflictos, y sancione las violaciones a las leyes y el abuso del poder de personas y de instituciones.
Con la persecución en mi contra, con este caso de lawfare o politización de la justicia no solo hemos sufrido mi familia, mis amigos y yo, también ha sufrido nuestro sistema de justicia.
Con las acciones del Ministerio Público y medios de comunicación se crea un juicio paralelo que desde el inicio condena. Pasan los años, y por carecer de sustento las acusaciones y publicaciones para condenarme ante la opinión pública y por acciones para atrasar los procesos, los casos no se resuelven. Y al final vienen absolutorias. El resultado es pérdida de confianza de las personas en el sistema.
La acción valiente y apegada al debido proceso de los jueces en los casos ICE Alcatel y de reaseguros a lo largo de estos muchos años que ha generado juicios justos, ha atenuado el perjuicio al prestigio de nuestra institucionalidad judicial por las violaciones al debido proceso que he sufrido.
En estos casos gracias al apoyo de la familia y de muchos he podido resistir los procesos, y contar permanentemente con una defensa dedicada a esclarecer los hechos. Muchísimas personas no cuentan con esos recursos. ¡Qué gran injusticia!
Es preciso que estos casos no se repitan. Es necesario acabar con la mora judicial.
Para ello urge soluciones concretas y específicas a los procedimientos penales, a la gestión de los despachos judiciales, a la utilización de los recursos del poder judicial.
En esta misma columna hace dos semanas propuse algunas soluciones concretas para fijar plazo a la investigación y a los juicios, fortalecer la audiencia preliminar, dejar el cobro de deudas a los notarios para tener más recursos para todas las jurisdicciones. ( )
Esta es una urgente tarea que requiere la acción de la Presidenta, sus ministros, diputadas y diputados y de la Corte Suprema de Justicia.