Me parece bien que ciertas personas critiquen, cuestionen e inviten a las comunidades a reflexionar, a través de distintos espacios digitales, acerca de acontecimientos que suceden en el país; en otras palabras, considero estupendo que existan quienes ponen en práctica los honores de vivir en una “democracia” (contrario a otros países, Costa Rica sigue siendo, honorablemente, un país muy privilegiado, de cara al mundo), respecto a la inversión del actual gobierno costarricense, de una suma bastante elevada, 74 millones de colones para ser exactos, en un proyecto que pretende mejorar el inglés de los ciudadanos (“Hello Brete”), a través de Open English, en vez de hacer quizás una mejor inversión: en medios locales (como el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo) o mediante una aplicación o plataforma propias, con personal costarricense.
Los aspectos anteriores se pueden discutir, desde diferentes posturas. En eso consiste buena parte de una democracia. Los acuerdos y giros con una potencia como Estados Unidos (por algunos años Demócrata, por algunos años Republicana, y así consecutivamente), tal y como ha existido con otras potencias como China, son claros y notables. Este no es un asunto de hoy (la “infoxicación” provoca esta impresión; es algo comprensible).
En Costa Rica —como en buena parte de las democracias contemporáneas— se ha instalado una forma cómoda de la crítica: aquella que se ejerce con entusiasmo contra el poder político, pero que se vuelve cautelosa, cuando no cómplice, frente al poder cultural y académico. Se trata de una asimetría reveladora. Porque si bien cuestionar decisiones gubernamentales es no solo legítimo, sino necesario, limitar la vigilancia crítica a únicamente ese ámbito constituye, en el mejor de los casos, una ingenuidad y en el peor, una estrategia.
Cualquier discusión, incluso bien planteada o con fórmulas retóricas eficientes, corre el riesgo de convertirse en cortina de humo si no se acompaña de una revisión más incómoda: la de aquellos espacios que, sin pasar por las urnas, influyen decisivamente en la formación de criterios que llegan a adquirir legitimidad institucional.
Desde hace varios años, ciertos sectores universitarios han construido un relato de autoridad crítica que no siempre resiste la prueba, y aquí entran figuras como las del ideólogo y la del sicario cultural. La apelación constante a nombres como Antonio Gramsci es sintomática: su concepto de “intelectual orgánico”, pensado para describir la articulación entre cultura y poder, ha terminado funcionando como una coartada retórica para prácticas mucho más prosaicas. Se invoca a Gramsci (a la manera de culto), pero rara vez se le lee con la complejidad que exige; se le cita, pero sobre todo se le utiliza, transmite e impone (como un “chip” en la cultura letrada).
La paradoja no es menor: varias de las personas que más insisten en denunciar los mecanismos de dominación simbólica parecen reproducirlos con notable eficacia. No en abstracto, sino en prácticas concretas: programas de estudio homogéneos, marcos interpretativos cerrados y una sospechosa intolerancia hacia la disidencia: al extremo de escribir a revistas científicas a amenazar y amedrentar, exigiendo que eliminen ciertos artículos. ¿Cancelación? Cuando la crítica académica es respondida con presiones, descalificaciones o maniobras de silenciamiento, el problema deja de ser anecdótico. Se trata, más bien, de un síntoma de degradación institucional en donde el líder u operador merece la etiqueta de “sicario cultural”-
A este cuadro se suma una herramienta particularmente eficaz —y particularmente pobre—: la inflación de etiquetas ideológicas, promovidas más por emoción que por pensamiento. En ciertos circuitos, basta con cuestionar las dinámicas del espectáculo cultural o la lógica de las redes sociales para ser rápidamente clasificado bajo rótulos previsibles. Esta operación no busca esclarecer, sino clausurar. Es, en esencia, una forma de pereza orgánica.
