La Asociación Costarricense de la Judicatura señaló que la reducción presupuestaria para 2026 comprometería la investigación penal, la atención a víctimas y la resolución de procesos judiciales en todo el país.
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) manifestó su rechazo al anuncio de un nuevo recorte presupuestario al Poder Judicial, estimado en aproximadamente ₡27.000 millones para el ejercicio económico de 2026, al considerar que la medida afectaría directamente la capacidad institucional para garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.
Mediante un pronunciamiento, la agrupación advirtió que la disminución de recursos tendría consecuencias en la atención de casos relacionados con violencia, derechos laborales, pensiones alimentarias, conflictos civiles y familiares, así como en la investigación de delitos y la protección de víctimas.
Acojud sostuvo que este tipo de ajustes no representan únicamente una decisión administrativa, sino que inciden en la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía. Además, alertó sobre posibles atrasos en procesos judiciales, audiencias más lejanas, limitaciones en peritajes e investigaciones, así como una menor presencia institucional en zonas rurales.
La organización también cuestionó que el anuncio se produzca en medio de lo que calificó como constantes señalamientos y críticas hacia el Poder Judicial por parte de sectores del Poder Ejecutivo. En el documento, Acojud indicó:
Es contradictorio que el mismo Ministerio de Hacienda califique en reiterados años como exitosa la ejecución presupuestaria del Poder Judicial, que alcanza en promedio del 2023 al 2025 un 97.99% con cumplimiento alto de metas y a su vez, ataque públicamente la asignación de recursos. La ecuación política es simple: disminuir, deslegitimar, cooptar y evitar contrapesos, tal cual ha sido el orden constatable del día a día en América Latina u otras latitudes".
Al tiempo que planteó la interrogante:
¿Con qué intención se disminuye el Poder Judicial? La autonomía presupuestaria del Poder Judicial no es una concesión política ni una prerrogativa corporativa. Es el producto de un diseño constitucional concebido precisamente para impedir que la administración de justicia quede sometida a las presiones, conveniencias o represalias de los gobiernos de turno y sostener su independencia".
Según la asociación, la independencia judicial también depende de condiciones materiales suficientes para el trabajo de jueces, fiscales, defensores públicos y cuerpos de investigación.
Finalmente, Acojud hizo un llamado a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa para reconsiderar cualquier medida que pueda comprometer el funcionamiento del sistema judicial y la seguridad ciudadana.
Asimismo, instó a la población a defender una justicia independiente y con recursos suficientes como garantía del Estado de derecho:
Costa Rica no puede normalizar que, mientras se exige más seguridad, más celeridad y más protección de derechos, se reduzcan los recursos destinados a hacer posible esa respuesta. Una democracia sólida no debilita a sus jueces y juezas. No desacredita a sus instituciones de control. No convierte el presupuesto en un instrumento de presión. La justicia costarricense requiere reformas, mejora continua, transparencia y responsabilidad. Pero también requiere respeto, independencia y recursos suficientes para servir a la población".