Empiezo estas cuartillas por lo más importante: a la presidenta Laura Fernández le deseo lo mejor. Tiene una oportunidad única de entregarnos, al cabo de cuatro años, un país más humano y más justo. Lo que diré aquí no debe ser tomado como un consejo no solicitado, que sería presuntuoso de mi parte ofrecer y que ella, en todo caso, no necesita. Lo que reflejaré aquí son solo mis esperanzas como ciudadano en los primeros días de esta nueva etapa en la travesía política de Costa Rica. Mi mayor anhelo es que la señora presidenta vea su tarea no como una de retribución a sus enemigos, sino de reconciliación de la sociedad; no una de imposición de un proyecto político, sino una de construcción colectiva de un proyecto en el que participemos todos; no una de refundación de la República, sino una de recuperación de los valores de la democracia excepcional que supimos ser.
El país que eligió a la presidenta Fernández abrumadoramente entiende que el statu quo es indefendible, que son muchas las injusticias y fracturas que ha ido acumulando nuestro modelo de desarrollo, y que nuestro sistema político y sus instituciones hace muchos años dejaron de responder a las demandas de la sociedad. Todo eso es cierto y lleva razón la presidenta cuando lo señala.
Pero tengo para mí que también es un país que no quiere vivir polarizado ni abjurar de lo mejor de su historia política. Es un país que quiere que quienes le gobiernan traten de resolver los problemas reales de la gente y no solo explotarlos políticamente semana tras semana; que espera que los gobernantes se dediquen a construir puentes de diálogo y no a dinamitarlos; que desea que quienes lo representan entiendan que lo cortés no quita lo valiente, que la autenticidad no es igual a la vulgaridad y que la civilidad no es un signo de debilidad, sino de respeto. Estoy convencido, también, de que es un país que sabe bien que es ofensivo decir que en Costa Rica tuvo hasta el 2022 una dictadura de 70 años, que entiende que la elección incuestionable del presidente Rodrigo Chaves y ahora de la presidenta Fernández es, más bien, la prueba elocuente de las virtudes de su democracia y que comprende que, si hemos de transformar nuestras instituciones, lo que nos toca, como en la conocida expresión, es vaciar el agua sucia de la tina sin tirar al bebé que está en ella.
Por eso, si he de hacer una sola sugerencia respetuosa a quienes gobiernan a Costa Rica hoy, es que no conviene dejarse llevar por una pulsión refundacional. El resultado electoral —en el que el partido vencedor obtuvo menos de la mitad de los votos presidenciales y legislativos— no le permite a nadie imponer un nuevo modelo político al país. Aún más, hasta donde puedo ver, nadie quiere ni necesita una Tercera República. Lo que la gente quiere es saber que sus hijos van a ir a la escuela sin quedar metidos en una balacera entre narcos; que quien necesita hacerse una resonancia magnética en la Caja no tendrá que esperar durante años; que no estamos condenados por el resto de la vida a gastar 3 o 4 horas al día en desplazarnos al trabajo y a la casa en medio de un colapso vial; que quien va a iniciar una familia tiene alguna posibilidad, así sea pequeña, de comprar una vivienda sin que un banco le haga sangrar; que quien tiene una pequeña empresa encontrará en el Estado un aliado que, con trámites ágiles, capacitación y crédito, lo ayude a crecer y no, como ahora, un agresor que lo acosa a cada paso del camino. La gente no quiere revoluciones, sino soluciones. Hay que volver a lo básico: el mayor bienestar para el mayor número.
Me parece que ese bienestar solo es posible construirlo con amplios acuerdos políticos y sociales en torno a temas puntuales, proceso en el que el liderazgo de la señora presidenta es insustituible. Por ello, tengo para mí que mejor que proponer una Tercera República sería plantear un acuerdo no solo de todos los poderes del Estado, sino de toda la sociedad, que permita enfrentar al crimen organizado, como ha sucedido en Italia desde los años 80. ¿Por qué no planteamos un pacto que no empiece con una megacárcel, sino con un compromiso para mejorar drásticamente las herramientas tecnológicas y las capacidades de inteligencia de las autoridades policiales y judiciales, con el fin de obstruir los flujos financieros de las organizaciones criminales? ¿Por qué no diseñamos juntos un proyecto para ocupar con toda la institucionalidad del Estado —desde la Fuerza Pública hasta el Ministerio de Cultura— los territorios donde hoy manda el narco? ¿Por qué no planteamos este proyecto, costoso como pocos y urgente como ninguno, como un pacto nacional en el que se involucre a la inmensa mayoría de los partidos políticos, del sector empresarial, de los medios de comunicación y de la sociedad civil que no ha sido contaminada por el crimen organizado?
