El abogado Alonso López señaló presunta inacción de la Municipalidad de Nicoya ante construcciones sin permisos, dudas sobre servicios básicos y clausuras que no se ejecutarían.
El abogado Alonso López Jiménez denunció presuntas contradicciones, omisiones e inacción administrativa de la Municipalidad de Nicoya en relación con el proyecto inmobiliario Condominio Mar Azul, ubicado en Nosara, Guanacaste.
Según la denuncia, algunas construcciones dentro del desarrollo continúan activas pese a que existirían órdenes de clausura emitidas por la propia municipalidad y cuestionamientos sobre permisos constructivos, abastecimiento eléctrico y fuentes de agua.
López, especialista en derecho público y representante legal de familias afectadas en el caso, presentó el 30 de abril de 2026 un “incidente de nulidad y recurso de revocatoria con apelación subsidiaria” ante la Municipalidad de Nicoya.
La gestión respondió a un oficio emitido el 16 de abril por la Dirección de Planificación Territorial y Servicios Ambientales de la Municipalidad de Nicoya, cuyo contenido, según el abogado, no reflejaría la realidad de lo que ocurre en el sitio.
“Durante meses se aportaron pruebas, videos y comunicaciones sin que existiera una respuesta efectiva. Hoy se da un paso más firme: se denuncia formalmente la obligación a la Administración a registrar, analizar y responder de manera debidamente fundamentada”, indicó López.
El caso apunta directamente al Departamento de Control Constructivo y Obra Pública (DCCOP) de la Municipalidad de Nicoya y a su coordinador, César Andrés Espinoza Díaz.
Según el oficio municipal MN-DPTSA-CCOP-OFI-051-01-2026, remitido el 26 de enero de 2026 a la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de Guanacaste, el DCCOP reconoció que el permiso municipal PC-714-2023 solo autorizaba obras generales de urbanización e infraestructura del condominio.
Ese informe, según la denuncia, también concluyó que no existían permisos individualizados para varias viviendas, que había edificaciones sin licencia municipal y que la municipalidad había realizado inspecciones y clausuras administrativas.
Sin embargo, López cuestionó que el mismo funcionario emitiera luego un oficio, fechado el 16 de abril de 2026, con una posición que, a su criterio, contradice los hallazgos previamente comunicados ante autoridades judiciales.
“Existe una diferencia grave entre lo que la Municipalidad reconoce ante la Fiscalía y lo que posteriormente comunica administrativamente”, cuestionó el abogado.
Los comunicados emitidos por el abogado señalan que, pese a esas actuaciones municipales, las obras continuarían desarrollándose. Entre la evidencia citada López Jiménez afirmó que hay construcciones activas, movimiento de maquinaria pesada, trabajos en transformadores y redes eléctricas, así como remoción de sellos de clausura colocados previamente por la Municipalidad.
Otro oficio, identificado como DPUD-26-2026 y fechado el 7 de abril de 2026, habría instruido al coordinador de Control Constructivo y Obra Pública a notificar al representante legal del proyecto sobre la orden de clausura y requerir acceso al inmueble para una inspección que no se había podido realizar.
Ese documento también habría solicitado coordinar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y con autoridades competentes en materia hídrica para verificar las condiciones reales de abastecimiento del proyecto.
La denuncia plantea dudas sobre el suministro eléctrico del condominio. Según las fuentes citadas en los comunicados, el ICE no habría recibido formalmente el proyecto, por lo que algunas viviendas construidas sin permiso se abastecerían de electricidad de forma irregular.
Los documentos también señalan que el servicio eléctrico del Condominio Mar Azul presuntamente provendría de un solo medidor que, según se alega, abastecería otros negocios y proyectos del desarrollador.
La situación del agua también figura entre los señalamientos. De acuerdo con los comunicados, el pozo utilizado para aprobar el proyecto no estaría en uso y no constaría en los expedientes municipales otra fuente aprobada por Acueductos y Alcantarillados (AyA) para abastecer el condominio.
El caso genera preocupación en Nosara, donde sectores de la comunidad enfrentan una moratoria de AyA para nuevas conexiones desde hace más de dos años, según los documentos aportados.
López también denunció atrasos en procedimientos administrativos relacionados con recursos y denuncias presentadas desde abril de 2026. Según el abogado, la Alcaldía Municipal habría ordenado al DCCOP verificar nuevas denuncias y rendir informes en un plazo de 24 horas, pero no existirían respuestas claras ni actuaciones concretas al 18 de mayo.
En escritos presentados el 15 y 18 de mayo, el abogado calificó la situación como una posible “inacción arbitraria” y advirtió que la aparente falta de intervención municipal habría permitido que las obras cuestionadas continuaran incluso después de clausuras administrativas.
La denuncia solicita, entre otras medidas, la nulidad del acto administrativo cuestionado, inspecciones efectivas, la clausura total de obras sin permisos, coordinación interinstitucional sobre agua y electricidad y la separación del funcionario denunciado del proceso.
López también pidió la intervención de la Auditoría Municipal, el ICE, AyA, Aresep, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública y el Poder Judicial para esclarecer las posibles irregularidades y determinar responsabilidades administrativas.