El órgano contralor detectó verificaciones trimestrales incumplidas, traslados de bienes sin respaldo formal y falta de trazabilidad sobre activos adquiridos con fondos públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) emitir e implementar un nuevo procedimiento para registrar, controlar y disponer de los activos públicos adquiridos con fondos estatales y custodiados por terceros, incluidos organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). La orden surge tras una investigación sobre los bienes comprados en el marco de Memorandos de Acuerdo suscritos para el desarrollo de obras de infraestructura vial.
La investigación abarcó proyectos como los puentes sobre el río Virilla en las rutas nacionales 32 y 147, la supervisión de Circunvalación Norte y la construcción y supervisión de tres pasos a desnivel en la ruta nacional 39, en Garantías Sociales, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica-Rotonda de la Bandera e Intersección Guadalupe. Según la CGR, entre 2014 y 2017 el Conavi suscribió convenios con UNOPS para reducir plazos, lograr ahorros, asegurar transparencia y fortalecer capacidades institucionales, pero también autorizó a ese organismo a adquirir y custodiar temporalmente bienes, equipos y suministros con recursos del Conavi.
El órgano contralor señaló que el modelo de contratación obligaba al Conavi a diseñar y ejecutar controles adecuados para garantizar la trazabilidad de los fondos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas. La CGR advirtió que las inmunidades y privilegios de UNOPS, por su condición de organismo internacional, no eliminan las responsabilidades de control que conserva la Administración costarricense sobre los recursos públicos y las obras financiadas con esos fondos.
La Contraloría detectó deficiencias en el sistema de control y riesgos asociados al registro de los activos bajo custodia de UNOPS. Entre los hallazgos, indicó que el Conavi no ejecutó las verificaciones trimestrales obligatorias que establecía su propio procedimiento interno vigente desde noviembre de 2021. Ese procedimiento exigía revisar cada tres meses los inventarios anexos a los informes financieros de UNOPS, pero la Administración no remitió documentación que acreditara ese control, supervisión y seguimiento.
La CGR también señaló vacíos en el procedimiento, pues este regulaba la recepción de activos al vencimiento de los Memorandos de Acuerdo, pero no abordaba situaciones ocurridas durante la ejecución de los proyectos, como traslados entre convenios, bajas por robo, daño u obsolescencia, donaciones o reasignaciones de bienes. El órgano contralor indicó que esa omisión dejó sin regulación el ciclo de vida completo de los activos, desde su adquisición hasta su disposición final.
El informe consignó que el Conavi justificó algunas bajas y traslados mediante consultas verbales o prácticas internas de coordinación. En un oficio citado por la Contraloría, la institución indicó:
UNOPS en varias oportunidades solicitó dar de baja activos por los conceptos indicados. Verbalmente se consultó con los superiores del momento respecto al tema, no encontrando inconveniente en la solicitud”.
La CGR también citó otra respuesta del Conavi sobre activos utilizados en proyectos PROERI, en la cual la institución señaló:
Las autorizaciones respectivas se otorgaron en el marco de las prácticas internas aplicables entre CONAVI y UNOPS para este tipo de gestiones”.
Para la Contraloría, esas prácticas carecieron de respaldo formal suficiente. El órgano contralor indicó que bienes adquiridos con recursos de un Memorando de Acuerdo específico, como Pasos a Desnivel, terminaron trasladados a otros convenios, como Circunvalación Norte, o utilizados en proyectos de emergencia como PROERI, sin una evaluación técnica o financiera previa e independiente por parte del Conavi. La institución argumentó criterios de eficiencia y ahorro, pero la CGR señaló que no aportó evidencia de estudios formales para sustentar esa afirmación.
La Contraloría agregó que, pese a la recepción definitiva de obras y planos, los Memorandos de Acuerdo no contaban con finiquito al momento del análisis. Además, algunos activos continuaban bajo custodia de UNOPS mientras los proyectos avanzaban hacia procesos de cierre administrativo y financiero. Según la información remitida por Conavi, el cierre de esos convenios contempla primero una etapa administrativa y luego una etapa financiera.
La orden de la CGR obliga al Consejo de Administración del Conavi a instruir la creación e implementación de un procedimiento que sustituya el esquema vigente y regule el registro, control y disposición de bienes públicos en custodia temporal o administración operativa de terceros contratistas, gestores externos u organismos internacionales. Ese procedimiento deberá incluir controles sobre donaciones, traslados y bajas, definir responsables, garantizar trazabilidad hasta la recepción definitiva de las obras y prever procesos de mejora continua.
El Conavi deberá remitir copia certificada del acta en la que instruya la creación de ese procedimiento a más tardar el 30 de junio de 2026. También deberá entregar copia certificada del nuevo procedimiento antes del 16 de octubre de 2026 y acreditar su implementación a más tardar el 20 de noviembre de 2026.
La Contraloría también ordenó instruir a la Dirección Ejecutiva para que, junto con la Unidad Ejecutora POEIV CONAVI-BCIE, realice una valoración integral de la documentación disponible en cada proyecto gestionado bajo los Memorandos de Acuerdo. Esa revisión deberá abarcar planificación, estudios previos, procedimientos de selección de contratistas, ejecución contractual, finiquito, inventario, devolución de activos, estados financieros certificados, garantías y acervo documental de los proyectos.
El Consejo de Administración deberá remitir el acta con esa instrucción a más tardar el 30 de junio de 2026 y certificar, antes del 2 de octubre de 2026, el resultado de la valoración integral y que cuenta con la información completa de cada proyecto. Si encuentra vacíos documentales, el Conavi deberá gestionar ante UNOPS la remisión, actualización o complementación de la información faltante.