El Consejo Universitario pidió revisar permisos, estudios e inventarios relacionados con la corta de más de 700 árboles en Guanacaste.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) respaldó la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional en relación con la corta de más de 700 árboles en playa Panamá, Guanacaste, y pidió que las autoridades competentes revisen de forma integral los permisos, inventarios, estudios técnicos y criterios utilizados para clasificar la cobertura forestal de la zona.
En un pronunciamiento fechado el 13 de mayo de 2026 y firmado por el presidente del consejo, Braulio Sánchez, la UNA afirmó que la discusión pública no debe plantearse como un conflicto entre ambiente y desarrollo, sino como un debate sobre la calidad de las decisiones públicas, el respeto a la ley y el uso de criterios técnicos verificables.
La universidad sostuvo que el artículo 50 de la Constitución Política plantea una visión integral del desarrollo nacional, en la que el bienestar, la producción, la distribución de la riqueza, el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano deben armonizarse bajo criterios de legalidad, sostenibilidad y responsabilidad pública.
El pronunciamiento también recordó que la Ley Forestal establece como función esencial y prioritaria del Estado conservar, proteger y administrar los bosques naturales, así como regular la producción, aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales bajo el principio de uso adecuado y sostenible.
Adicionalmente, la UNA señaló que, antes de autorizar cualquier corta de árboles, las instituciones deben diferenciar técnicamente si el terreno corresponde a bosque primario, bosque secundario, árboles en terrenos agropecuarios sin bosque, patrimonio natural del Estado, plantaciones forestales u otras coberturas arbóreas.
"La pregunta central no es política ni emocional: es técnica. Clasificar incorrectamente un ecosistema puede conducir a decisiones irreversibles", y continúan:
Consideramos que cualquier decisión relacionada con la corta de árboles debe partir de una pregunta técnica y jurídica esencial: ¿Se está ante un bosque primario, un bosque secundario sujeto a manejo, árboles aislados en terreno sin bosque o una condición especial autorizada por el ordenamiento jurídico? La respuesta a esa pregunta no puede ser política ni meramente mediática; debe ser técnica, documentada, verificable y sometida a control público".
La institución defendió la medida cautelar como una herramienta legítima cuando existen dudas razonables sobre posibles daños ambientales irreversibles, suficiencia de estudios técnicos, legalidad de permisos, capacidad de carga ambiental, consulta pública o correcta aplicación de la normativa.
Una medida cautelar no detiene el desarrollo; protege al país de errores irreversibles, pues la prudencia institucional no es debilidad: es responsabilidad pública".
El Consejo Universitario también llamó a defender las decisiones técnicas cuando las elaboran profesionales competentes, con información de campo, inventarios forestales, georreferenciación, evaluación de especies, análisis de condición fitosanitaria, trazabilidad, regencia forestal y cumplimiento de requisitos legales.
En ese sentido advirtió que ninguna autorización administrativa debe asumirse automáticamente como suficiente si existen cuestionamientos jurídicos, ecológicos o sociales relevantes.
No toda corta autorizada representa por sí misma una agresión ambiental; pero tampoco toda autorización administrativa debe asumirse automáticamente como suficiente cuando existen cuestionamientos jurídicos, ecológicos o sociales relevantes”.
La UNA en su pronunciamiento defendió el papel del Poder Judicial y de la jurisdicción constitucional dentro de la gobernanza ambiental. Según el pronunciamiento, la revisión judicial no representa un obstáculo, sino una garantía democrática cuando existe controversia sobre normas ambientales, permisos, competencias institucionales o posibles daños irreversibles.
La institución manifestó su respaldo al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la producción sostenible, a las decisiones técnicas debidamente fundamentadas y a la medida cautelar como decisión responsable ante la posibilidad de daños irreversibles.
Además, pidió evitar la polarización del debate ambiental y garantizar que las decisiones sobre recursos forestales respondan al interés público, la ciencia, la ley y una visión de país.
La UNA aseguró que la salida al caso debe ser institucional, técnica y ambientalmente responsable, con garantías para prevenir daños irreversibles y revisar a profundidad la legalidad y el sustento técnico de las autorizaciones vinculadas con la corta de árboles en playa Panamá.