PLN, FA, CAC y PUSC presentaron tres apelaciones contra la resolución de la presidenta legislativa.
Los portavoces de las bancadas de oposición fustigaron este jueves a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, por ordenar el archivo de la denuncia por hostigamiento sexual presentada contra el exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz.
La reacción se produjo después de que Jiménez resolviera no someter a discusión ni votación del plenario el expediente 25.400, al considerar que la Asamblea Legislativa perdió competencia para sancionar a Alvarado luego de que dejara de ser diputado al finalizar el periodo constitucional 2022-2026.
En una conferencia de prensa posterior a la lectura de la resolución, diputaciones del Frente Amplio, el Partido Liberación Nacional, la Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana acusaron a Jiménez de abrir una vía de impunidad y anunciaron que apelarán la decisión.
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, calificó lo ocurrido en el plenario como “un acto vergonzoso” y sostuvo que la resolución carece de fundamento jurídico.
Hoy, lamentablemente, hemos presenciado un acto vergonzoso, carente de fundamento jurídico que más bien implica garantizar y reforzar la impunidad para los acosadores sexuales. Hemos presentado una resolución donde hemos presenciado una resolución donde en esta Asamblea Legislativa se pretende institucionalizar la red de cuido y la protección para los acosadores sexuales, enviando una señal peligrosísima y vergonzosa a todas las mujeres que sufren acoso sexual en Costa Rica".
Villalta rechazó el argumento de la Presidencia legislativa de que llevar el expediente a votación podría configurar el delito de prevaricato. Según el diputado, la resolución de Jiménez “dice que pretende evitar el prevaricato, pero que en sí misma comete prevaricato”.
El legislador afirmó que el procedimiento contra Alvarado inició cuando este aún ejercía como diputado y que, durante ese trámite, el exlegislador pudo ejercer su derecho de defensa. Por esa razón, defendió que el plenario mantiene la obligación de conocer los informes de la comisión investigadora.
Aquí no estamos hablando de una denuncia que se presentó contra un exdiputado. Es una denuncia que se presentó contra un diputado en el ejercicio del cargo y todo el procedimiento con base en la Ley de Acoso Sexual se realizó siendo el señor diputado quien pudo ejercer su derecho de defensa hasta que se rindieron los informes ante el plenario".
Villalta también sostuvo que el proceso penal abierto ante el Juzgado Penal de Desamparados no sustituye el trámite disciplinario legislativo, porque se trata de vías distintas. "Una cosa es la responsabilidad penal. Hay un proceso penal porque el acoso sexual habría sido tan grave que también podría constituir delito de abuso sexual. Pero una cosa es el abuso sexual y otra cosa es el acoso. El acoso sexual no es en sí mismo un delito y por eso, según la ley, se investiga en el ámbito laboral, disciplinario”, agregó.
La diputada unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, también cuestionó la decisión de Jiménez y afirmó que el plenario sí puede concluir el procedimiento sancionatorio contra Alvarado.
Yo primero quiero decir que como mujer me siento absolutamente indignada de la vergüenza que acabamos de presenciar el día de hoy en este plenario. Peor aún, que esa vergüenza haya sido defendida por otras mujeres. Es importante decir que es absolutamente falso que este plenario no pueda dar finalización al procedimiento sancionatorio contra el señor Fabricio Alvarado”.
Dobles sostuvo que la propia Presidencia de la Asamblea Legislativa repartió los informes finales del caso a las 57 diputaciones para que pudieran analizarlos antes de una eventual votación. Además, dijo que varias fracciones solicitaron en reunión de jefaturas que se definiera una fecha para conocer el expediente.
La legisladora acusó al oficialismo de buscar una “justificación legal que no existe” para evitar la votación del caso.
Para mí lo que sucede hoy es muy claro, es una justificación vergonzosa para evitarse la vergüenza de votar protegiendo al señor Fabricio Alvarado, porque eso es lo que quieren evitar. Están buscando una justificación legal que no existe para no votar en contra de sancionarlo".
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez Bogantes, calificó la decisión como “indignante” y afirmó que el mensaje enviado por la Asamblea Legislativa es de “impunidad ética” e “impunidad moral”.
Ramírez recordó que, según su versión, la fracción liberacionista solicitó a Jiménez llevar el expediente a votación para concluir el procedimiento. También contrastó el criterio usado por la Presidencia con el informe previo del Departamento de Asesoría Legal, que, según dijo, permitió concluir que el plenario sí podía votar.
El liberacionista también afirmó que el caso no responde únicamente a una discusión legal, sino a una decisión política de proteger a Alvarado.
No es que estamos de frente a un tema legal. Aquí lo que hay es evidentemente un tema de protección. La red de cuido, de seguir protegiendo acosadores y esa es la señal que no queremos que se vuelva a repetir en esta Asamblea Legislativa”.
La diputada unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko López, afirmó que el oficialismo “le dio la espalda” a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien denunció públicamente durante la campaña electoral presuntas conductas de hostigamiento por parte de Alvarado.
Gordienko leyó un extracto de una resolución de la Defensoría de los Habitantes que, según indicó, llegó el miércoles, pero no se compartió con las jefaturas de fracción, y en el cual se pedía a la nueva integración legislativa valorar los informes técnicos existentes en el expediente.
La socialcristiana también citó el criterio de la Asesoría Jurídica de la Asamblea Legislativa, según el cual la sanción prevista en el reglamento tiene carácter ético y no exige que la persona denunciada siga en funciones.
Por lo que no es necesario ni material ni jurídicamente que la persona diputada se encuentre en ejercicio de sus funciones, sino que lo requerido jurídicamente es que el hecho generador de la denuncia se hubiese cometido cuando esa persona era diputada".
Las bancadas de oposición presentaron minutos después tres mociones de apelación en contra de la resolución de Jiménez, las cuales para aprobarse requerían que la mitad más uno de los presentes votara a favor, un escenario improbable dada la mayoría numérica del partido oficialista. Al final, los 29 oficialistas presentes respaldaron la resolución de la presidencia, mientras que los 24 diputados de oposición presentes apoyaron la apelación.
