La discusión sobre la modernización del Sistema Eléctrico Nacional no debe verse únicamente como un debate técnico del sector energético. Para Costa Rica, se trata de una conversación estratégica sobre competitividad, inversión, comercio exterior y capacidad productiva. En una economía pequeña, abierta y altamente integrada a los mercados internacionales, el costo, la calidad y la continuidad del suministro eléctrico inciden directamente en la posibilidad de producir, exportar, atraer inversión y generar empleo formal.
El proyecto de ley 23.414 para la Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, plantea una actualización necesaria del modelo eléctrico costarricense. Su objetivo de impulsar eficiencia, sostenibilidad, confiabilidad, calidad y menor costo para los consumidores responde a una necesidad real del país: contar con energía limpia, segura y competitiva, pero también con reglas modernas que permitan incorporar nuevas tecnologías, esquemas de negocio y formas más eficientes de planificación.
Para los sectores vinculados al comercio exterior, la electricidad no es un insumo más. Es un factor crítico para la industria, la logística, la cadena de frío, los centros de distribución, la manufactura avanzada, la digitalización, la operación de servicios globales y la atracción de empresas que buscan instalarse en países con energía confiable y previsible. Una tarifa eléctrica poco competitiva o una planificación insuficiente puede convertirse en una barrera silenciosa para invertir, ampliar operaciones o competir en mercados internacionales.
La iniciativa también introduce elementos relevantes como el fortalecimiento de la planificación energética, la definición de autoridades del sistema, la creación de ECOSEN como ente coordinador, el desarrollo gradual del Mercado Eléctrico Nacional y la participación de agentes como generadores, distribuidores, comercializadores, agregadores y grandes consumidores. Bien implementados, estos componentes pueden mejorar la transparencia, ordenar las señales del mercado, facilitar inversiones y promover un uso más eficiente de los recursos.
Costa Rica ha construido una reputación internacional sobre la base de su matriz renovable y su compromiso ambiental. Sin embargo, esa ventaja debe complementarse con competitividad en costos, innovación regulatoria y capacidad de adaptación. La sostenibilidad, por sí sola, no basta si el sistema no ofrece condiciones adecuadas para producir y competir. El reto es armonizar energía limpia con eficiencia económica, seguridad jurídica y visión productiva.
Como toda reforma estructural, el proyecto requerirá reglamentación cuidadosa, gradualidad, supervisión técnica y espacios de mejora. Pero postergar indefinidamente la modernización del sistema eléctrico implicaría mantener rezagos en un campo decisivo para el desarrollo nacional. El país necesita anticiparse a las nuevas demandas energéticas de la industria, la electromovilidad, la automatización, la inteligencia artificial, la logística moderna y los servicios intensivos en tecnología.
Desde la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) consideramos que este tipo de reformas deben analizarse desde una visión integral de competitividad país. La energía impacta transversalmente la operación de las empresas importadoras, exportadoras, industriales, comerciales y de servicios. También incide en la capacidad de Costa Rica para integrarse a cadenas globales de valor, atraer operaciones de mayor sofisticación tecnológica y sostener su posición como destino confiable para la inversión extranjera directa.