La periodista Maolis Castro explica, en relación con los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que el derrumbe de una gran cantidad de edificios no se debe solo a la magnitud de los sismos, sino a una combinación de factores: construcciones menos preparadas para absorber energía sísmica, fiscalización débil, suelos y ubicaciones más vulnerables, y un terremoto muy superficial y cercano a zonas pobladas. También contrasta el caso venezolano con el de Chile, donde décadas de terremotos llevaron a normas más estrictas, mejor diseño estructural y más control de construcción. La autora señala que en Chile se usan muros estructurales y sistemas pensados para resistir sismos fuertes, lo que reduce el colapso total de los edificios.
En el mismo artículo, Castro relata que “Rubén Boroschek, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, advierte que cualquier comparación entre terremotos debe considerar diferencias relevantes, como el tipo de sismo y la proximidad de las zonas pobladas al epicentro. Aun así, sostiene que la principal ventaja chilena tiene raíces históricas: la adopción temprana, entre 1906 y 1910, de sistemas constructivos diseñados para resistir terremotos”.
Las anteriores consideraciones nos llevan a dirigir la mirada a Costa Rica y a preguntarnos cuál ha sido nuestro recorrido histórico en materia de sismorresistencia. A este respecto, reproduzco en el siguiente apartado un esbozo histórico que publiqué en la coyuntura del terremoto de Sámara, en 2012 en el Eco Católico el 6 de setiembre de 2012.
Un poco de historia
El 4 de mayo de 1910 un terremoto de magnitud 6,4 (Ms) azotó la entonces capital de Costa Rica, Cartago. Esta ciudad ya había experimentado tres severos terremotos, en 1715, 1822 y 1841. El de 1910 provocó casi mil víctimas entre fallecidos y desaparecidos, así como la destrucción casi total de la ciudad, cuyas edificaciones mayoritariamente eran de adobe y bahareque. El terremoto, llamado de Santa Mónica, causó destrozos en otras comunidades; así, en San José quedaron destruidas 115 casas y dañadas severamente 23.
Cuatro días después de este evento concluyó el período de gobierno de Cleto González Víquez, historiador que había estudiado los terremotos y otros desastres ocurridos desde 1608 en el país. En su estudio, que cerró posteriormente con el caso del terremoto de 1910, afirmó:
El terremoto del 4 de mayo de 1910 ha venido a poner de manifiesto que edificios de paredes de tierra (adobe), y aún de calicanto no ofrecen ninguna seguridad ni firmeza, por más que se observaran las correspondientes reglas, y que debido al error de permitirlos, juzgando seguro ese método, han venido a encontrarse familias enteras repentinamente sepultadas bajo sus ruinas”.
Don Cleto fue nombrado miembro de la comisión para la reconstrucción de la ciudad. No se puede dudar que debido a su influjo la Municipalidad de Cartago emitió el Reglamento de Construcciones Urbanas, que fue aprobado por el nuevo presidente de la República, Ricardo Jiménez, el 12 de setiembre de ese año. En su artículo 14, dicho reglamento prohibía las construcciones con adobe, calicanto o piedra.
La prohibición de construcciones basadas en los materiales mencionados estuvo restringida a los cantones de Cartago y, posteriormente, de Limón por mucho tiempo. Debió esperar hasta el Código Sísmico de 1974 para trascender al ámbito de la regulación nacional y extenderse al bahareque. No obstante, podemos decir que produjo un cambio más seguro que el de la mera normativa jurídica: el cultural. El actual Código Sísmico de Costa Rica establece que “se prohíbe el uso estructural de materiales y sistemas constructivos como el adobe, el tapial, el bahareque relleno y la mampostería sin refuerzo en los sistemas sismorresistentes de todas las edificaciones y obras afines a ser construidas en el territorio de la República de Costa Rica”.
El hoy de Costa Rica
El Código Sísmico de Costa Rica vigente es el de la edición 2010. Se trata de una normativa robusta con antecedentes cronológicos similares a los de Chile. La regulación antisísmica es parte importante de la gestión del riesgo de desastres por sismos. El riesgo resulta de la exposición a una amenaza (por ejemplo, fallas geológicas) y la vulnerabilidad frente a esta (por ejemplo, construcciones en terrenos inapropiados y falta de apego a las regulaciones constructivas). De ahí que el riesgo de un desastre depende de cómo se administren los factores que lo componen.
Pocos días antes de los terremotos de Venezuela el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) daba a conocer los resultados de su Informe de construcciones sin permiso municipal 2025 . Uno de los hallazgos más alarmantes es el de que “el 20% de las obras inspeccionadas en el país durante el último año no contaban con la licencia o permiso municipal requerida para su proceso constructivo; lo que equivale a un área de 159.003 m² sin permiso, de un total de 2.638.248 m² revisados”. Fueron inspeccionadas 5.934 obras (habitacionales, comerciales, complementarias, industriales y otras), de las cuales 1.216 carecían de permisos municipales. A estas obras hay que sumar las reportadas en años anteriores. Estos datos nos muestran que no es suficiente contar con una regulación orientada a la sismorresistencia para disminuir el riesgo de desastres por terremotos. Es necesario que se cumpla con la normativa.
¿Qué hacer?
El CFIA propone estas acciones:
- Continuar con la concientización ciudadana acerca de la importancia de que las obras sean supervisadas por profesionales de ingenierías y de arquitectura, para su propia seguridad.
- Potenciar la relación CFIA – IFAM para el desarrollo de estrategias conjuntas que permitan disminuir las situaciones de incumplimiento del permiso municipal, a través de capacitaciones técnicas y asesoría.
- Fortalecer programas de capacitación específicos, con cada municipalidad para unificar criterios sobre la legislación vigente (con responsables técnicos y administrativos de las municipalidades).
- Realizar un análisis en conjunto con las municipalidades respecto a las obras menores, para que apliquen lo que corresponda en cada uno de los casos.
Caben, seguramente, otras medidas, pero no es poco llevar a efecto las propuestas por el CFIA. Por nuestra parte añadimos que la aplicación y mejora de la normativa en materia constructiva de las municipalidades deben estar integradas a las políticas municipales de gestión del riesgo, ya sea que cuenten con ellas o estén en proceso de elaboración.