No hubo acuerdo en que reformas al Poder Judicial no requieran 38 votos en el Congreso; y en "parar la persecución judicial" contra funcionarios del Ejecutivo.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado anunció este lunes haber alcanzado acuerdo en tres de los cincos puntos de la agenda que llevó a una reunión con representantes del Poder Judicial sostenida en la Casa Presidencial la mañana de este 18 de mayo, aunque en la conferencia de prensa posterior la claridad de dichos acuerdos quedó en entredicho.
La mandataria calificó el encuentro como una "mesa de trabajo" y dijo que hubo un acuerdo con la Corte para que el Tribunal de la Inspección Judicial investigue a jueces de ejecución de la pena que alteren las sentencias de personas privadas de libertad en contra de la normativa vigente, aunque el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre Gómez tuvo una visión distinta de cuál fue el compromiso adquirido en el encuentro.
Según Aguirre, el acuerdo en realidad consistió en establecer un canal directo de comunicación entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia cuando los jueces modifiquen medidas de ejecución de la pena en casos sensibles, de modo que ambas instituciones coordinen la redacción de eventuales apelaciones a esas resoluciones. El presidente de la Corte señaló que esa vía era la correspondiente, pues la Fiscalía es quien recibe la notificación del cambio de medidas, por lo que ahora pasarían la información al Poder Ejecutivo.
“Fuimos claros en el sentido de que nosotros como jerarcas no intervenimos, no podemos intervenir en las decisiones jurisdiccionales”, agregó Aguirre.
El segundo acuerdo anunciado por Fernández se relaciona con la política anticorrupción del Poder Judicial. La presidenta dijo que planteó su preocupación por la posible infiltración del crimen organizado en la institución, especialmente tras el caso del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, y que las autoridades judiciales aceptaron reforzar medidas de prevención, sanción y divulgación pública.
La mandataria también mencionó la posibilidad de incorporar pruebas de polígrafo para funcionarios judiciales en puestos superiores que manejen casos sensibles, señalando que el Ejecutivo pretende aplicar ese tipo de pruebas en áreas propias de su administración.
Sobre este punto, el presidente del Poder Judicial señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su última evaluación del Estado costarricense, le dio una calificación de "sobresaliente" en lo referido a índices de integridad al Poder Judicial.
Por último, Fernández anunció que coincidieron en incorporar al OIJ y a la Fiscalía a reuniones de coordinación con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos. Fernández dijo que percibía una “ausencia de trabajo en equipo” entre esas instituciones y las autoridades del Ejecutivo en temas de seguridad nacional.
La mandataria también reveló los dos puntos en los cuales no hubo consenso con el Poder Judicial.
El primero de ellos refiere a que la Corte no se oponga al paquete de reformas legales que van a proponer ante la Asamblea Legislativa en el mes de junio, referidos a reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y la aún inexistente Ley de Ejecución de la Pena; así como que las analicen a conciencia, incluido el aspecto de cuántos votos dentro de la Asamblea Legislativa se necesitarían para aprobarlas.
Ahí lamentablemente no tuvimos un acuerdo. Don Orlando me manifestó que él no podía aceptar eso en esta conversación. Yo lo lamento, pero bueno, él está en su derecho. Yo creo que será la Asamblea Legislativa....; y ojalá sí se sumen a un análisis a conciencia de los proyectos de ley que beneficie al pueblo de Costa Rica. Pero en ese punto no tuvimos un acuerdo".
El magistrado Aguirre señaló que en ese punto no podía coincidir pues es la Corte Plena, como órgano integrado por 22 magistrados, quien toma las decisiones de manera colegiada respecto a los criterios sobre proyectos de ley en análisis de la Asamblea Legislativa.
El segundo punto en el que no hubo acuerdo fue sobre la "politización" del Poder Judicial. La mandataria afirmó haber planteado a los jerarcas judiciales "despolitizar y parar la persecución política, lo que nosotros consideramos persecución política por parte del Poder Judicial hacia los funcionarios del Gobierno".
En el espacio de preguntas de la prensa, Fernández afirmó que sobre ese punto se trataron las denuncias que pesan sobre el expresidente y ahora superministro Rodrigo Chaves Robles; la participación de Chaves y Fernández en una marcha en contra del fiscal general Carlo Díaz el año pasado; así como las críticas del expresidente tanto a Aguirre como a la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano.
Fernández, inclusive, indicó que le dijo a los jerarcas que el Poder Judicial "está destruyendo la seguridad jurídica de Costa Rica" y que se está convirtiendo "en un lastre" para el desarrollo y el progreso del país.
