El Consejo de Promoción de la Competitividad presentó propuestas sobre contribuciones patronales, financiamiento social y demanda energética durante su primer summit nacional.
El Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) presentó este lunes dos planteamientos técnicos orientados a mejorar la competitividad del país: una propuesta para reducir el costo asociado al empleo formal y una revisión de la planificación eléctrica nacional ante posibles aumentos en la demanda de energía.
Las propuestas fueron expuestas durante el I Summit Nacional de Competitividad, que reunió a representantes de los sectores público, empresarial, académico y de organismos internacionales.
Según el CPC, ambos temas inciden directamente en la capacidad del país para atraer inversión, generar empleo de calidad, aumentar la productividad y sostener el crecimiento económico.
Reducir el costo del empleo formal
En materia laboral, el CPC presentó un análisis sobre alternativas para modernizar el financiamiento de la protección social y reducir el costo asociado a la contratación formal.
La organización señaló que las contribuciones patronales equivalen actualmente al 26,83% del salario bruto, porcentaje que, según su análisis, incide en el costo de contratación formal y forma parte de los factores que las empresas consideran al invertir, expandirse o generar nuevos empleos.
El planteamiento propone revisar específicamente 7,25 puntos porcentuales de esas contribuciones, correspondientes a aportes destinados a financiar programas e instituciones parafiscales como el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Según el CPC, esos aportes no están relacionados directamente con el financiamiento de la seguridad social ni con la relación laboral, por lo que deberían ser analizados desde una perspectiva de competitividad, crecimiento económico y atracción de inversión.
El análisis plantea cuatro escenarios ilustrativos de reforma:
- Reducción universal inmediata: reducir los 7,25 puntos porcentuales a todas las empresas desde el primer año de implementación.
- Reducción universal gradual: reducir los 7,25 puntos porcentuales a todas las empresas de forma gradual durante cinco años.
- Reducción progresiva inmediata: aplicar la reducción completa a micro y pequeñas empresas, y reducciones menores a empresas medianas y grandes.
- Reducción progresiva gradual: aplicar una reducción mayor a empresas pequeñas de forma gradual durante cinco años.
El CPC indicó que la propuesta también analiza opciones para compensar fiscalmente una eventual reducción de esas cargas, con el objetivo de no desfinanciar los programas sociales.
El coordinador del grupo de trabajo sobre contribuciones patronales del CPC, Rodrigo Cubero Brealey, señaló que reducir el costo de la formalización podría ampliar el acceso al empleo protegido:
El costo de formalizar un empleo decide cuántas personas quedan dentro o fuera de la protección social. Reducir ese costo no representa un beneficio para las empresas, sino la vía más directa para que más personas —sobre todo mujeres y jóvenes— accedan a un empleo formal, protegido y de calidad, sin debilitar el financiamiento de los programas sociales”.
Revisión de la planificación eléctrica
El CPC también presentó un análisis sobre la necesidad de revisar y fortalecer la planificación del sistema eléctrico nacional, así como las reglas de ingreso y operación del sector.
Según la organización, el país debe anticipar una posible demanda eléctrica mayor a la prevista actualmente, asociada a factores como crecimiento económico, inteligencia artificial, centros de datos, nuevas tecnologías y electrificación vehicular.
El CPC tomó como referencia el Plan de Expansión de la Generación (PEG) 2024-2040 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que proyecta un crecimiento promedio de la demanda eléctrica cercano al 2% anual y de 2,5% en un escenario de alta demanda.
A partir de distintos escenarios, el análisis del CPC estima que la demanda eléctrica podría crecer alrededor de 2,8% anual en un escenario base y superar el 3,5% en escenarios asociados a transformaciones productivas y tecnológicas.
El documento también incluye escenarios de crecimiento de 3,5% para centros de datos, 4,4% en un escenario base con dos puntos porcentuales adicionales, y hasta 5,2% en un escenario base con tres puntos porcentuales adicionales.
El coordinador del grupo de trabajo de energía del CPC, Juan María González, afirmó que proyectar la demanda eléctrica implica definir una visión de desarrollo para el país:
Proyectar la demanda eléctrica es también proyectar una visión país. Debemos preguntarnos si estamos planificando para una economía que crecerá al ritmo actual o para una economía más dinámica, innovadora y capaz de atraer nuevas inversiones y actividades productivas intensivas en tecnología”.
Según el CPC, la planificación oficial debe actualizar tanto la proyección de demanda como las reglas sobre quién puede generar y vender electricidad, y bajo qué condiciones, para movilizar inversión y sumar la capacidad que el país podría necesitar en el futuro.
Competitividad y reformas estructurales
El presidente del CPC, Carlos González Carvajal, señaló que la disponibilidad de energía, el talento y la calidad de la infraestructura son factores que inciden en la capacidad del país para atraer inversión y aumentar la productividad.
Costa Rica enfrenta el desafío de tomar decisiones estratégicas que definirán su competitividad en las próximas décadas. La disponibilidad de energía, de talento y la calidad de la infraestructura son factores que inciden directamente en nuestra capacidad para atraer inversión, generar empleo de calidad y aumentar la productividad”.
El CPC indicó que los planteamientos presentados durante el summit no constituyen una solución única, sino insumos técnicos para enriquecer la discusión nacional sobre desafíos estructurales de competitividad.
El I Summit Nacional de Competitividad se realizó con apoyo de AFZ, CMI-Corporación Multi Inversiones, The Coca Cola Company, BAC, Grupo Mutual y Pignataro Abogados.