El pasado 26 de mayo, la Asamblea Legislativa votó en primer debate el expediente 23.414, la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. El proyecto superó esa etapa con los votos de la bancada oficialista, pero enfrenta una complicación para alcanzar los 38 votos y lograr su aprobación en la instancia de segundos debates. Ese umbral hoy parece inalcanzable ante la oposición del PLN, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana. Lo que llama la atención no es solo el cambio de postura del PLN, sino los argumentos que se esgrimen en contra. Escuchamos que la apertura del mercado eléctrico "solo beneficia a los empresarios". Es una afirmación políticamente cómoda, pero económicamente insostenible. Este artículo intenta demostrar por qué.
Para entender la urgencia de la reforma, hay que comprender primero la magnitud del reto que se avecina. Las proyecciones del propio ICE, recogidas en su Plan de Expansión de la Generación 2024-2040, revelan que para ese año el país necesitará 2.495 MW adicionales de capacidad instalada, lo que representa un crecimiento del 71,3% respecto a la capacidad actual de aproximadamente 3.500 MW. Y esta es una proyección conservadora ya que se trata solo del crecimiento estimado para atender la demanda vegetativa del sistema.
¿De dónde viene esa demanda? De fuerzas que ya están actuando. La electrificación del transporte transformará radicalmente los patrones de consumo y a medida que la flota vehicular eléctrica crezca, la curva de demanda nocturna y doméstica se disparará de formas que el modelo tarifario actual no está diseñado para absorber. Sin mencionar el proyecto del tren eléctrico que se aprobó hace apenas un par de semanas. A eso se suma el fenómeno de los centros de datos y la inteligencia artificial. Importante porque Costa Rica aspira legítimamente a ser un hub tecnológico regional, y no se puede ignorar que atraer ese tipo de inversión implica garantizar energía abundante y competitiva en precio.
El problema es que el sistema actual no fue concebido para este escenario. El ICE, creado en 1949 bajo la Ley 449 como planificador único, comprador único y operador único de la red de transmisión, carga con una estructura institucional que tiene 77 años. En 2024, la sequía derivada del fenómeno de El Niño puso al sistema al borde del colapso: ese año solo el 86,8% de la generación fue renovable (la cifra más baja desde 2015) y se activó por primera vez en 17 años una alerta nacional por posibles racionamientos. El ICE tuvo que recurrir a generación térmica con una inversión de más de ¢86.000 millones de colones, costos que inevitablemente se trasladan a la tarifa. Estamos hablando de una vulnerabilidad que ya se ocurrió.
La pregunta central es entonces: ¿puede el ICE, solo, financiar los 2.495 MW adicionales que el país requiere para 2040? Un estudio del BID estima que Costa Rica necesita una inversión de aproximadamente $5.243 millones hasta 2030 solo para cerrar la brecha en infraestructura eléctrica, de los cuales el 53% corresponde a nueva infraestructura. Esa cifra equivale a más de dos veces y media el presupuesto anual del ICE. Si bien el Grupo ICE ha mostrado avances en estabilidad financiera y desde 2022 con excedentes operativos positivos la escala de la inversión requerida sencillamente supera la capacidad de cualquier entidad pública actuando en solitario. El propio ICE lo reconoce implícitamente cuando firma contratos bajo la Ley 7200 con generadores privados y recurre a préstamos del BID para proyectos de modernización parcial.
El costo de la electricidad es un problema de competitividad real
Quienes se oponen al proyecto raramente abordan esta dimensión con rigor. Veámosla con datos. Según el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), el costo de la electricidad representa aproximadamente el 16% de los costos de producción del sector industrial costarricense. Se trata del segundo o tercer rubro más relevante de la estructura de costos de una planta manufacturera. Según el BID la tarifa eléctrica de Costa Rica es 33% mayor al promedio de Estados Unidos, lo cual es una base importante bajo la cual los directivos de empresas comienzan a evaluar opciones de donde iniciar operaciones.
Como ya mencioné, esta es la realidad que enfrenta un ejecutivo de una empresa multinacional cuando decide dónde instalar su siguiente planta de dispositivos médicos, semiconductores o manufactura de precisión. La decisión de inversión se construye sobre una tasa de retorno esperada. En ese cálculo, la tarifa eléctrica es una variable de entrada fundamental, un diferencial de 30 o 40% en el costo de electricidad puede convertir un proyecto rentable en uno inviable, o simplemente redirigir el capital hacia un destino más competitivo. La Cámara de Comercio Exterior (Ccrecex) lo sintetizó cuando mencionó que la energía "incide en la capacidad de Costa Rica para integrarse a cadenas globales de valor, atraer operaciones de mayor sofisticación tecnológica y sostener su posición como destino confiable para la inversión extranjera directa."
