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Suelo público, ciudad y renovación: una agenda país para la próxima etapa

Costa Rica tiene frente a sí una oportunidad real de cambiar la forma en que crece, invierte y construye ciudad. Durante años hemos tratado el déficit habitacional, la expansión urbana y la falta de infraestructura como problemas separados, cuando en realidad responden a una misma causa: no hemos aprovechado con visión suficiente el suelo bien ubicado que ya existe, ni hemos articulado de forma decidida al Estado, al capital y a la capacidad técnica del sector privado.

En esa discusión, Federico Baltodano Robles en un articulo en La Nación, puso sobre la mesa una idea valiosa al señalar el potencial del suelo estatal subutilizado para atender necesidades habitacionales. Pero la oportunidad del país es todavía mayor.

El suelo público ocioso no debe entenderse únicamente como una reserva para vivienda. Debe asumirse como una plataforma estratégica para repoblar centralidades, acercar a las personas al empleo y a los servicios, revitalizar sectores urbanos consolidados, ordenar la expansión y activar inversión de largo plazo con impacto económico, social y territorial.

Ese es el cambio de escala que Costa Rica necesita. El país no puede seguir creciendo hacia afuera mientras mantiene activos valiosos inmovilizados en zonas con mejor acceso, infraestructura y conectividad. Cada vez que empujamos a más personas y actividades hacia periferias lejanas, encarecemos la vivienda, el transporte, los servicios públicos y la operación misma de nuestras ciudades. Cada terreno público bien localizado que permanece subutilizado representa una oportunidad postergada para generar valor, eficiencia y desarrollo.

La buena noticia es que el país no parte de cero. Existe información patrimonial, existe capacidad técnica, existe experiencia en estructuración y existe una masa crítica de actores privados dispuestos a coinvertir, desarrollar, operar y asumir riesgos bajo esquemas claros. Además, Costa Rica cuenta con ahorro institucional de largo plazo, incluyendo fondos de pensiones, que puede respaldar vehículos bien diseñados, transparentes y estables para canalizar capital hacia proyectos urbanos sólidos. El problema no es la ausencia de recursos. El reto es organizarlos con visión de país.

Lo que corresponde ahora es dar un paso firme hacia una plataforma nacional de activación de suelo público con vocación de desarrollo. No una simple lista de inmuebles, sino una base estratégica que permita priorizar activos según criterios objetivos de ubicación, acceso real a servicios, conectividad, condición jurídica, compatibilidad regulatoria, escala, potencial de densificación, mezcla de usos, tiempo de maduración, retorno económico e impacto social. Cuando esa lectura se hace bien, el suelo deja de ser inventario y se convierte en pipeline de inversión.

Ahí está una de las agendas más prometedoras para la próxima etapa del país. El Estado no necesita desprenderse de sus activos para generar valor. Puede conservar la titularidad del suelo, definir reglas, capturar renta, exigir calidad urbana y asegurar beneficios públicos. El sector privado puede aportar capital, diseño, ejecución, operación y velocidad. Y el ahorro institucional puede encontrar un destino productivo, tangible y de largo plazo en proyectos que fortalezcan ciudad y generen retornos sostenibles.

La llegada de un nuevo gobierno abre una coyuntura ideal para impulsar esta visión con decisión. Hay espacio para una política moderna, técnica y ambiciosa que convierta el suelo público subutilizado en una herramienta de renovación urbana, productividad y desarrollo compartido. No se trata solo de construir más. Se trata de construir mejor, en los lugares correctos, con estructuras inteligentes y con una visión más integrada del país que queremos.

Costa Rica ya tiene los activos, el talento y el capital para hacerlo. Lo que hace falta ahora es una señal clara, una plataforma seria y una voluntad de ejecución a la altura de la oportunidad. Si logramos unir suelo público, visión urbana y capital de largo plazo, el país puede abrir una nueva etapa de desarrollo más eficiente, más inclusiva y mucho más estratégica.