La máquina de la verdad que el país necesita (o eso creemos)
El uso del polígrafo ha trascendido el ámbito de la anécdota para convertirse en una herramienta de peso en las decisiones de Estado en Costa Rica. La entonces candidata Laura Fernández se lo hizo —y nunca lo publicó—, quizás como un ensayo de lo que vendría. La reciente separación de siete jefes policiales por no superar una prueba de este tipo es la manifestación más clara de esta nueva realidad. La presidenta Fernández justificó la medida como parte de una estrategia para "limpiar" las fuerzas de seguridad, basada en preguntas directas sobre posibles vínculos con el narcotráfico y la recepción de beneficios ilícitos (resultados que, por supuesto, tampoco fueron publicados).
Este proceder, avalado por la Ley del Polígrafo impulsada por la administración anterior, representa un cambio de paradigma en la gestión del Estado. Si bien la ley establece el carácter voluntario de la prueba y la prohibición de preguntas sobre temas sensibles como la ideología política, la negativa a someterse a ella puede ser un obstáculo para el ascenso o la contratación. Hoy, sus resultados se utilizan como causal para la destitución inmediata de altos mandos de confianza. El Estado está delegando en un instrumento de medición psicofisiológica —contratado a un ente privado— la capacidad de determinar la idoneidad y lealtad de sus funcionarios de más alto rango en materia de seguridad.
La decisión, sin embargo, no está exenta de polémica. La comunidad científica y jurisprudencial ha cuestionado la fiabilidad del polígrafo, señalando que mide respuestas fisiológicas al estrés, no la verdad en sí misma. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado en el pasado calificando su uso obligatorio como inaceptable y contrario a la dignidad humana. Al convertir un resultado de polígrafo en el detonante para una investigación penal y la pérdida de un cargo de confianza, el gobierno corre el riesgo de sustituir procesos judiciales robustos por una prueba con un amplio margen de error, confundiendo la gestión de la seguridad pública con un acto de fe en la infalibilidad de una máquina.
Mientras tanto, Laura Fernández y su equipo juegan a ser aprendices de brujo. Usan la máquina, contratada a un ente privado, para decidir políticas de gobierno. Hoy es un polígrafo; mañana será un sistema operativo completo. Y ese es el verdadero peligro.
Gobierno de las máquinas: el sueño húmedo de los tecnofeudales
Hay una imagen que debería perseguirnos a todos: la de un agente de inmigración mirando un mapa digital lleno de puntos rojos. Cada punto es una persona. Cada persona tiene un nombre, un rostro, un puntaje de confianza que determina si será deportada. El agente no necesita conocerla. No necesita saber si tiene hijos, si lleva años trabajando o si huye de la violencia. Solo necesita que el algoritmo le diga: "Este es el objetivo. Este es el lugar. Esta es la eficiencia."
Así funciona ELITE (Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement), la aplicación que el gobierno de Trump ha desplegado para que el ICE cace migrantes como si fueran paquetes de Amazon. No es una metáfora. Es un proyecto de Estado. Y detrás de ese proyecto está Palantir, la empresa que Peter Thiel bautizó con el nombre de las "piedras videntes" de El Señor de los Anillos. Porque Thiel no quiere gobernar: quiere verlo todo. Con el dinero de los contratos federales —más de 322 millones de dólares solo en el primer semestre de 2025— ha construido ImmigrationOS, la plataforma que unifica el ciclo de vida migratorio: desde la identificación y el arresto hasta la generación de documentos legales y la deportación en vuelos chárter. "No solo recopila datos", explicó un funcionario de DHS, "estructura lo que los agentes hacen con ellos".
Este es el sueño tecnofeudal: el gobierno de las máquinas, donde los humanos son datos, los algoritmos son jueces, y la democracia es un obstáculo para la eficiencia. Thiel lo ha dicho sin ambages: "La libertad y la democracia ya no son compatibles". Elon Musk, su socio en esta cruzada, ha convertido el DOGE en un ariete contra la burocracia, reemplazando funcionarios con algoritmos que deciden quién merece quedarse y quién debe ser deportado. No es una reforma. Es un golpe epistemológico: la IA no asiste al Estado, lo reemplaza.
Hoy, ingenuamente, comenzamos con un polígrafo. Mañana, nos auspiciarán un sistema operativo para gobernar. La pendiente es resbaladiza y los dueños de la máquina ya están trazando el camino.
