La Rectoría aclaró que la medida “no constituye suspensión de labores ni ejercicio del derecho de huelga”.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) dispuso la implementación de un “paro activo” del 11 de mayo al 4 de julio de 2026, como una medida institucional extraordinaria para abrir espacios de reflexión, análisis crítico y participación informada sobre el financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027.
La resolución R-298-2026, firmada por el rector Carlos Araya Leandro, llega en un contexto en el que la negociación en la Comisión de Enlace entre el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Poder Ejecutivo, concluyó sin un acuerdo.
La UCR indicó que, durante las conversaciones, surgió la posibilidad de aplicar criterios de redistribución sobre los recursos que integran la base presupuestaria histórica de las universidades públicas. Según la Rectoría, esa medida podría reducir los recursos asignados a la institución y afectar su capacidad operativa, así como el desarrollo de sus funciones sustantivas.
El documento sostiene que la situación tiene un carácter excepcional y de interés institucional, porque incide directamente en la sostenibilidad financiera de la universidad y en el cumplimiento de sus fines de docencia, investigación y acción social.
¿Qué es un paro activo?
La Rectoría explicó que el “paro activo” es un período institucional extraordinario orientado a la deliberación colectiva, pero aclaró que las actividades universitarias sustantivas no se suspenden. La resolución ordena garantizar la continuidad de la docencia, la investigación, la acción social, los servicios institucionales, las labores administrativas y los demás servicios universitarios.
Durante ese período, las unidades académicas y administrativas podrán reorientar temporalmente sus actividades e incorporar espacios de análisis, discusión, información y formación vinculados con la coyuntura nacional y el financiamiento de la educación superior.
Adicionalmente, la resolución también promueve la realización de clases públicas, foros, asambleas informativas, actividades académicas abiertas y otros espacios similares. Las jefaturas y direcciones de la universidad deberán adoptar medidas para asegurar la continuidad del servicio y la participación ordenada de las personas funcionarias en las actividades programadas.
En caso de que alguna unidad reprograme o ajuste actividades académicas o administrativas previamente calendarizadas, deberá garantizar su reposición o cumplimiento oportuno, así como la continuidad del proceso formativo y el respeto al derecho a la educación del estudiantado.
"Las actividades específicas que se desarrollen en el marco de este período deberán ser debidamente planificadas y comunicadas oportunamente por las unidades académicas y administrativas, garantizando su adecuada coordinación con el desarrollo ordinario de las funciones institucionales y la continuidad del servicio público", detalla la disposición del rector.
La Rectoría estableció que la participación de personas funcionarias y estudiantes en las actividades será voluntaria. En el caso del personal universitario, quienes deseen participar deberán gestionar los permisos correspondientes y coordinar con sus jefaturas inmediatas, según la normativa institucional aplicable.
El documento deja constancia expresa de que la medida “no constituye suspensión de labores ni ejercicio del derecho de huelga”, sino una modalidad organizativa excepcional enmarcada en la negociación del FEES.
"Se deberá garantizar en todo momento la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio público universitario, sin que las actividades desarrolladas en el marco de este período puedan implicar su interrupción o menoscabo, así como la atención efectiva de las obligaciones académicas y administrativas, en especial aquellas relacionadas con el derecho a la educación del estudiantado", puntualiza el documento.
Asimismo, la circular exhorta a la comunidad universitaria a actuar con responsabilidad, respeto, compromiso institucional y apego al ordenamiento jurídico.
Por último, se indicó que ninguna persona funcionaria o estudiante estará obligada a participar en las actividades promovidas durante el período, y pidió respetar la libertad individual, la diversidad de criterios y la convivencia entre quienes participen y quienes no lo hagan.
La convocatoria de la UCR se une a la realizada por la Universidad Nacional (UNA) el pasado 5 de mayo. En su caso, la medida de la UNA momentáneamente es del miércoles 6 al viernes 15 de mayo de 2026.
La UCR compartió esta infografía al respecto de los alcances del paro.
