"Lo que escuchamos es lo que se escucha aquí todos los días". La presidenta Laura Fernández lo dijo minutos después de ser evacuada de Crucitas, mientras una explosión interrumpía su discurso sobre la minería ilegal. Lo dijo para quitarle peso al susto. Es, sin proponérselo, la frase más honesta sobre ese territorio en mucho tiempo: el peligro se ha vuelto parte del paisaje.
Y ninguna institución tiene mandato para atenderlo por completo.
No por falta de datos. Está documentado que miles de personas extraen oro ilegalmente con mercurio y cianuro, que los acuíferos están contaminados, que el Ministerio de Salud advirtió a unas 250 familias que no beban su propia agua. El gobierno gasta 1,3 millones de dólares mensuales en seguridad y admite que no alcanza. La Asamblea Legislativa acumula más de 650 mociones de obstrucción desde noviembre de 2024.
Lo que falta es una sola cosa: que alguien llame esto por lo que es. Crucitas es una crisis de salud. No como metáfora. Como hecho.
El problema no es la coordinación. Es la definición.
El Ministerio de Salud puede advertir sobre el mercurio, pero no actuar frente a la minería que lo vierte. El AyA tiene competencia sobre el agua, no sobre quien la destruye. El Minae cuida el ecosistema, no la salud de quienes viven en él. La CONAI debería proteger a los pueblos indígenas, pero carece de un poder ejecutivo efectivo. Cada institución tiene una pieza. Nadie tiene el cuadro completo.
El trasfondo es un problema conceptual: ¿qué entiende el Estado por salud?
La definición que manejan estas instituciones, implícita y sin cuestionarla, es la más antigua y la más cómoda: la salud es la ausencia de síntomas clínicamente documentados. Con esa métrica, Crucitas no tiene problema de salud mientras los hospitales no estén llenos de intoxicados. Ese momento puede tardar años más. El daño lleva rato ocurriendo, callado, sin expediente.
Y esa definición, hay que decirlo, le conviene a quien quiere seguir explotando el territorio.
Lo que los médicos sabían antes que los ministerios
El médico y filósofo Georges Canguilhem lo escribió en 1943: la salud es una capacidad, no un estado. La capacidad del cuerpo para responder a lo que le ocurre, adaptarse y generar nuevas respuestas. Esa capacidad depende tanto del entorno como del propio cuerpo. Cuando el acuífero se contamina con mercurio, no solo se pierde agua potable; se pierde la condición que hace posible la salud. Tenemos muy claro que esto no es asunto para encogerse de hombros y aseverar que no pareciera haber "implicaciones sanitarias". Sí, las hay. Para quien todavía lo dude, permítame decirlo en voz alta: el daño es sanitario desde el primer día, aunque todavía no haya un expediente clínico que lo registre ni una lista de espera para los afectados.
En 2021, la OMS, la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente llegaron a la misma conclusión con el programa One Health: la salud de las personas, los animales y los ecosistemas está estrechamente vinculada; el malestar de unos afecta a los demás. Eso no es una metáfora: es política sanitaria. Costa Rica lo firmó aceptando la propuesta de salud integral, pero en casa el Estado camina con vendas en los ojos.
Lo que hace falta
No hace falta un ministerio más diligente. Hace falta romper la lógica de silos: una respuesta interinstitucional con autoridad ejecutiva real sobre el territorio, que incluya salud, ambiente, agua, pueblos indígenas, la academia y la sociedad civil. Un equipo que trate la restauración ecológica con la urgencia de un brote epidémico, porque eso es lo que es.
Las 250 familias que no pueden beber su propia agua no pueden esperar a que el debate legislativo madure.
Los pueblos indígenas de la zona, cuya relación con ese territorio forma parte de lo que son, tampoco pueden seguir siendo convocados a mesas en las que no tienen poder de decisión real.
Que 650 mociones puedan mantener paralizada la Asamblea durante más de un año y medio no es un detallillo en los procedimientos parlamentarios. Es la crisis misma, con nombre y apellido.
Escuchar no alcanza
La presidenta dijo que lo que oyeron en Crucitas es lo que se escucha todos los días. Tiene razón. El problema es que lo dijo sin asombro.
Crucitas es una crisis de salud. La salud de esas comunidades y la del ecosistema que habitan son una sola cosa, y llevan años siéndolo mientras las instituciones debaten a cuál de ellas le corresponde el problema. A ninguna, tal como están diseñadas. Y eso también es una decisión.