Mandataria anunció reformas legales para cortar comunicaciones de líderes criminales desde prisión y sancionar la pertenencia a bandas.
La presidenta de la república, Laura Fernández Delgado anunció este lunes que propondrá una reforma legal para permitir la grabación en audio y video de las visitas que reciban los privados de libertad de máxima seguridad, incluidas las reuniones con sus abogados defensores, como parte de un paquete de medidas contra el crimen organizado.
El anuncio lo hizo tras la primera sesión de la "fuerza élite" de seguridad, en la cual participaron jerarcas del Poder Ejecutivo, cuerpos policiales, unidades especiales y mandos regionales de la Fuerza Pública. Según Fernández, el encuentro permitió revisar datos de inteligencia criminal, logística, movilidad, presupuesto, mapas de calor y comportamiento de bandas en distintas provincias del país.
Voy a proponer una ley para que las visitas a ese perfil de delincuente que está en máxima seguridad sean grabadas en video y en audio. Porque si no, no vamos a ganar la batalla”.
La mandataria sostuvo que algunos líderes criminales continúan operando desde prisión mediante visitas, encomiendas y comunicaciones indirectas. Fernández citó casos de integrantes de bandas que, según los datos revisados por el gobierno, permanecen presos en centros penitenciarios de alta contención, pero mantienen influencia sobre estructuras activas fuera de la cárcel.
No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando la banda criminal a la que pertenecían, o a la que siguen perteneciendo”.
Fernández también instruyó al ministro de Justicia y Paz a revisar los reglamentos penitenciarios, tras asegurar que algunos reclusos reciben grandes cantidades de comida, cigarrillos, encendedores y artículos que podrían utilizar para intercambiar información o mantener control dentro de los centros penales.
La presidenta mencionó, como ejemplo, casos de privados de libertad que tienen hasta 30 pares de zapatos tenis dentro de prisión.
Nada hace un privado de libertad con 30 pares de zapatos de lujo en la cárcel, intercambiándolos sepa Dios para qué".
La jerarca añadió que el gobierno impulsará una reforma para sancionar la pertenencia a una banda criminal. Según dijo, esa iniciativa se presentará en junio, junto con otras medidas orientadas a cortar comunicaciones, mejorar la trazabilidad de las detenciones y aumentar la coordinación entre cuerpos policiales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Ocupamos, costarricenses, una ley que sancione pertenecer a una banda criminal. Nos urge esa reforma legal y la voy a preparar. La voy a presentar el próximo mes de junio”.
Fernández aseguró que el Gobierno identificó 260 estructuras criminales en el país, de las cuales 61 mantienen confrontaciones activas. Agregó que esas agrupaciones suman 4300 miembros activos, según los datos de inteligencia policial revisados durante la sesión.
No puede ser que 4300 delincuentes le roben la paz a todo el territorio nacional”.
La presidenta también criticó la respuesta judicial frente a las detenciones realizadas por la policía. Según dijo, hay personas detenidas en múltiples ocasiones que permanecen en libertad. Como ejemplo, citó el caso de una persona que, según los datos revisados, fue “pasada” 388 veces y sigue libre.
Fernández afirmó que el gobierno empezará a elaborar informes semanales sobre aprehensiones y prisión preventiva, así como mediciones sobre la productividad e impacto de los operativos policiales.
Vamos a cambiar la forma en que se revisan los datos de seguridad en el país. Vamos hacia informes semanales de aprehensiones y a buscar la trazabilidad con el Ministerio Público para saber a ciencia cierta cuánta de la gente que agarran los policías, recibe prisión preventiva”.
La mandataria dijo que el Ejecutivo también evaluará la cantidad de operativos realizados, el número de personas detenidas y cuántas terminan con prisión preventiva, con el objetivo de medir la eficacia de las acciones policiales.
Durante la sesión, el gobierno revisó además mapas de calor en las siete provincias y datos sobre bandas como Los Lara, El Gordo Leo, Los Maruja, Gordo Julio, Los Gery y estructuras vinculadas a zonas como Pavas, Desamparados, Cartago, Limón, Liberia y Tamarindo.
Fernández aseguró que la criminalidad no se comporta de forma homogénea en el país y que los datos permiten definir acciones específicas por provincia y cantón. También informó que, en lo que va de 2026, los delitos contra la vida registran una reducción de 13,3% frente al mismo periodo de 2025, aunque afirmó que ese resultado no la deja satisfecha.
Yo no estoy satisfecha y ni mucho menos lo está el pueblo de Costa Rica, ni tampoco toda la jerarquía que está al frente de la seguridad nacional”.
La presidenta también ordenó que los ministros y directores policiales presentes en la reunión se sometan a pruebas de polígrafo enfocadas en crimen organizado y narcotráfico.
Fernández reiteró además haber invitado a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa a una reunión el próximo viernes para exponerles el estado de situación en materia de seguridad, revisar reformas legales y definir prioridades legislativas. "Estamos a tiempo de recuperar la paz en nuestro país”, dijo la mandataria.
Pocos países graban las reuniones entre abogados y reclusos en prisión
La mayoría de los países democráticos protege la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y sus clientes privados de libertad como un derecho fundamental vinculado a la defensa y al debido proceso. Las visitas presenciales en prisión suelen realizarse en salas privadas sin grabación de audio ni monitoreo, y las llamadas telefónicas legales también cuentan con salvaguardas específicas para evitar que se registren.
Sin embargo, existen excepciones legislativas en supuestos de alta peligrosidad, como terrorismo o crimen organizado.
En España, la Ley Orgánica General Penitenciaria permite la intervención de las comunicaciones entre un preso y su abogado defensor cuando medie autorización judicial y se trate de delitos de terrorismo.
En Israel, las normas penitenciarias para presos de seguridad permiten limitar o posponer visitas de abogados cuando existe sospecha fundada de que se utilicen para transmitir información entre organizaciones terroristas o coordinar actividades delictivas. Las autoridades pueden imponer restricciones al número de abogados o al contenido de las reuniones por razones de seguridad nacional.
En el Reino Unido, los reclusos de máxima seguridad o vinculados a terrorismo enfrentan regímenes especiales que incluyen mayor vigilancia. Aunque el privilegio abogado-cliente se respeta en principio, las autoridades han aplicado medidas de monitoreo en casos concretos, sujetas a control judicial y al escrutinio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En Estados Unidos, la jurisprudencia y las leyes estatales prohíben de manera general la grabación o escucha de conversaciones abogado-cliente, tanto presenciales como telefónicas.