La derecha global y el sueño de gobernar con polígrafos e IA
Thiel ya vive en Argentina, y no llegó precisamente para tomar mate. El gobierno de Javier Milei —ese otro profeta del caos— le ha abierto las puertas de par en par: desregulación total de la Inteligencia Artificial, data centers, y un proyecto llamado "Gêmeo Digital Social" que simulará políticas públicas con algoritmos. ¿Suena a ciencia ficción? Es la realidad del tecnofeudalismo que viene.
Thiel ve en América Latina un laboratorio perfecto para su experimento. No es casualidad que haya comprado una mansión en Buenos Aires y que sus empresas, como Palantir, ya estén en conversaciones con Ecuador para instalar sistemas de vigilancia masiva en sus fronteras. Tampoco es casualidad que haya comprado “Próspera”, ese enclave de millonarios en Honduras que quiere ser la "primera ciudad startup del mundo", un territorio comprado sobre la soberanía de un país.
Pero esto no es solo tecnología. Es teología. Thiel, en sus conferencias "clandestinas" sobre el Anticristo, ha construido una narrativa donde la regulación es el pecado y la aceleración tecnológica es la salvación. Según su visión, quienes piden precaución —ambientalistas, reguladores, defensores de los derechos humanos, a quienes despectivamente llaman "comunistas"— son los "legionarios del Anticristo" que quieren imponer un "Estado mundial" que detenga el progreso. El discurso es tan antiguo como el poder mismo: fabricar un enemigo para justificar la dominación. Solo que ahora, el enemigo se combate con algoritmos.
¿Más eficiente? ¿Más justo? La trampa de la máquina
El problema, queridos lectores, es que en el caso del polígrafo o el algoritmo, la eficiencia no es justicia. Una prueba aplicada por un ente privado o un sistema operativo basado en IA no es neutral. Detrás de cada línea de código hay intereses, ideologías y dueños que no rinden cuentas al pueblo.
Como bien señala un informe del Congreso de Estados Unidos, cuando los algoritmos deciden quién es "fraudulento" o "ineficiente", el 93% de las veces se equivocan. Pero eso no importa, porque la velocidad y la automatización les permiten corregir "rápidamente" los errores. Claro, después de que hayan arruinado la vida de miles de personas. La máquina no pide disculpas. No reconoce su error. Solo procesa el siguiente caso con la misma frialdad con que procesó el anterior.
Costa Rica no está a salvo de esta lógica. La tentación de la máquina es cada vez más fuerte. Porque si los humanos fallan, ¿por qué no dejar que la IA decida o que el polígrafo limpie?
Círculo vicioso: del polígrafo que miente a la IA que no pregunta
Y aquí está la ironía final, la que debería hacerlos reír y llorar al mismo tiempo. El polígrafo, esa máquina que el gobierno usa para "descubrir" mentiras, es en sí mismo una mentira. La ciencia lo ha demostrado: mide nervios, no verdades. Puede condenar a un inocente y absolver a un culpable. Pero eso no importa, porque la máquina ha hablado. Y la máquina no se equivoca. O al menos, eso es lo que el gobierno quiere que creamos.
Ahora, imaginen el siguiente paso. Si el polígrafo —con todos sus errores— ya es usado para destituir jefes policiales, ¿qué impide que una IA decida quién merece un empleo, quién recibe un préstamo, quién es deportado, quién es vigilado? ¿Qué impide que un algoritmo decida, con la misma "infalibilidad", que usted es un enemigo del Estado porque sus publicaciones en redes sociales no coinciden con los parámetros de "lealtad" que la máquina ha definido?
El polígrafo es el ensayo general. La IA es la obra completa. Y en esa obra, usted no es el espectador: es el dato. No tiene derecho a réplica. No tiene derecho a apelación. Solo tiene un puntaje que la máquina ha calculado y que nadie puede explicar, porque la máquina no explica: ejecuta.
El gobierno de Laura Fernández, con su fe en el polígrafo, está abriendo la puerta que los tecnofeudales han estado esperando. Porque si una máquina puede decidir quién es honesto o no, otra máquina puede decidir quién vive, quién muere, quién se queda y quién se va. Esa es la pesadilla. Y no está en una película de ciencia ficción. Está en los contratos de Palantir con el ICE. Está en los discursos de Thiel. Está en los algoritmos de Musk.