Costa Rica está pagando un precio cada vez más alto por no resolver el problema de Crucitas. No hablo únicamente de dinero. Hablo de vidas perdidas, policías que dejan de proteger otras comunidades, hectáreas devastadas, corrupción, crimen organizado y millones de dólares en oro que salen del país sin generar un solo beneficio para los costarricenses.
Mientras el país sigue postergando una decisión, alguien se enriquece con la minería ilegal y el Estado pierde un poco más el control del territorio. El oro sale clandestinamente todos los días, mientras Costa Rica destina cada vez más recursos a operativos, investigaciones y vigilancia sin lograr detener un problema que no deja de crecer.
Las cifras hablan por sí solas. La minería ilegal ya afecta más de 3.000 hectáreas y, según estimaciones oficiales, en el área de influencia operan más de 10.000 personas vinculadas a esta actividad, en su mayoría de origen nicaragüense. Frente a esa realidad, el Estado mantiene cerca de 200 oficiales de la Fuerza Pública, es decir, aproximadamente un policía por cada 50 personas. Dependiendo del esquema de turnos, cada oficial tendría que vigilar entre 15 y 45 hectáreas, una tarea que hace prácticamente imposible ejercer un control real y permanente del territorio.
Y esa realidad también tiene un precio que todos pagamos. Según informó la Presidencia de la República, la operación permanente en Crucitas representa una inversión cercana a $1,3 millones mensuales, más de $15,6 millones al año, destinados únicamente a contener la minería ilegal.
Pero el costo humano es aún más doloroso. La minería ilegal ya ha cobrado vidas. La prensa ha documentado al menos tres homicidios relacionados con esta actividad, dos fallecidos por derrumbes en excavaciones clandestinas y al menos una muerte asociada a la manipulación de sustancias químicas utilizadas en el procesamiento del oro. A ello se suman personas heridas, desaparecidas y numerosos accidentes que probablemente nunca llegarán a formar parte de una estadística oficial.
Si alguien duda de la dimensión del problema, basta con revisar otro dato. En los últimos años se han realizado más de 6.000 aprehensiones de coligalleros. Sin embargo, el problema persiste porque muchas de esas personas regresan a la zona pocos días después. Las detenciones, por sí solas, no han logrado recuperar el control del territorio ni desarticular las estructuras criminales que financian y organizan la extracción ilegal.
La presión del crimen organizado también ha alcanzado a las instituciones. Tres oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos e investigados por un presunto robo de dinero a coligalleros durante un operativo, otro oficial fue suspendido por presuntamente colaborar con organizaciones dedicadas a la minería ilegal y mandos policiales fueron removidos de puestos de confianza tras no superar las pruebas de polígrafo. Cuando quienes deben proteger al país terminan bajo sospecha, el problema deja de ser únicamente policial y se convierte en un desafío para toda la institucionalidad.
Después de analizar estos indicadores, la discusión sobre Crucitas deja de ser únicamente un debate sobre minería.
Estamos frente a un problema de soberanía, seguridad nacional y control efectivo del territorio. La solución no depende exclusivamente de una mayor presencia policial, aunque esta sea indispensable. Requiere una estrategia integral de seguridad nacional basada en inteligencia, persecución patrimonial de las organizaciones criminales, control permanente del territorio, coordinación entre las instituciones del Estado y acciones sociales que reduzcan la capacidad de reclutamiento y operación de estas estructuras.
Un actor que no puede quedar fuera de esta estrategia son los propietarios de los terrenos donde se desarrolla parte de la actividad minera ilegal. La Fiscalía ha notificado a varios de ellos resoluciones en las que les advierte que facilitar el uso de sus propiedades para la extracción ilegal de oro podría generar responsabilidades penales. A pesar de ello, persisten denuncias de que algunos propietarios estarían cobrando por permitir el acceso o la utilización de sus terrenos por parte de organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita. Si esos hechos se comprueban, deberán aplicarse las sanciones que establece la ley.
Desde mi punto de vista, esta es una de las mayores amenazas a la soberanía costarricense de las últimas décadas. Ningún país puede aceptar que una parte de su territorio permanezca bajo la influencia de estructuras criminales que desafían la autoridad del Estado.
La verdadera decisión que Costa Rica debe tomar ya no es únicamente qué hacer con el oro de Crucitas. La verdadera decisión es si continuará destinando millones de dólares cada año para contener un problema que no deja de crecer o si, por el contrario, adoptará una estrategia integral que permita recuperar plenamente el control del territorio, proteger la soberanía nacional, combatir al crimen organizado y transformar una riqueza que hoy alimenta la ilegalidad en una oportunidad para el desarrollo del país.
Porque el mayor costo de Crucitas no está en el oro que se extrae ilegalmente. Está en el territorio que el Estado deja de controlar, en los recursos públicos que se consumen tratando de contener el problema y en el mensaje que recibe el crimen organizado cuando percibe que puede desafiar a Costa Rica sin consecuencias definitivas.