En Costa Rica, las niñas y adolescentes menstruantes pueden llegar a perder hasta 48 días de su curso lectivo por la falta de acceso a productos menstruales, por infraestructura insuficiente o por los estigmas que todavía persisten dentro de sus familias y comunidades, este fue uno de los datos que más nos dolió cuando empezamos la campaña de Cambiemos la Regla.
Y es que durante esos años, lo más común fue recibir mensajes de mujeres, profesoras y organizaciones, principalmente de zonas rurales y costeras, pidiéndonos productos menstruales porque no tenían cómo comprarlos, en su momento no lo podíamos cuantificar pero sabíamos la necesidad que había, no solo de productos pero también de Educación Menstrual.
El año pasado Essity sacó un informe de Salud Menstrual donde esto que nos pasó venía reflejado en números, en esta encuesta preguntaron: "¿Ha tenido que usar materiales improvisados como papel higiénico, ropa vieja u otros por no tener acceso a productos adecuados?"
Un gran número respondieron que sí en algún momento, pero hay un dato dentro de ese resultado que no podemos dejar pasar y es que un 5% respondió que recurre a productos improvisados de forma frecuente. Parece poco, hasta que vemos en detalle de dónde viene, y es que casi la mitad de ese 5% eran personas menstruantes de zonas rurales. No es un número pequeño, es la cara más cruda del problema concentrada en las personas que ya cargan con más barreras.
Por esto es que la menstruación la debemos ver como un tema político y un tema de salud pública. Porque no podemos permitir que menstruar dignamente se convierta en un privilegio. Tener un baño con basurero, papel, agua potable y jabón, en casas y colegios, no debería ser un lujo.
Este año nuestro país inició con 119 centros educativos en condición sanitaria crítica, y esto hay que verlo con más detalle que un simple "están perdiendo clases". Si esos 119 centros no intervienen para garantizar una infraestructura adecuada, no solo estamos excluyendo a esa población de su derecho a la educación, también la estamos excluyendo de sus derechos menstruales.
Y las mujeres y personas menstruantes que no pueden acceder a sus Derechos Menstruales viven dentro de un ciclo de violencia que escala con el tiempo. Un ciclo lento pero persistente que las empieza a apartar de sus actividades diarias, como la educación, y las lleva a la posibilidad de nunca poder alcanzar su autonomía y vivir plenamente sus Derechos, incluyendo la autonomía económica
Porque también la menstruación pasa por la economía, en promedio, las mujeres y personas menstruantes podemos llegar a usar unas 15.000 toallas a lo largo de toda nuestra vida menstrual. Calculado con la marca más económica, eso representa cerca de un millón y medio de colones invertidos solo en este producto, una cifra que cambia, claro, según el producto, la marca y el tiempo.
Ahora, si pensamos en un solo día de menstruación, donde se necesitan unas cinco o seis toallas para cumplir con las normas recomendadas de uso para las toallas, el peso de ese gasto se vuelve evidente. Con una de las marcas más económicas del mercado un paquete de 10 toallas costaría ₡780, ese día cuesta alrededor de ₡470. Para una persona del 10% más pobre de la zona rural, que en 2025 vive con apenas ₡1.540 al día según la Encuesta Nacional de Hogares del 2025, eso significaría destinar cerca del 30% de todo lo que tiene para esa jornada solo a productos menstruales. Un tercio del día, en competencia directa con la comida, el transporte y todo lo demás.
Y es que los derechos menstruales hay que empezar a verlos de forma integral, y con cuatro pilares básicos:
- Acceso a servicios de salud.
- Acceso a infraestructura.
- Acceso a educación basada en ciencia.
- Acceso a productos menstruales y de higiene.
La educación, el poder tener toallas, un baño funcional y un servicio de salud que de acompañamiento no es un lujo, debería ser un derecho que todas las personas puedan vivir.
Porque sí, menstruar es político. Porque atraviesa la salud, la educación, la economía y la dignidad de la mitad de la población. Y mientras sigamos tratándolo como un asunto privado, que cada quien resuelve en silencio y como puede, seguiremos permitiendo que menstruar con dignidad dependa de dónde se nace y con qué privilegio.
Hablar de menstruación no es un gesto simbólico, porque verdaderamente es una conversación que puede cambiar vidas si logramos construir políticas públicas. Todavía tenemos un largo camino por delante, pero también la oportunidad de construir un país donde menstruar no cueste la educación, la salud ni la dignidad de nadie.