Costa Rica discute el matrimonio igualitario como un logro. Pero debería estar discutiendo qué pasa cuando esa generación envejece. El avance jurídico es real. Sin embargo, reducir la igualdad a una fecha —2020, el día en que entró en vigor el matrimonio entre personas del mismo sexo— es un error de perspectiva. El derecho conquistado en la juventud no se ejerce solo en la juventud. Se ejerce a lo largo de toda la vida. Y hoy, en Costa Rica, hay un punto del curso de vida donde ese derecho deja de llegar: la vejez.
Pensemos en una escena concreta. Una persona mayor ingresa a un hogar de larga estancia. Vivió la persecución de los años setenta y ochenta. Militó, marchó, resistió. Construyó, con su biografía, los derechos que el país celebra hoy. Y al cruzar la puerta de ese hogar, vuelve al clóset. Esconde a su pareja de toda la vida. Deja de hablar de su historia. Se vuelve invisible para sobrevivir.
No es una hipótesis. Es la consecuencia previsible de un sistema que nunca la consideró.
Conviene nombrar el fenómeno con precisión, porque no es un problema, sino dos que se multiplican. Por un lado, el edadismo: la discriminación por edad que invisibiliza a las personas mayores y restringe sus derechos. Por otro lado, la heteronormatividad: el supuesto de que toda persona es, y debe ser, heterosexual. Cuando ambos se cruzan, no se suman. Se potencian. La persona mayor LGBTQ+ enfrenta una discriminación que ninguna de las dos categorías, por separado, alcanza a describir. Es una vejez doblemente expuesta.
El problema empieza donde empieza toda política pública: en los datos. Los censos y las encuestas oficiales no preguntan por orientación sexual ni por identidad de género en la vejez. Esta población, sencillamente, no existe para la estadística nacional. Y lo que no se mide, no se planifica. La invisibilización no es un accidente. Es estructural. Comienza en la ausencia de datos, continúa en planes y protocolos que omiten el tema, y termina en el borramiento simbólico dentro del discurso público.
A esa invisibilidad se suma un punto ciego operativo. Los centros diurnos y los hogares de larga estancia funcionan bajo un supuesto heteronormativo por defecto: se asume que toda persona mayor es heterosexual. El resultado es predecible. Se niegan vínculos afectivos. Se impone una convivencia que obliga a ocultar la identidad. El miedo se convierte en estrategia de supervivencia. Es importante decirlo sin eufemismos: obligar a una persona a ocultarse para recibir cuidado es una forma de violencia psicológica.
Existe, además, un factor que agrava el aislamiento. Muchas de estas personas no tienen hijos ni familia de origen cercana; sus vínculos se rompieron décadas atrás, cuando salir del clóset costaba la relación con los padres, los hermanos, el pueblo. La soledad no deseada —asociada internacionalmente con mayor deterioro cognitivo y mortalidad— golpea aquí con particular dureza. Envejecer sin red no es un detalle biográfico. Es un factor de riesgo.
Aquí conviene recordar algo que el país parece haber olvidado. Costa Rica no solo firmó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Fue el país cuyo depósito la puso en vigencia, en diciembre de 2016. Es derecho vigente y vinculante. Y esa Convención nombra expresamente, en su artículo 5, a las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género como sujetos de discriminación múltiple que requieren enfoques específicos. Su artículo 9 garantiza el trato digno sin distinción por orientación sexual o identidad de género, en el ámbito público y en el privado. Y obliga al Estado a recopilar información estadística que permita formular políticas. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre la invisibilización de la orientación sexual y la identidad de género en la vejez, y sobre la carencia de programas que atiendan sus necesidades de cuidado.
El marco existe. La obligación está firmada. Lo que falta es el cumplimiento.
Y es precisamente ahí donde el contexto reciente agrava el panorama. En los últimos dos años, el país desmanteló las vías institucionales por donde este tema apenas comenzaba a asomar. Se derogó el decreto que fijaba lineamientos contra la discriminación hacia la población LGBTQ+ en el Poder Ejecutivo. Desapareció la figura del comisionado de inclusión social. Costa Rica se retiró del Core Group LGBTIQ de la OEA en abril de 2026, el mismo organismo cuya convención sobre personas mayores ayudó a poner en vigor. El Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 registró un aumento del 344% en los ataques digitales contra esta población, el mayor de todas las categorías medidas, después de haber caído un 68% el año anterior.
El retroceso no eliminó derechos de vejez LGBTQ+. No hacía falta: casi no existían de forma específica. Lo que hizo fue cerrar las ventanas por donde el tema iba a entrar. Esa es la diferencia. No perdimos lo que teníamos. Se nos cerró el camino hacia lo que nos faltaba. Por eso la respuesta no puede ser solo defender. Tiene que ser construido.
Frente a esto, la respuesta no puede limitarse a esperar al Estado. Hay acciones que la sociedad civil puede emprender hoy, sin permiso y sin decreto.
La primera es generar los datos que el Estado no produce. Las organizaciones, aliadas con universidades como la UCR o la UNA, pueden levantar un registro propio de casos de discriminación en servicios de cuidado y convertir testimonios en evidencia citable. Si el censo no pregunta, preguntemos nosotros. La segunda es el acompañamiento legal preventivo: orientar a las personas mayores LGBTQ+ sobre testamentos, directrices anticipadas de salud, poderes y reconocimiento de la pareja para decisiones médicas. Esto protege a personas concretas hoy, aunque el entorno institucional sea hostil. La tercera es atacar el punto más doloroso: formar a quienes cuidan. Un módulo de cuidado inclusivo para el personal de hogares y centros diurnos, partiendo de los centros dispuestos, crea modelos replicables de "hogar amigable" sin esperar a que una reforma lo imponga. La cuarta es tejer redes donde la familia falta: grupos de pares y sistemas de "familia elegida" que acompañen en citas médicas, trámites y emergencias.
Al Estado, en paralelo, se le puede exigir lo que ya se comprometió a hacer: un protocolo de atención inclusiva en CONAPAM y la CCSS, la restitución de una instancia articuladora de inclusión, y la incorporación de preguntas sobre orientación sexual e identidad de género en las encuestas oficiales, con los debidos resguardos de confidencialidad. No es pedir un favor. Es recordar una obligación firmada.
El envejecimiento de Costa Rica es resultado del éxito social del país. La conquista de derechos LGBTQ+ también lo es. La pregunta no es si reconocemos esos logros. La pregunta es si vamos a permitir que se anulen mutuamente en el último tramo de la vida, cuando una persona que ayudó a cambiar el país tenga que esconderse para que la cuiden.
Esta población no necesita que la descubramos. Necesita que la acompañemos. Y cuidar su vejez con dignidad no es una concesión: es devolverle, apenas, lo que hizo posible.