Los recursos provienen de la Coalición LEAF y se destinarán a territorios indígenas, fincas privadas, monitoreo forestal y servicios ecosistémicos marino-costeros.
Costa Rica recibirá entre julio y agosto de 2026 un pago de $11 millones, cerca de ₡5.000 millones, como parte de un acuerdo de compraventa de reducciones de emisiones bajo la Coalición LEAF, una alianza público-privada que promueve mercados de alta integridad para frenar la deforestación.
Los recursos ingresarán en un solo desembolso a la Fundación Banco Ambiental (Funbam), entidad que coadyuva con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
El pago corresponde al compromiso adquirido con Noruega para reducir un millón de toneladas de CO₂, entre emisiones reducidas y remociones correspondientes al año 2017, en el marco de la Estrategia REDD+.
La negociación incluye remociones de emisiones generadas en fincas de personas físicas y jurídicas que, de forma voluntaria, promovieron la conservación de bosques y aceptaron integrar la oferta de reducciones de emisiones para ese período.
Giovanna Valverde, ministra interina de Ambiente y Energía, comentó:
Esta financiación beneficiará directamente a las comunidades y a los pueblos indígenas que han sido guardianes de nuestros bosques durante generaciones, y valida el enfoque que hemos adoptado para construir mecanismos transparentes e inclusivos para proteger nuestro patrimonio natural".
Costa Rica concluyó el primer proceso de auditoría correspondiente al período de monitoreo 2017-2019. Según el MINAE, el país figura entre los pocos que cuentan con el estándar de alta integridad ambiental del programa, lo que lo coloca como referente regional en procesos jurisdiccionales de reducción de emisiones.
Los fondos contemplan recursos para que territorios indígenas ejecuten proyectos en el marco de los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT), diseñados para respetar la cosmovisión indígena y sus procesos organizativos.
El MINAE indicó que el dinero también se destinará a monitoreo y reporte, pagos a fincas privadas por protección de bosques durante 2017, fortalecimiento de procesos de control y monitoreo del Pago por Servicios Ambientales (PSA), pago por biodiversidad en el PSA 2.0 y al Fondo Azul, orientado a servicios ecosistémicos marino-costeros.
El proceso contó con liderazgo técnico del MINAE y la Secretaría Ejecutiva REDD+, con apoyo financiero del Programa Clima Global, la Fundación Ricardo, Environmental Defense Fund y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).