Hay países que gobiernan. Y hay países que protagonizan obras de teatro del absurdo sin saberlo. Costa Rica, ese pequeño paraíso democrático que durante décadas presumió ante el mundo de ser la excepción civilizada de América Latina, acaba de estrenar su nuevo gobierno con una función tan surrealista que Salvador Dalí se levantaría de la tumba solo para aplaudir.
El 8 de mayo de 2026, Laura Fernández Delgado, de 39 años, juró defender la Constitución, combatir la corrupción y gobernar para todos los costarricenses. Palabras hermosas. Palabras que sonaron aún más hermosas desde el Estadio Nacional, decorado con banderas de Costa Rica, banderas del Partido Pueblo Soberano y —oh, detalle revelador— banderas de Israel. ¿Y las de Palestina? Esas, según la Fuerza Pública, eran un peligro para la democracia. Dos estudiantes universitarias que las portaban amanecieron en los Tribunales de Goicoechea mientras el nuevo gobierno prometía libertad. Bienvenidos al país de la doble moral, donde la bandera que se tolera depende de quién esté en el podio.
Pero no nos quedemos con el aperitivo. El plato fuerte es más nutritivo.
La gran promesa de Laura Fernández fue la "continuidad del cambio". Un oxímoron tan brillante que merece patente de invención. Y vaya que fue fiel a la promesa: más de la mitad del gabinete proviene del gobierno saliente de Rodrigo Chaves, ese hombre que vociferó cuatro años contra las élites, el clientelismo y la corrupción para luego convertirse él mismo en el caso más escandaloso de todos. Chaves, con más de cien causas penales abiertas en la Fiscalía —incluyendo concusión, financiamiento ilegal de campaña y beligerancia política— no solo no fue a la cárcel, sino que fue ascendido. Ahora es ministro de la Presidencia Y de Hacienda simultáneamente. Dos carteras, un solo salario, y cuatro años más de inmunidad parlamentaria. Si eso no es arte conceptual, no sé qué es.
El mismo hombre que desde la Presidencia llamó "pensionados de lujo" a todo funcionario que respirara en Costa Rica tendrá que escoger ahora entre el salario ministerial de ₡4,1 millones y la pensión vitalicia de expresidente —porque la ley costarricense no permite cobrar ambas simultáneamente. Un dilema durísimo. Pero lo que sí puede mantener en paralelo, sin restricción legal alguna, es su pensión del Banco Mundial, cuyo monto jamás quiso revelar públicamente, aunque reconoció que era mayor que la de una exmagistrada. El gran cruzado contra los privilegios del Estado resulta ser uno de sus beneficiarios más cómodos. La diferencia es que los que él atacaba habían cotizado menos años. Él cotizó más. Y por eso, en su lógica, está bien.
¿Y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez? Él también aparece acusado junto a Chaves en el caso BCIE-Cariñito por concusión, con la particularidad de que renunció voluntariamente a su inmunidad en ese expediente —un gesto que algunos leen como transparencia y otros como cálculo de quien sabe que el caso avanzará de todas formas. Sea cual sea la lectura, Rodríguez regresa al gabinete con una causa penal activa en su contra, investigable sin necesidad de desafuero. Que el nuevo gobierno lo haya nombrado de todas formas dice más de las prioridades de Laura Fernández que cualquier discurso inaugural.
La estrategia, hay que admitirlo, tiene una elegancia brutal. Para que un ministro sea procesado penalmente en Costa Rica, la Asamblea Legislativa debe votar para levantarle el fuero con mayoría calificada. El Partido Pueblo Soberano tiene 31 de 57 diputados. Hagan los cálculos. En el período anterior lo intentaron dos veces y fracasaron. En este período la mayoría es aún más cómoda. Es inmunidad arquitectónica: diseñada para durar.
Entre los nuevos jerarcas también figuran exdiputados de la oposición que durante cuatro años traicionaron a sus partidos para votar con Chaves, incluso para bloquear los intentos de desaforarle. Su premio fue encontrado en el gabinete de Laura Fernández. Carlos Andrés Robles, del PUSC, renunció a su partido días antes del anuncio y fue nombrado ministro sin cartera de Costas, Mares y Pesca —un ministerio inventado expresamente para él porque no cumplía los requisitos académicos para presidir Incopesca. Carolina Delgado, exliberacionista, que votó sistemáticamente con el chavismo ignorando la línea de su bancada, fue premiada con la presidencia del INAMU. La lealtad bien cotizada.
Y mientras tanto, el embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, enfrenta investigaciones de la Fiscalía por su presunto rol en el despido de una diputada y por vínculos con la empresa Tradeco —esa constructora mexicana cuestionada que opera en Costa Rica. Abarca se negó a responder ante el Congreso, invocando el expediente judicial con elegante cinismo, y sigue en su cargo. Desde Ciudad de México, intocable.
Laura Fernández juró que no atentaría contra la división de poderes. Lo juró sobre la Biblia que le regaló su padre. Lo juró ante el Rey de España, ante el presidente de Israel, ante Kristi Noem —la enviada de Trump que llegó a celebrar que Costa Rica acepte deportados estadounidenses— y ante el mundo. Hermosas palabras. Mientras las pronunciaba, dos universitarias dormían en una celda por haber agitado una tela con los colores equivocados.
Costa Rica, en su mejor tradición democrática, ha perfeccionado el arte de hablar de ética con la boca llena de contradicciones. El surrealismo ya no es un movimiento artístico. Es una forma de gobernar. Y lo hacen sin parpadear.