Las señales son claras. Y, más preocupante aún, son difíciles de ignorar.
Resulta desconcertante cómo algunos sectores pretenden normalizar discursos y prácticas que, directa o indirectamente, erosionan la convivencia democrática y el respeto entre las personas. Desde el inicio de la gestión de la actual presidenta Laura Fernández, se visualiza que las primeras decisiones no invitan al optimismo. Por el contrario, revelan una preocupante tendencia hacia alianzas y prácticas que debilitan la institucionalidad y la capacidad crítica de la ciudadanía.
El acercamiento a grupos como la Alianza Evangélica no sería problemático en sí mismo, de no ser por el tipo de relación que parece promover: espacios donde se prioriza la obediencia acrítica por encima del cuestionamiento razonado.
Lo que nos lleva a reflexionar que, cuando la fe se instrumentaliza políticamente, el riesgo no es superficial: se sustituye el debate democrático por la sumisión ideológica (un poder sin cuestionamiento de parte de los fanáticos religiosos).
A esto se suma la permanencia de figuras cuestionadas dentro del gabinete, cuyos resultados en la administración pública han sido, como mínimo, deficientes. Más grave aún es la percepción de que se están pagando favores políticos a actores que facilitaron decisiones clave en el pasado reciente de la Asamblea Legislativa y que hoy aparecen en la nómina del ejecutivo, este tipo de prácticas no solo debilita la confianza institucional, sino que proyecta un gobierno más comprometido con sus alianzas que con el interés público.
El episodio del llamado “decreto de los 365 días” es revelador. Un anuncio mal planteado, mal comprendido y posteriormente reinterpretado por distintos jerarcas deja en evidencia una preocupante improvisación. Cuando un gobierno debe salir a corregirse a sí mismo en tiempo real, lo que queda expuesto no es solo un error, sino una falta de claridad estratégica.
La relación con los otros poderes del Estado tampoco inicia con el mejor pie. Convocar a figuras institucionales a Casa Presidencial bajo condiciones poco transparentes, incluyendo en la primera reunión la retención de dispositivos electrónicos, envía un mensaje inquietante sobre la forma en que se entiende el ejercicio del poder y el respeto a los contrapesos democráticos.
Como si fuera poco, el desempeño del “nuevo ministro”, el expresidente Rodrigo Chaves, deja mucho que desear en su rol de enlace político ya que ha sido un arranque, por decir lo menos, desacertado.
La confrontación abierta con diputados evidencia una falta de comprensión del rol que ahora le corresponde: construir puentes, no dinamitar relaciones. Gobernar no es hacer espectáculo; es articular consensos, incluso con quienes piensan distinto y buscar acuerdos para construir un mejor país, para los costarricenses.
En conjunto, estos hechos dibujan un panorama preocupante. No se trata de una crítica ligera ni de un juicio prematuro; se trata de leer las señales con responsabilidad. Y las señales apuntan a un posible deterioro en la calidad del gobierno.
Pero esto no debería ser motivo de celebración para nadie. En democracia, el fracaso de un gobierno no es una derrota individual, es una pérdida colectiva. Independientemente de quién ocupe la presidencia, el país necesita estabilidad, madurez política y decisiones coherentes.
Costa Rica no puede darse el lujo de cuatro años de improvisación, confrontación y doble discurso. La historia no olvida, y las decisiones que se tomen hoy tendrán consecuencias que alcanzarán a toda la ciudadanía.