Lo llamativo es que tales críticas tienen una genealogía que estos mismos circuitos parecen ignorar. Por ejemplo, Guy Debord formuló, desde una tradición marxista, una crítica radical a la espectacularización de la vida social. Pasarlo por alto no es una diferencia de enfoque: a mi modo de ver es una omisión que empobrece deliberadamente el debate. Algo similar ocurre con Gustavo Bueno, quien advirtió sobre el uso mitológico de categorías políticas —como izquierdas o derechas— que, lejos de explicar la realidad, la simplifican hasta volverla irreconocible.
En el campo literario, la situación no es más alentadora. La recepción de críticos destacables como Martín Rodríguez Gaona ha estado marcada, en algunos sectores, por una mezcla de ligereza y suficiencia difícil de justificar. Reducir su trabajo a etiquetas ideológicas o confundirlo con tradiciones críticas distintas —como la de Ángel Rama— no es una interpretación discutible: es, sencillamente, no haber leído con el mínimo rigor. Sin embargo, ese tipo de intervenciones circulan con una seguridad que solo puede explicarse si hacemos notar la ausencia de mecanismos reales de exigencia intelectual. Para ello, debemos llamar a las “fenómenos” por su nombre. Tales dinámicas provienen de aquellos perfiles que don Enrique Góngora denominó “pachucos intelectuales”.
Más preocupante aún es la consolidación de prácticas que bordean lo inaceptable: profesores que reaccionan ante el escrutinio con estrategias de intimidación; redes de legitimación que premian la afinidad antes que el mérito; figuras culturales cuyas trayectorias plantean interrogantes serias —en el ámbito político, ético e incluso legal— y que, sin embargo, son elevadas, sin mayor resistencia, al rango de referentes, a partir del culto al líder. No se trata aquí de escándalo fácil, sino de algo más básico: la necesidad de coherencia entre lo que se predica y lo que se practica.
Creo que el problema se encuentra más allá de la superficie: no es la existencia de malas lecturas, oportunismos o abusos —comúnmente inevitables en cualquier campo—, sino la normalización de todo ello bajo una capa de respetabilidad institucional. Allí donde el prestigio sustituye al argumento, y la afiliación al pensamiento, la crítica deja de cumplir su función para convertirse en un ritual, un ritual que precisamente fortalece a quienes dañan desde adentro (como el comején).
De ahí que el llamado a cuestionar no pueda ser selectivo. No basta con exigir rendición de cuentas a los gobiernos; es igualmente necesario examinar a quienes, desde la academia y la cultura, moldean los marcos desde los cuales esa misma rendición se vuelve pensable —o impensable—.
Una democracia no se erosiona únicamente por malas decisiones políticas. También se desgasta cuando sus élites culturales renuncian al rigor, cuando el debate se reduce a etiquetas y cuando la crítica, en lugar de incomodar, se acomoda. Ese deterioro, a diferencia de otros, rara vez hace ruido, pero deja huella.
Por tales razones, no nos olvidemos de levantar la voz contra cualquier gobierno de turno, pero también contra quienes son capaces de emprender cualquier tipo de acciones y de tergiversar discursos, en su beneficio, aunque eso afecte a la mayoría de costarricenses, a esos sectores que sufren de pobreza, viven en condiciones muy vulnerables, no conviven ni pueden hablar desde posiciones de poder ni tienen un alto capital de valor, para ser escuchados y mucho menos para lograr construir un relato que acapare la atención y el sueño, ante las largas horas de trabajo, de las masas más desfavorecidas por el statu quo, como ellos lo hacen, llamando a todo aquello que les incomode o sea diferente: “ultraderecha conservadora” y en el mayor de los extremos: “fascista”.
En ese sentido, la exigencia de revisión no puede ser selectiva y disminuirse a etiquetas ideológicas ni cargas de banalidad. Propongo incluir tanto a las instituciones políticas como a los espacios culturales y académicos que contribuyen a definir qué es discutible y qué no lo es, sin pachuquismos, sin violencia, con educación y mesura. Esta me parece una manera sana y sensata para que el debate público llegue a sostener un nivel de complejidad acorde con las sociedades democráticas que aspiran a comprenderse a sí mismas y a fortalecer sus identidades históricas.