Costa Rica ya no va rumbo a una transición demográfica, ya está dentro de ella. La magnitud del cambio ha pasado a convertirse en una variable estructural de competitividad. El dato más contundente es la caída de la natalidad. El INEC confirmó que la tasa global de fecundidad llegó a 1,12 hijos por mujer en 2024 y que, desde 2020, el país se ubica en niveles de ultrabaja fecundidad. Esto significa que, si la tendencia se mantiene, cada generación nacida será más pequeña que la anterior, reduciendo progresivamente el relevo de población en edades productivas.
Al mismo tiempo, el propio INEC reportó que la mortalidad general aumentó entre 2014 y 2024. Leído con lente demográfico, este aumento no necesariamente implica un deterioro sanitario, sino que puede reflejar el envejecimiento de la estructura poblacional: nacen menos personas, la población vive más tiempo y el país se desplaza hacia edades mayores. Dicho sin rodeos: habrá menos personas entrando a la vida productiva y más personas requiriendo servicios asociados a la vejez.
La relevancia de este giro no está en la pirámide poblacional como figura, sino en lo que implica para la economía y la política social. Una fecundidad persistentemente por debajo del reemplazo significa que la fuerza laboral futura crecerá más lento, podría estancarse y, con el tiempo, tenderá a reducirse en términos relativos frente a la población mayor. En paralelo, aumentarán las necesidades de salud, cuidados de largo plazo y protección social. El resultado es una presión creciente sobre sistemas que dependen de una base amplia de personas en edad de trabajar y cotizar.
Costa Rica enfrenta esta restricción en un momento particularmente delicado, cuando su estrategia de desarrollo depende de consolidar actividades de mayor valor agregado. En 2025, CINDE reportó nuevas inversiones y reinversiones en sectores estratégicos, muchos de ellos intensivos en habilidades especializadas. Esto confirma que el país sigue siendo atractivo, pero también expone el reto evidente de que, cuanto más sofisticada es la operación, más costosa resulta la escasez de talento. Una vacante crítica sin cubrir ya no es un simple retraso; puede frenar una expansión, encarecer una inversión o desviar una función hacia otro país.
Aquí es donde la discusión pública suele caer en un falso dilema de o se resuelve la baja natalidad o se permite la migración. Aun si hoy se adoptaran políticas familiares ambiciosas, sus efectos sobre la fuerza laboral tardarían décadas en materializarse. La migración, en cambio, puede influir de forma mucho más inmediata en la oferta de trabajo, en la sostenibilidad de sectores clave y en la estructura por edades. Por eso, en sociedades que envejecen, una política migratoria bien diseñada deja de ser solo un asunto de control fronterizo para convertirse en palanca económica y social.
Europa ofrece un antecedente claro. Francia registró en 2025 más defunciones que nacimientos, de modo que el saldo natural pasó a ser negativo. En ese contexto, el crecimiento poblacional dejó de sostenerse en los nacimientos y pasó a depender del saldo migratorio. Cuando el relevo natural deja de sostener la población, la migración se convierte en el amortiguador demográfico y laboral más inmediato.
Pero no toda migración funciona igual para enfrentar el envejecimiento. Los países que la han tratado como herramienta demográfica y productiva han entendido que la clave no está en abrir o cerrar fronteras, sino en diseñar rutas específicas para objetivos específicos, con reglas claras, tiempos competitivos y capacidades reales de integración. Canadá, Australia y Alemania muestran variantes de ese principio con metas explícitas, sistemas comprensibles, criterios verificables y trayectorias previsibles hacia empleo formal, residencia e integración. La lección es simple: cuando el mercado laboral se estrecha por razones demográficas, el país que gana no es el que proclama su apertura, sino el que ofrece un camino claro, rápido y creíble hacia una permanencia productiva.
En la permanencia productiva está la clave. La migración estratégica no se agota en seleccionar quién entra; exige que la inserción de esa persona migrante sea viable. De poco sirve atraer perfiles si el reconocimiento de credenciales tarda demasiado, si los permisos son imprevisibles, si la tramitología empuja hacia la informalidad o si la integración social se deja a la improvisación. La migración como amortiguador demográfico funciona mejor cuando tiene credibilidad institucional y aceptación social.
Costa Rica no parte de cero. Existe una Política Migratoria Integral 2024–2034 que reconoce la migración también como integración y desarrollo, y existen instrumentos orientados a atraer personas con ingresos estables o capacidad de inversión. Sin embargo, vistas en conjunto, estas piezas todavía funcionan más como ventanillas que como sistema. Ayudan a ciertos casos, pero todavía no convierten la migración en una palanca confiable de competitividad para un país que envejece y necesita talento e inversión con rapidez.
Un ejemplo de esa tensión es el Reglamento Comex (Decreto 36.576) para empresas registradas. Su existencia es importante porque refleja una intuición correcta: si se quiere sostener inversión y operaciones sofisticadas, el Estado debe poder responder con procesos previsibles y ágiles. Pero también muestra las limitaciones del esquema actual cuando, antes de usar esa vía, la empresa debe registrarse ante Migración, se presentan demoras en citas, habilitación de usuarios en el sistema de solicitudes, en gestión de prevenciones y, aun cuando la aprobación llegue, persisten etapas posteriores presenciales que pueden prolongarse por meses. El resultado es que la regularización puede existir en papel, pero no traducirse en operación inmediata.
Por eso, el reto es si Costa Rica puede convertir estos instrumentos en un modelo coherente con más agilidad y una capacidad real para atraer y retener talento, inversión y emprendimiento. Esto importa porque la migración estratégica puede contribuir en tres planos: 1) sostener la oferta de capital humano en cantidad y calidad, especialmente en sectores de alto valor. 2) amortiguar el deterioro de la relación entre población activa y población dependiente, dando tiempo para adaptar instituciones y sistemas de cuidado, y 3) atraer emprendimiento e inversión con perfiles que no solo trabajan, sino que crean empresas, transfieren conocimiento y dinamizan economías locales.
A esto se suma las necesidades relativas a los servicios de cuidado y asistencia. Cuando aumenta la población mayor, aumenta también la demanda de cuidados formales e informales, y eso reconfigura el mercado laboral porque parte de la población en edad de trabajar reduce su participación para cuidar. En ese punto, la migración puede ser un mecanismo de transición si se gestiona con estándares laborales e integración, evitando la informalidad y la precariedad.
En definitiva, la discusión sobre natalidad y mortalidad en Costa Rica dejó de ser un asunto de preferencias familiares para convertirse en una conversación sobre sostenibilidad productiva y social. Con una población más envejecida, crecerán las demandas de salud, cuidados y protección social. Y en paralelo, el país compite por inversión en sectores que dependen críticamente del talento.
Costa Rica debe construir una respuesta coherente que combine productividad, formación y participación laboral con una migración bien gobernada en criterios, rápida en ejecución, robusta en integración y clara en su propósito económico y social. Eso es lo que distingue a los países que amortiguan el envejecimiento de los que lo padecen pasivamente.