La investigación revisó obras de agua potable y saneamiento en la Gran Área Metropolitana y encontró diferencias en registros, costos, cronogramas y ejecución de recursos.
La Defensoría de los Habitantes concluyó una investigación sobre la gestión de proyectos de inversión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en la que identificó inconsistencias entre registros institucionales, variaciones en costos, diferencias en cronogramas y desafíos en la ejecución de recursos asociados a obras estratégicas.
El estudio analizó información de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento ejecutados en la Gran Área Metropolitana (GAM) durante el período 2019-2024. Para ello, la Defensoría cotejó matrices institucionales del AyA, información de la Contraloría General de la República (CGR) y el portafolio institucional de inversiones denominado Listado de ejecución de inversiones 2014-2023.
Según informó la Defensoría, uno de los objetivos de la investigación fue examinar la consistencia y trazabilidad de la información utilizada para planificar y dar seguimiento a las inversiones en infraestructura de agua potable y saneamiento.
Entre los principales hallazgos, la institución señaló que el AyA no contó con un portafolio institucional consolidado de proyectos de inversión sino hasta 2024.
Antes de ese año, la información sobre inversiones se encontraba distribuida en distintas fuentes institucionales, lo que dificultaba contar con una visión integral sobre el estado de los proyectos, sus responsables, fuentes de financiamiento, cronogramas y niveles de avance.
Según la Defensoría, esa situación limitó la trazabilidad histórica de las inversiones y la reconstrucción de su evolución a lo largo del tiempo.
La investigación también identificó diferencias que no se limitan a ajustes menores en los registros. En algunos proyectos, las fechas consignadas en distintas fuentes institucionales presentan discrepancias de varios años y, en ciertos casos, cercanas a una década.
Esto dificulta determinar con precisión cuándo iniciaron las obras, cuándo debían concluir y cuál ha sido su evolución durante la ejecución.
Además, la Defensoría identificó variaciones relevantes en las estimaciones de costos de los proyectos analizados.
En términos prácticos, esto significa que una misma obra puede registrar montos distintos dependiendo de la fuente de información consultada, dificultando conocer con precisión cuánto se estimó invertir, cuánto costó realmente y cómo evolucionó financieramente durante su ejecución".
La Defensoría señaló que este aspecto es particularmente relevante porque las inversiones en infraestructura de agua potable y saneamiento pueden financiarse con recursos públicos, recursos propios de la institución, financiamiento externo y, eventualmente, tarifas pagadas por las personas usuarias.
Por ello, indicó que la trazabilidad de los costos es fundamental para fortalecer la planificación institucional, la rendición de cuentas y el seguimiento de las inversiones.
Recursos pendientes de ejecución
La investigación también revisó información financiera con corte al tercer trimestre de 2025 y determinó que una parte importante de los recursos comprometidos como contrapartida nacional para programas financiados con préstamos externos aún no se había ejecutado.
Al analizar las contrapartidas nacionales asociadas a varios programas financiados con recursos externos, se identificó que los montos vigentes alcanzaban $126,4 millones. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre de 2025 únicamente se habían ejecutado aproximadamente $32 millones, mientras que $94,4 millones permanecían pendientes de utilización".
En otras palabras, cerca de tres cuartas partes de los recursos comprometidos como aporte nacional para complementar esos préstamos externos todavía no se habían incorporado a la ejecución efectiva de los programas analizados.
La Defensoría también señaló diferencias entre el avance físico y el avance financiero de algunos programas financiados mediante crédito externo.
El programa BCIE 2129 registró la mayor brecha observada: un avance físico de 57,8% y un avance financiero de 36,9% al tercer trimestre de 2025, una diferencia de 20,9 puntos porcentuales.
Por su parte, el programa BCIE 2164 reportó un avance físico de 48,4% y uno financiero de 35,8%, para una diferencia de 12,6 puntos porcentuales.
La Defensoría indicó que estas brechas reflejan que el desarrollo físico de las obras y la utilización de los recursos no siempre avanzan al mismo ritmo, por lo que requieren seguimiento para asegurar una ejecución oportuna y consistente.
La institución concluyó que los proyectos de agua potable y saneamiento suelen desarrollarse durante períodos prolongados e involucran procesos técnicos, administrativos y financieros complejos.
En ese contexto, señaló que la ejecución oportuna de los recursos, el seguimiento de los cronogramas, la trazabilidad de los costos y el avance efectivo de las obras son aspectos determinantes para que las inversiones programadas se traduzcan en mejoras en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.