La propuesta de la exdiputada y futura jerarca del Inamu, Carolina Delgado Ramírez, también busca revertir un fallo de la Sala Primera.
Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa por la exdiputada y recién nombrada jerarca del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Carolina Delgado Ramírez, propone modificar los linderos de la Reserva Indígena Bribri de Këköldi, ubicada en Cocles, Talamanca, con el argumento de dar seguridad jurídica a la delimitación territorial y resolver conflictos relacionados con propiedad privada, zona marítimo terrestre y fallos judiciales previos.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.545, se titula Ley para la delimitación territorial de la Reserva Indígena Bribri de Këköldi (Cocles). El texto plantea que las modificaciones históricas a los límites de la reserva, realizadas mediante decretos ejecutivos, generaron conflictos territoriales, discordia social y afectaciones al derecho de propiedad privada.
Según la exposición de motivos, la propuesta busca resolver esa situación mediante una delimitación por ley, al considerar que esa es la vía jurídicamente viable para disminuir los límites de un territorio indígena. El proyecto también señala que el procedimiento debe respetar la consulta previa, libre e informada a la población originaria.
La propuesta de Delgado Ramírez señala que parte de la controversia se originó por delimitaciones efectuadas sin estudios técnicos, sin consulta a la población indígena y sin recursos para eventuales indemnizaciones. Además, argumenta que se incluyeron terrenos privados y áreas de la zona marítimo terrestre dentro de los límites de la reserva.
La propuesta legislativa plantea una reducción aproximada del 31,5% del territorio indígena, al pasar de 7.857 hectáreas a unas 5.386 hectáreas. Según ese cálculo, la pérdida alcanzaría 2.471 hectáreas. En el texto de ley se incorpora un mapa anexo y una tabla de coordenadas para fijar los nuevos linderos.
El proyecto también establece que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), financiará y ejecutará la demarcación territorial mediante amojonamiento.
El expediente incluye además un transitorio para que el Registro Nacional desafecte las fincas anotadas a raíz de la resolución 004507-F-S1-2019 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 12 de diciembre de 2019.
En esa sentencia, la Sala Primera anuló parcialmente decretos ejecutivos de 1996 y 2001 que habían reducido el territorio, precisamente por falta de consulta previa obligatoria. Esa sentencia restableció los límites originales del territorio, incluida la zona costera.
Bloque Verde cuestiona el proyecto
En un pronunciamiento, el colectivo ecologista Bloque Verde señaló que la iniciativa pretende revertir los alcances del fallo de la Sala Primera. El colectivo también advirtió que el proyecto vulneraría el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por considerar que la consulta debe realizarse antes de la formulación de una propuesta legislativa de este tipo y no solo durante su trámite.
El pronunciamiento también cuestiona que el proyecto utilice la situación de propietarios no indígenas de buena fe como fundamento para modificar los límites. El colectivo sostiene que la Ley Indígena ya contempla una solución mediante reubicación, expropiación o indemnización, y señala que la Sala Primera ordenó al Inder y a la Conai iniciar esos procesos de expropiación.
Según la agrupación, el Estado incumplió esa orden judicial y ahora la propuesta busca rediseñar el mapa para excluir fincas de terceros del territorio indígena, trasladando a la comunidad de Këköldi las consecuencias de esa falta de ejecución institucional.
Que el Estado haya incumplido su propia sentencia no puede convertirse en argumento para despojar a una comunidad indígena de su territorio ancestral”.
Bloque Verde advirtió que la iniciativa aumentaría la vulnerabilidad territorial del pueblo Bribri de Këköldi y beneficiaría intereses vinculados con la especulación inmobiliaria. Además, llamó a revisar el contenido y las implicaciones del proyecto, por considerar que podría sentar un precedente para otros territorios indígenas con presencia de ocupantes no indígenas.
“Esto no solo agrava la deuda histórica, sino que alimenta escenarios de conflicto, como los que ya se viven en procesos de recuperación territorial, marcados por la violencia, la impunidad y la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado”, alertaron.
El proyecto fue presentado el pasado 27 de abril y aún no tiene una comisión asignada para su estudio.