Mejor que proponer una Tercera República, tal vez sea echar a andar las reformas que modifiquen la calamitosa trayectoria de nuestra educación pública. ¿Por qué no discutimos las medidas que aseguren su financiamiento sostenible, que den mayor voz y opciones a los padres y madres de familia, que protejan la dignidad y la autonomía de los docentes y administradores, a cambio de su rendición permanente de cuentas? ¿Por qué no empezamos ya a convertir al INA y las universidades públicas en una plataforma accesible de educación permanente para que todos los costarricenses desarrollen su potencial del modo en que lo requieren los inmensos cambios económicos que estamos viviendo? ¿Por qué no hablamos de la posibilidad de capacitar a cada ciudadano en el uso de la inteligencia artificial y asegurarle acceso subsidiado a alguna plataforma adecuada, como lo ha empezado a hacer Malta, un país pequeño como el nuestro?
Antes que proponer una Tercera República, quizá nos convenga más iniciar un debate impostergable sobre cómo asegurar la sostenibilidad de las pensiones en un país que, al igual que el resto de América Latina, experimenta un colapso de su tasa de natalidad. ¿Por qué no empezamos ya a construir juntos ese delicadísimo acuerdo, que casi con seguridad implicará aumentar las cuotas de la seguridad social y la edad de retiro?
Estoy convencido de que, en vez de proponer una Tercera República, nos iría mejor si planteamos un pacto fiscal que nos haga más justos como país y torne más sostenibles las finanzas del Estado sin sacrificar, como hoy, la inversión en los programas sociales universales —salud y educación públicas— de los que depende nuestro desarrollo humano futuro. ¿Por qué no convenimos, además, en que ese pacto incluya una revisión a fondo de la calidad del gasto público, como las que hace rutinariamente la OCDE en casi todos sus miembros, que incluyen a Costa Rica?
En vez de proponer una Tercera República, se me ocurre que es mejor hablar sobre la multitud de medidas disponibles para oxigenar un sistema representativo que representa mal a nuestra sociedad y, en particular, a la juventud. ¿Por qué no planteamos una reforma del sistema electoral, que combine listas partidarias y distritos electorales uninominales en los que la gente realmente sepa por quién vota para diputados, como lo han hecho Alemania y tantos otros países que han seguido su ejemplo? ¿Por qué no discutimos la introducción de asambleas ciudadanas, elegidas al azar, donde gente de a pie, proveída con información experta, delibere y haga recomendaciones a los órganos representativos sobre temas delicados de política pública, desde la regulación del aborto hasta la exploración petrolera, como está sucediendo hoy en toda Europa? ¿Por qué no debatimos si conviene reducir la edad para emitir el voto a 16 años, como lo está discutiendo el Reino Unido y lo han hecho ya Austria y Brasil, entre otros países, ante la evidencia de que alguien de 17 años está hoy por lo menos tan informado como el votante promedio mayor de edad y que, en la práctica, las decisiones de los sistemas democráticos están casi siempre sesgadas contra los intereses de los jóvenes?
Podría seguir. El punto es que nada de esto requiere de una Tercera República. Lo que demanda de la presidenta y de todos los actores políticos es voluntad de diálogo, valor para coincidir, pragmatismo y lucidez para comprender que la polarización política es una ruta suicida para un país del tamaño de Costa Rica, que navega solo en las aguas tormentosas de un mundo cada vez más incierto y volátil. La polarización y el sectarismo son lujos a los que no tenemos derecho los costarricenses. Tenemos que encontrar la manera de vivir juntos en un país pequeño que nos necesita a todos.
Acabo diciendo que escribo estas líneas en Sudáfrica, la patria de Nelson Mandela, el más grande líder político del último siglo. Mandela hizo de un principio de su cultura, el ubuntu, la piedra basal sobre la que este país construyó su milagrosa transición desde la barbarie del apartheid a la democracia plural que es hoy. En el ubuntu solo entendemos nuestra propia humanidad a partir de nuestra interdependencia con los demás: soy porque somos. El ubuntu, el reconocernos primero como seres humanos que comparten un destino, se me hace clave para tener una sociedad reconciliada y una democracia en la que podamos vivir juntos. La presidenta Fernández tiene la oportunidad de gobernar a Costa Rica con el espíritu de Mandela, haciendo de ella un lugar donde quepamos todos y sea entre todos como encontremos soluciones a nuestros problemas. Mi esperanza es que abrace esa extraordinaria oportunidad con ambas manos.