El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, presentó este martes una denuncia penal ante el Ministerio Público y otra gestión ante la Procuraduría de la Ética Pública contra la diputada oficialista Cindy Murillo Artavia, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por su participación en la discusión y votación del expediente 22.981, una ley relacionada con el uso turístico y sostenible del Lago Arenal.
Araya acusó a Murillo de haber incurrido en el presunto delito de legislación o administración en provecho propio, previsto en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, al votar a favor de una iniciativa que, según la denuncia, podría beneficiar de forma directa a propiedades vinculadas a ella y a sus padres en la zona del embalse Arenal.
El caso fue revelado en primicia por La Voz de Guanacaste, medio que publicó el 12 de junio una investigación sobre el vínculo de Murillo con un negocio turístico familiar en la zona. El mismo medio publicó este martes una segunda nota con la posición de la diputada, quien rechazó haber tenido un conflicto de interés.
La denuncia presentada por Araya sostiene que Jhasu de Arenal S.A., constituida en 2018 por Simón Antonio Murillo Marín y Xinia Artavia Conejo, padres de la legisladora, es dueña de la finca matrícula 5-237221-000, ubicada en el distrito Arenal de Tilarán. El escrito afirma que en ese inmueble se ubican el Hotel Bluebay Bugenvil Lake Lodge y el restaurante Tinajas Arenal Lakefront Lodge, administrados por los padres de Murillo.
El documento también señala que Murillo figura como tesorera de la junta directiva de esa sociedad y que, además, es dueña de la finca matrícula 5-134134-000, ubicada en la misma zona. Según la denuncia, una de las propiedades se encuentra a unos 42,05 metros del espejo de agua del embalse Arenal y la otra a unos 41,39 metros.
El expediente 22.981, denominado Ley de creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal y fomento de actividades asociadas al uso sostenible en su zona de amortiguamiento, fue aprobado en primer debate el 28 de mayo y en segundo debate el 2 de junio. Murillo votó a favor en ambas ocasiones, según las actas legislativas citadas por Araya.
La denuncia afirma que el proyecto tiene entre sus efectos la desafectación de la zona de protección del embalse Arenal y que esa modificación permitiría desarrollar actividades e infraestructura turística en áreas donde antes regían restricciones por la Ley Forestal.
“La desafectación del área de protección del embalse del Arenal, en los términos establecidos en el proyecto de ley de referencia, permitiría que tanto la denunciada como sus padres se beneficien directa y personalmente”, señala la denuncia.
Araya sostuvo que Murillo debió comunicar al Plenario Legislativo el eventual conflicto de interés y abstenerse de participar en la discusión y votación del proyecto. El diputado afirmó que la conducta atribuida a la legisladora compromete el deber de probidad.
Lamentablemente, ante un incumplimiento tan grave como este de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, no nos queda otra opción que presentar la denuncia”.
El frenteamplista añadió que el conflicto no se limita a un beneficio personal directo, sino que también alcanza a familiares y sociedades vinculadas a ellos.
La denuncia pide al Ministerio Público abrir la investigación correspondiente para determinar si Murillo cometió el delito de legislación o administración en provecho propio, cuya pena va de uno a ocho años de prisión.
Murillo rechazó los señalamientos en declaraciones al canal Trivisión, remitidas a La Voz de Guanacaste como respuesta a las consultas del medio. La diputada afirmó que no tiene participación accionaria en el negocio familiar.
Quiero aclarar que no soy socia, no soy propietaria tampoco del emprendimiento familiar. Lo único que soy es parte de la junta directiva como tesorera”.
La legisladora también defendió su voto a favor del proyecto y sostuvo que la ley busca saldar una deuda histórica con las comunidades de Arenal y Tronadora, desplazadas por la construcción del embalse. Según La Voz de Guanacaste, Murillo afirmó que volvería a votar el expediente.
“Mi familia no necesita de esta ley para beneficiarse porque sin esta ley tiene ya 12 años de existir. Es un negocio consolidado, es un negocio exitoso”.
La diputada también dijo que no impulsó el proyecto y que la iniciativa venía desde administraciones anteriores. La Voz de Guanacaste informó, sin embargo, que Murillo publicó un video el 4 de junio en el que agradeció a la presidenta Laura Fernández por haber atendido su solicitud de convocar el expediente a votación.
Diputados no pueden ser acusados penalmente por sus votos a proyectos de ley, según sentencia 4 vs. 3 de la Sala IV
En la resolución 7242-2004, del 30 de junio de 2004, la Sala Constitucional analizó una consulta legislativa sobre el entonces proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, incluida la norma que creó el delito de legislación o administración en provecho propio.
En esa ocasión, varios diputados consultaron si el artículo 48 resultaba constitucional por tres razones: la supuesta falta de claridad sobre si el beneficio debía ser mediato o inmediato, la posibilidad de castigar con una ley ordinaria a legisladores protegidos por la Constitución y el eventual absurdo de considerar coautores o cómplices a los 57 diputados si una ley se aprobaba por unanimidad.
La Sala descartó la primera duda y señaló que la norma exigía que el beneficio recayera “en forma directa”. Sin embargo, por mayoría, consideró inconstitucional la parte del artículo que pretendía sancionar penalmente a diputados por votar a favor de leyes, al estimar que esa hipótesis chocaba con el artículo 110 de la Constitución Política, según el cual las personas diputadas no responden por las opiniones que emiten en la Asamblea Legislativa.
“El voto es, bien mirado, una manifestación de opinión que se produce en las fases decisorias de los procedimientos legislativos”, indicó la mayoría de la Sala en esa resolución.
La decisión no fue unánime. Los magistrados Ana Virginia Calzada, Gilbert Armijo y Ernesto Jinesta salvaron el voto y sostuvieron que la norma sí podía aplicarse a diputados, pues, a su criterio, al aprobar una ley los legisladores no solo expresan una opinión, sino que concurren con su voluntad a la formación del acto legislativo.
Breves
— Con 52 votos a favor y 0 en contra se aprobó cancelar las sesiones de todos los órganos legislativos del jueves 23 de julio de 2026, y en su lugar el Plenario sesione de manera extraordinaria a partir de las 9:15 a.m. Asimismo, se realice una sesión extraordinaria y solemne en el Kiosko del Parque Recaredo Briceño de Nicoya, Guanacaste el viernes 24 de julio de 2026 a partir de las 9:45 a.m., en conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.
— Con 53 votos a favor y 0 en contra se aprobó realizar una sesión extraordinaria y solemne en la Casa de la Cultura, del cantón Central de Limón, el sábado 29 de agosto de 2026 a partir de las 10:00 a.m. en conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.
— Con 55 votos a favor y 0 en contra se aprobó retrotraer a primer debate el expediente 24.079 "Ley para promover la transición energética en el sector combustibles".
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Nombramientos acordó por mayoría recomendar al plenario la ratificación de Rudolf Lücke Bolaños y Max Alberto Soto Jiménez como miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.