Cuando se habla de Crucitas, muchos todavía imaginan una mina abandonada, un hueco en la montaña o una finca perdida en la frontera norte. Ese es el primer error.
Crucitas no es solo una mina. Crucitas es territorio, ambiente, frontera, seguridad nacional y abandono del Estado.
Si uno analiza la zona de influencia ambiental y de seguridad alrededor de Crucitas, Boca San Carlos, Cutris, Pocosol, Conchudita, Conchudo, La Conchuda, Botija, La Fortuna, Infiernito, Llano Verde y los caños que conectan ese corredor, podríamos estar hablando de unas 60.000 hectáreas. Es decir, cerca de 600 kilómetros cuadrados.
Para ponerlo en sencillo: no estamos hablando de cerrar una finca con un candado. Estamos hablando de una extensión comparable a sumar muchos cantones y ciudades de la Gran Área Metropolitana, como Tibás, Flores, San Pablo, Belén, Montes de Oca, Curridabat, Moravia, Goicoechea, Escazú, Santa Ana, Barva, San Rafael y otros más.
Pero con una diferencia enorme: allá no hay bulevares, semáforos ni patrullas a la vuelta de la esquina. Hay montaña, ríos, caños, trochas, fincas, comunidades dispersas y una frontera viva.
Ahí empieza el verdadero problema.
Si esa zona fuera cuadrada y ordenada, su perímetro podría rondar los 100 kilómetros. Pero Crucitas no es un cuadrado. Es una zona irregular, quebrada y fronteriza. En la práctica, controlar ese territorio podría significar vigilar 150, 200 o hasta 250 kilómetros entre caminos, entradas, caños, montañas, pasos clandestinos y riberas.
Entonces la pregunta es sencilla: ¿cómo se controla eso con unas cuantas patrullas?
La respuesta también es sencilla: no se controla.
Y el problema se vuelve más complejo por el Río San Juan. Al norte, Costa Rica no tiene una frontera fácil de vigilar. Tiene un río de soberanía nicaragüense, donde la policía costarricense no puede operar como si estuviera dentro de territorio nacional.
Mientras por tierra se intenta cerrar una trocha, por agua pueden moverse personas, herramientas, combustible, mercurio, alimentos y eventualmente oro.
Esa es una de las grandes debilidades estratégicas del caso Crucitas. Costa Rica debe cuidar tierra, montaña, comunidades, caminos rurales y caños; pero también enfrenta una frontera fluvial donde su margen de acción es limitado.
Por eso Crucitas no se resuelve poniendo una patrulla en una entrada.
Además, la distancia importa. Desde Boca San Carlos hasta el extremo más largo del corredor de influencia podríamos estar hablando de una franja de 50 a 70 kilómetros. Esa distancia equivale, aproximadamente, a salir de San José por la Ruta 27 y llegar cerca de Caldera.
La diferencia es que en Crucitas no hay autopista, peajes ni vigilancia ordenada. Hay ríos, caños, montaña, trochas, frontera y pasos difíciles de controlar.
Por eso, cuando alguien dice que el problema se arregla con más policías, hay que preguntarle: ¿más policías dónde? ¿en cuál entrada? ¿en cuál caño? ¿en cuál trocha? ¿en cuál cerro? ¿en cuál comunidad? ¿en cuál margen del río?
El problema de Crucitas no es solo minero. Es ambiental, porque hay riesgo de contaminación por mercurio, sedimentos y destrucción de suelos. Es social, porque hay comunidades presionadas por la minería ilegal y por la falta de oportunidades. Es económico, porque el oro se sigue yendo sin que el país reciba un beneficio real. Y es de seguridad, porque el Estado no puede permitir que una franja fronteriza completa quede bajo control de redes informales, intermediarios o grupos que actúan fuera de la ley.
Costa Rica debe dejar de ver Crucitas como un expediente viejo. Debe verla como una zona estratégica.
Se necesita presencia permanente del Estado, inteligencia policial, control ambiental, vigilancia fronteriza, intervención social, formalización económica y una decisión clara sobre qué hacer con ese recurso.
Porque si el Estado no entra con orden, otros seguirán entrando con desorden. Crucitas no es un hueco. Crucitas no es una finca. Crucitas no es un problema aislado.
Crucitas es una franja territorial de hasta 60.000 hectáreas donde Costa Rica debe recuperar control ambiental, minero, social y de seguridad nacional.
Mientras sigamos tratando el tema como si fuera una simple mina abandonada, vamos a seguir perdiendo oro, perdiendo ambiente y perdiendo soberanía territorial.