El debate en la Asamblea Legislativa sobre el expediente 23.414, la llamada "Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional", se ha transformado en un preocupante espectáculo de sombras. En lugar de iluminar al país sobre el futuro de su energía, los dos bandos en disputa han optado por la estrategia más vieja y efectiva de la política: infundir miedo. Entre gritos, descalificaciones y verdades a medias, la ciudadanía asiste confundida a una discusión crucial, atrapada en un fuego cruzado de relatos apocalípticos.
Por un lado, el oficialismo y los defensores a ultranza del proyecto agitan el fantasma del apagón y el estancamiento económico. Se nos advierte, casi en tono de amenaza, que si la ley no pasa, las costas se quedarán a oscuras y las zonas francas empacarán sus maletas por falta de capacidad eléctrica. Al otro extremo del cuadrante, la oposición y los sectores sindicales contraatacan con el miedo al desmantelamiento: aseguran que la ley es el acta de defunción del ICE, el fin del modelo solidario y la subida inmediata de las tarifas para los hogares.
¿El resultado? Una desconexión total con el costarricense de a pie. Ninguna de las partes ha tenido el tacto, la madurez ni la decencia de sentarse a explicar el proyecto con manzanas. Nadie explica, de forma llana, qué significa "armonizar" el mercado, cómo operaría el propuesto del Ente Operador del Sistema y Mercado (ECOSEN), o qué pasará realmente con la generación privada. En su lugar, el diálogo se ha sustituido por la denigración de quien piensa diferente. Si criticás el proyecto, sos un "defensor de monopolios obsoletos"; si tenés dudas legítimas sobre su redacción, sos un "enemigo del desarrollo".
Costa Rica no se merece esto. Nuestro modelo eléctrico ha sido un pilar de desarrollo humano y ambiental envidiable a nivel mundial, pero es innegable que enfrenta desafíos reales ante las crisis climáticas y el aumento de la demanda. Negarse a modernizarlo por dogma es un error; pero abrirlo a la carrera, sin consensos profundos y bajo la presión de la narrativa del pánico, es una irresponsabilidad mayúscula.
Este proyecto requiere cautela, no velocidad de campeonato. Requiere que se baje el volumen a los megáfonos y se le suba el tono al análisis técnico y transparente. Los diputados y el Poder Ejecutivo deben comprender que legislar sobre la matriz energética del país exige un marco de respeto mutuo y, sobre todo, pedagogía social. Antes de votar en firme, la prioridad absoluta debería ser que la gran mayoría de los costarricenses comprenda qué se está cambiando y por qué. La luz del país es un asunto de Estado, no un botín para el desgaste político.