Hay verdades que un país prefiere no mirar de frente. El estado de sus hogares de larga estancia para personas adultas mayores es una de ellas.
El 20 de mayo, el OIJ, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, la Cruz Roja y la Policía Municipal llegaron al Hogar Manos de Jesús, en Guadalupe de Cartago. Adentro vivían entre 75 y 80 personas adultas mayores. Afuera, familias que llevaban meses sospechando que algo andaba muy mal.
Según el fiscal general Carlo Díaz, las conductas bajo investigación —iniciada a finales de 2025 tras la denuncia de un residente— incluyen presuntas sedaciones, restricción de alimentos como castigo, supuesta supresión de líquidos para reducir cambios de pañal, encierros en un cuarto de aislamiento, desaparición de pertenencias y pensiones, y el fallecimiento de algunos residentes en circunstancias que las autoridades deben esclarecer. Son alegaciones en proceso; nadie ha sido condenado.
El Juzgado Penal de Cartago ya impuso medidas cautelares a seis personas —el presidente de la junta directiva, cuidadores, trabajadora social y personal de salud— con prohibición de salir del país, acercarse a testigos e ingresar al centro.
Un síntoma, no una excepción
Sería cómodo leer lo ocurrido en Manos de Jesús como un hecho aislado. Los datos no permiten esa lectura. Apenas seis semanas antes del allanamiento, la Defensoría de los Habitantes publicó un informe revelador: el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) reportó seis centros con órdenes sanitarias activas; el Ministerio de Salud registraba al menos 36. Treinta centros de diferencia entre dos instituciones del mismo Estado. La Defensoría también documentó centros con cierre técnico fuera de los registros oficiales e intentos de reapertura bajo nuevas razones sociales sin cumplir requisitos de ley. No es un problema de información desactualizada: es un problema de gobernanza.
En junio de 2025, el Ministerio de Salud ya había suspendido el permiso del Hogar Fray Casiano de Madrid, en Miramar de Puntarenas, por presuntos malos tratos, manejo inadecuado de medicamentos y condiciones sanitarias deficientes. El Estado conocía ese centro, lo subsidiaba, y tardó en actuar.
El caso no es toda la realidad
Lo que ocurrió en Manos de Jesús no puede convertirse en el espejo con el que el país mire a todos sus hogares de larga estancia. Sería una injusticia. En Costa Rica existen organizaciones que llevan décadas construyendo modelos de atención gerontológica rigurosos, con equipos interdisciplinarios, protocolos claros y una cultura institucional genuinamente centrada en la persona adulta mayor. Esos centros merecen reconocimiento, no el estigma de una generalización apresurada.
Comprender la realidad de un hogar de ancianos requiere interpretación gerontológica. Es el lugar de vida de personas con grados variables de dependencia física y psicológica, con historias, preferencias y derechos que no se suspenden al cruzar la puerta de ingreso. Esa complejidad demanda formación especializada, no buena voluntad sola. Pero esa realidad nunca puede servir de argumento para relativizar ninguna forma de violencia. La línea es clara: el maltrato es inaceptable, punto.
El modelo que el país necesita
El caso le plantea a Costa Rica una pregunta que va más allá de la responsabilidad penal: ¿qué modelo de atención queremos para las personas adultas mayores en los hogares de larga estancia? La gerontología contemporánea ofrece respuestas concretas. El enfoque de atención centrada en la persona parte de un principio simple: la persona adulta mayor no es un objeto de cuidado sino un sujeto de derechos, cuyas preferencias, autonomía y proyecto de vida deben orientar cada decisión del centro.
A ese enfoque debe sumarse una gestión basada explícitamente en derechos: que cada protocolo y cada práctica cotidiana pueda rastrearse hasta una garantía reconocida en la Ley 7935 de Protección a la Persona Adulta Mayor o en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, y que ante cualquier desviación exista un mecanismo para identificarla, corregirla y reportarla, sin esperar al OIJ. Eso no es posible sin profesionalización. Las juntas directivas y los administradores de estos centros no pueden seguir operando sin competencias técnicas en gerontología, gestión de organizaciones sociales, ética del cuidado y legislación vigente. El voluntarismo tiene valor, pero no sustituye la formación. El Estado —a través del Conapam, el IMAS y el Ministerio de Salud— tiene la obligación de crear, exigir y sostener rutas de capacitación obligatoria para quienes gestionan estos centros.
El presupuesto es una decisión política
En Costa Rica no existe un solo hogar de larga estancia de gestión pública. Todos son privados —mayoritariamente asociaciones sin fines de lucro según la Ley 218— que operan con autorización del Ministerio de Salud y acceden a subsidios del Conapam y fondos de la Junta de Protección Social si cumplen los requisitos. Estos recursos deben amparar a personas en pobreza. El subsidio actual, que varía según el grado de dependencia, está lejos de cubrir el costo real de una atención digna.
Los centros que aun así logran condiciones adecuadas lo hacen a pesar del sistema, no gracias a él. Si el Estado quiere exigir calidad, debe financiarla, debe hacer una revisión honesta de los costos de atención, de los mecanismos de seguimiento efectivos y de la voluntad de tratar el cuidado de las personas adultas mayores como inversión social, no como gasto prescindible.
La oportunidad que no debemos desperdiciar
Costa Rica tiene hoy una oportunidad concreta. El caso Manos de Jesús ha puesto el tema en la agenda pública. La Defensoría ya solicitó información formal al Conapam, al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Cartago. La pregunta que ese proceso debe responder no puede limitarse a este caso: debe extenderse a todos los hogares de larga estancia del país, empezando por los otros 35 centros con órdenes sanitarias que el Ministerio de Salud registra y que el Conapam no reconocía.
Para 2050, más de una de cada cinco personas en Costa Rica tendrá 65 años o más. El sistema que las reciba será el que estemos construyendo hoy. La Ley 7935 que protege a esa población, no establece que las personas adultas mayores merecen dignidad si el presupuesto alcanza. La establece como un derecho. Usar este momento para reformar la supervisión, profesionalizar la gestión y comprometer presupuesto no es ideología: es la única respuesta proporcionada a lo que este caso reveló. ¿Va a ser esta vez diferente?