La institución atendió 29.247 intervenciones en 2025 y advirtió sobre listas de espera, infraestructura educativa deteriorada, debilidades en AyA y crisis en rutas de autobús.
La Defensoría de los Habitantes atendió 29.247 registros de intervención durante 2025, en medio de un aumento de solicitudes relacionadas con servicios públicos, salud, educación, seguridad social, ambiente, movilidad, gobiernos locales y protección de poblaciones en condición de vulnerabilidad.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, presentó este miércoles ante el plenario legislativo el Informe Anual de Labores 2025-2026, el último correspondiente a su gestión 2023-2027.
Las intervenciones institucionales crecieron un 5% frente a 2024 y un 9,29% respecto a 2023. Del total, 17.768 correspondieron a orientación y asesoría al habitante, mientras que más de 6800 derivaron de denuncias o intervenciones de oficio por posibles afectaciones de derechos.
El informe señala que la mayor cantidad de registros se concentró en asuntos del ámbito privado, con 6674 intervenciones, equivalentes al 22,8% del total. Le siguió el derecho a la salud, con 5812 registros, un 19,8%.
Las cinco instituciones públicas con más intervenciones de la Defensoría fueron el Ministerio de Justicia y Paz, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Educación Pública.
El Ministerio de Justicia encabezó la lista con 5563 registros, por situaciones relacionadas con salud en centros penitenciarios, reunificación familiar y denuncias sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes. La CCSS acumuló 4676 registros, principalmente por dilaciones en servicios de salud y afectaciones en pensiones.
La Defensoría también alertó sobre el aumento de denuncias por hostigamiento sexual reportadas por instituciones públicas. Los casos pasaron de 410 en 2024 a 590 en 2025. La institución indicó que ese crecimiento exige fortalecer la prevención, la sensibilización, el acompañamiento a denunciantes, la investigación y la sanción. El informe también señaló problemas en la aplicación de la ley especial contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, especialmente en el Ministerio de Educación Pública.
En educación, la Defensoría volvió a señalar la brecha entre el mandato constitucional del 8% del PIB y el presupuesto asignado al sector educativo. El informe advierte que la reducción presupuestaria afecta programas de equidad del MEP, como alimentación, transporte estudiantil, becas y ayudas técnicas.
La institución también reportó problemas severos en infraestructura educativa. Al inicio del curso lectivo 2026, el MEP registró 871 órdenes sanitarias, de las cuales 389 centros educativos aún no tenían asignado un proyecto de remodelación, diseño, ejecución u otra intervención concreta. Además, 101 centros estaban en condición crítica.
Las inspecciones de la Defensoría documentaron escuelas con órdenes sanitarias de más de una década, problemas eléctricos, incumplimientos de la Ley 7600, techos y pisos deteriorados, falta de internet, ausencia de mobiliario adecuado y riesgos para estudiantes y personal docente.
En salud, el informe calificó las listas de espera como un indicador crítico de deterioro en el sistema. Entre enero y setiembre de 2025, las personas en espera de consulta externa con especialista pasaron de 328.570 a 345.000, mientras el tiempo promedio subió de 470 a 573 días.
Las citas pendientes para procedimientos diagnósticos aumentaron de 722.613 a 792.981 casos, con un tiempo promedio de espera de 203 días. La lista quirúrgica también creció, al pasar de 188.288 a 200.844 pacientes, con esperas de entre 424 y 439 días.
La Defensoría vinculó parte de esta situación con la insuficiencia de especialistas médicos, la distribución desigual del recurso humano, la infraestructura deteriorada y los problemas de coordinación entre niveles de atención. El informe recordó que la implementación del salario global incidió en la renuncia de 225 especialistas en hospitales del país.
El informe también dedicó un apartado al agua potable, el ambiente y el saneamiento. La Defensoría registró denuncias ambientales relacionadas con botaderos ilegales, disposición inadecuada de residuos, contaminación sónica, actividades comerciales e industriales, contaminación atmosférica y problemas de acceso al agua.
Sobre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la institución advirtió debilidades en la gestión de su portafolio de inversiones, particularmente en la Gran Área Metropolitana. Según el informe, antes de 2024 el AyA no contaba con un portafolio institucional consolidado, y aun después de crear una matriz con 179 proyectos activos y 212 iniciativas en desarrollo persistían inconsistencias en fechas, costos, avances y soportes documentales.
La Defensoría también señaló que el AyA tenía una cartera de créditos vinculados a proyectos por aproximadamente 525,8 millones de dólares, pero al tercer trimestre de 2025 mantenía más de 305,6 millones pendientes de desembolso.
En materia ambiental, la institución abrió una investigación de oficio sobre el funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo. El informe identificó un circulante superior a 4300 expedientes activos, cargas de trabajo superiores a 500 expedientes por profesional, audiencias suspendidas y resoluciones pendientes.
El derecho a la movilidad también aparece como un área crítica. La Defensoría señaló el abandono de más de 100 rutas de autobús, principalmente en zonas rurales, y cuestionó la falta de acciones decisivas del Consejo de Transporte Público para fortalecer el servicio.
Según datos citados por la institución, de 599 rutas de autobús del país, solo 122 tenían concesión y refrendo para el periodo 2021-2028. Otras 329 operaban bajo permisos provisionales o provisionalísimos, y 148 estaban pendientes de refrendo.
En gobiernos locales, la Defensoría atendió 1189 solicitudes durante 2025. Las principales quejas estuvieron relacionadas con infraestructura, debido proceso administrativo, contaminación ambiental, limitaciones de acceso al agua potable, deficiencias en alcantarillado pluvial e irregularidades en cobros municipales. Las municipalidades con más denuncias fueron San José, Alajuela, Limón, Pérez Zeledón y San Carlos.
El informe también abordó poblaciones específicas, entre ellas niñez, adolescencia, juventudes, mujeres, personas migrantes y refugiadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, población afrodescendiente, personas privadas de libertad y personas en condición de calle.
En el caso de la niñez, la Defensoría reportó inspecciones en albergues del PANI con problemas de infraestructura, mantenimiento, accesibilidad, hacinamiento, instalaciones eléctricas riesgosas e incumplimientos de la Ley 7600.
En migración, la institución señaló deficiencias estructurales en la respuesta estatal ante los flujos migratorios inversos en la ruta Costa Rica-Panamá-Colombia, especialmente en Paso Canoas y el CATEM Sur, donde identificó falta de información accesible, débil presencia institucional y riesgos de trata, tráfico y violencia.
La Defensoría sostuvo que Costa Rica enfrenta una “encrucijada” ante posibles regresiones en derechos humanos y advirtió que su profundización o reversión dependerá de las políticas públicas e iniciativas legislativas que se adopten durante el periodo constitucional 2026-2030.
El informe también destacó avances internos de la institución. La Defensoría reportó una ejecución presupuestaria del 91% en 2025, el mejor desempeño del periodo 2019-2025, y afirmó que fortaleció oficinas regionales, modernizó sistemas tecnológicos, creó herramientas de inteligencia artificial para gestión de expedientes y avanzó en un modelo de mejora continua institucional.
La institución afirmó que opera en todo el país con 165 personas funcionarias, de las cuales 136 son profesionales, para atender a más de 5,4 millones de habitantes.