El proyecto propone el mecanismo que ataca el problema. Un mercado mayorista competitivo donde generadores, distribuidores, comercializadores y grandes consumidores puedan transar bloques de energía directamente, introduciendo competencia en precio en una actividad que hoy opera en condiciones de monopolio comprador. Es un tema de lógica económica, donde no hay competencia, no hay presión para reducir costos ni incentivo para la eficiencia. Un mercado abierto, debidamente regulado, genera esos incentivos.
La falacia de separar el bienestar de la industria del bienestar del trabajador
El argumento más repetido por los opositores es que esta reforma "beneficia a los empresarios y grandes consumidores" en detrimento de las familias y los trabajadores. Es un argumento que suena moral, pero realmente es una confusión económica de base.
Los grandes economistas Friedrich Hayek y Ludwig von Mises hace décadas construyeron su análisis sobre una premisa que la teoría económica contemporánea confirma empíricamente. El nivel de vida de los trabajadores no depende de la benevolencia del Estado ni de las buenas intenciones del legislador, sino del stock de capital productivo disponible por trabajador. En términos simples, los salarios son una función de la productividad marginal del trabajo, y la productividad marginal del trabajo sube cuando hay más y mejor capital con el que combinar ese trabajo. Una planta con maquinaria más moderna, con infraestructura energética más confiable y barata, produce más por trabajador/hora y, en un mercado laboral competitivo, ese excedente se traduce en salarios más altos, más empleo y mejores condiciones de trabajo.
Invertir esa relación causalmente, es decir, pensar que podemos mejorar el bienestar del trabajador debilitando el entorno de inversión empresarial es un error categórico. No hay salario sin empresa, no hay empresa sin capital, y no hay capital sin las condiciones que lo atraen y retienen. Costa Rica compite globalmente por inversión extranjera directa, y cada dólar de IED que elige este país en lugar de Panamá, México o Colombia trae consigo empleos, transferencia tecnológica, encadenamientos productivos y, a través de impuestos y seguridad social, financiamiento al Estado que luego redistribuye hacia servicios públicos. Quien defiende genuinamente a los trabajadores debe velar antes que nada por mantener y mejorar las condiciones de competitividad del país como destino de inversión.
Bloquear la apertura del mercado eléctrico bajo el pretexto de proteger al consumidor doméstico produce exactamente el efecto opuesto al declarado. Si Costa Rica no puede garantizar energía suficiente y competitiva en precio, las inversiones se van. Las que ya están evalúan relocalizarse. Y con ellas se van los empleos, los salarios y los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social que financian la atención médica de esas mismas familias trabajadoras que los opositores dicen proteger.
Lo que está en juego
El rechazo al proyecto no es un triunfo del solidarismo costarricense. Es, en el mejor de los casos, un aplazamiento de decisiones inevitables que el mercado y la demanda tomarán por nosotros, en condiciones mucho menos favorables. Cuando en 2029 o 2030 el sistema enfrente cuellos de botella severos de generación, cuando las tarifas suban por la necesidad de financiar con deuda pública inversiones que el capital privado podría haber realizado, cuando una empresa multinacional anuncie que traslada su operación a otro país porque Costa Rica no pudo garantizar el suministro energético que requería, entonces quedará claro el verdadero costo de haberle llevado la contraria al proyecto por cálculo político.
Costa Rica tiene una ventaja competitiva envidiable: una matriz casi 100% renovable, una institucionalidad democrática sólida y una fuerza laboral educada. Tiene todo para ser el hub tecnológico y de manufactura avanzada de América Latina. Pero esa promesa se frustra si no resolvemos el problema energético que se nos viene encima. La Ley de Armonización Eléctrica no es perfecta (ninguna ley lo es) pero representa la dirección correcta. Oponerse a ella sin ofrecer una alternativa creíble para los 2.495 MW que el país necesitará antes de 2040 no es prudencia institucional. Es evadir la responsabilidad.
El ICE puede y debe seguir siendo un actor central como operador de la red de transmisión, como generador público y como garante del servicio universal. Pero no tiene por qué ser el único actor en un sistema que ha demostrado sus limitaciones estructurales.