Resolución 2823, copatrocinada por Costa Rica y más de 150 países, exige mayor rendición de cuentas por ataques contra personal de paz de la ONU.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 2823 (2026), que busca fortalecer la investigación y persecución de ataques contra personal de operaciones de mantenimiento de la paz.
El texto, adoptado este 23 de junio, condena los ataques contra personal de la ONU y sus instalaciones, y recuerda que esas agresiones pueden constituir crímenes de guerra. La resolución también advierte sobre el aumento, alcance y sofisticación de los ataques contra misiones de paz, incluidos los cometidos con explosivos improvisados, drones y otras tecnologías emergentes.
Costa Rica figura entre los países patrocinadores de la resolución, junto con más de 150 Estados de distintas regiones. El texto fue impulsado en momentos en que Naciones Unidas expresa preocupación por la baja tasa de investigación y procesamiento de los responsables de ataques contra cascos azules.
La resolución subraya que los Estados anfitriones tienen la responsabilidad principal de garantizar la seguridad del personal y los activos de Naciones Unidas, así como de investigar asesinatos y otros actos de violencia contra integrantes de operaciones de paz.
El Consejo de Seguridad pidió cooperación inmediata para identificar, investigar y procesar a los responsables de ataques. También llamó a los Estados anfitriones, países contribuyentes de tropas y policías, y otros actores relevantes a colaborar con las investigaciones.
El documento solicita al secretario general de la ONU que, cuando ocurran nuevos ataques contra personal o instalaciones de mantenimiento de la paz, las misiones establezcan registros claros de los hechos y los pongan a disposición de las investigaciones nacionales.
La resolución también pide designar un punto focal de alto nivel dentro de Naciones Unidas para coordinar los esfuerzos de rendición de cuentas por crímenes contra personal de operaciones de paz. Ese funcionario deberá apoyar la prevención, investigación y persecución de casos relacionados con asesinatos y otros actos de violencia.
Además, el Consejo solicitó al secretario general presentar un informe anual sobre el estado de las investigaciones y procesos judiciales por ataques contra cascos azules. El primer informe deberá llegar al Consejo en un plazo de 120 días desde la aprobación de la resolución e incluir opciones para futuros pasos.
El texto también alienta a los países que aportan tropas y policías a desplegar personal investigador capacitado, de manera voluntaria y a solicitud de los Estados anfitriones, para apoyar las pesquisas sobre ataques contra sus efectivos.