Se tocaron todas de frente, con transparencia. (...) También les hablé de que están destruyendo la seguridad jurídica de Costa Rica, la confianza en las transacciones económicas, temas de manejo de Código de Familia, temas también comerciales y que la ineficiencia y la ineficacia en el Poder Judicial ya no va solo con el tema de la impunidad, ya no va solo con los temas de la mora judicial, sino que se están convirtiendo en un lastre que frena el desarrollo y el progreso de Costa Rica. Yo se los comenté, así como se los estoy comentando a ustedes, ellos me escucharon con respeto y después hicieron su descarga (sic)."
Fernández criticó que tuvo que pagar un abogado para acceder a una denuncia penal que hay contra ella por el delito de incitación a la violencia y al desorden público, por supuestamente haber grabado un vídeo cuando era ministra de la Presidencia; así como otra causa penal por presunto prevaricato, donde según su relato, se la presentaron por el atraso de la Imprenta Nacional en publicar una "fe de de erratas" en el diario oficial La Gaceta.
Yo tengo denuncias o las tuve, no sé si ya me las archivaron o qué, de cosas tan ridículas como que por grabar un video cuando era ministra de la Presidencia, un fulano de tal de la calle me denunció por incitación a la violencia y al desorden público. Y don Carlo [Díaz, fiscal general] le abrió causa, y yo tengo que pagar abogado para verla. (...) Una que me llamó la atención: prevaricato. Digo yo, "¡Dios mío! ¿Cuándo he cometido yo prevaricato? Cuando la leí un señor fulano de tal, que no tengo ni idea de quién es y que Dios lo bendiga, me presentó una denuncia porque una fe de erratas que se publicó en La Gaceta salió tarde, por lo que la Imprenta Nacional hizo y él me denunció a mí por prevaricato. Y don Carlo me abrió causa penal".
Asimismo la presidenta dijo haber criticado en la reunión los casos Pista Oscura, Barrenador, y las "ciento setenta y no sé cuántas" causas seguidas contra el expresidente Chaves.
Son cosas aberrantes, el sentimiento de persecución política de que nos van a tumbar la puerta de la casa, a despedazarnos muebles y mobiliario, como ya le pasó a personas que estuvieron en el gabinete pasado. Todo eso lo pudimos hablar, imperó la madurez, todos tomamos nota, yo echo también para mi saco de lo que podamos mejorar, corregir y creo que también en los puntos de acuerdo que le comenté, hay algunas buenas señales de que hay una disposición al diálogo, aquí yo no le voy a pedir nunca a don Orlando que haga nada incorrecto y nunca, nunca me verán a mí conversando con un magistrado que pretende reelegirse pidiéndole prerrogativas que vayan contrarias a la ley y a la justicia, pero no esperen de mí a alguien que sea alcahueta, inconsecuente y que se tape los ojos ante la realidad que vive el pueblo de Costa Rica".
Tensión por presupuesto, escalas salariales y reelección de magistrados
El espacio de preguntas de la prensa sacó a flote temas sensibles para la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
La presidenta Fernández había expuesto en su intervención inicial que el gobierno le otorga al Poder Judicial más recursos que los que la Constitución Política exige (6% de los recursos ordinarios presupuestados), por un monto cercano a los 57.800 millones de colones para este año, al tiempo que dejó sin ejecutar unos 30 mil millones de colones el año anterior.
Orlando Aguirre afirmó que el Poder Judicial alcanzó cerca del 98% de ejecución presupuestaria y explicó que algunas partidas no pudieron ejecutarse por razones ajenas a la administración judicial, como impugnaciones en procesos de contratación o aprobaciones tardías de recursos. También advirtió que el presupuesto actual contempla una rebaja cercana a los 2000 millones de colones, lo que, según dijo, podría obligar al cierre de algunos servicios si el Ministerio de Hacienda no devuelve esos recursos.
La magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano intervino de manera inesperada para calificar como una "distorsión" la afirmación de que el Poder Judicial recibe más recursos que los que la Constitución establece. Según la magistrada, el 6% constitucional se concibió para un Poder Judicial dedicado a la función jurisdiccional, pero que con el tiempo la institución asumió otras áreas como el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y el Programa de Víctimas y Testigos.
De ese presupuesto, del seis por ciento constitucional, solo un tres punto uno por ciento es destinado a judicatura. De manera que la afirmación de que se nos da más de lo que la Constitución dice es una verdad a medias".
Fernández respondió que coincidía con Solano en que existen funciones que no son de naturaleza jurisdiccional y planteó que el país debe analizar si algunas de ellas deberían salir del Poder Judicial. Sin embargo, mantuvo su crítica al monto asignado a la institución y reiteró que, solo en el presupuesto de este año, el Poder Judicial recibe 57.800 millones de colones más de lo que el Gobierno considera obligatorio según la Constitución.
La presidenta también cuestionó las escalas salariales judiciales. Dijo que, cuando fue ministra de Planificación, observó diferencias entre puestos administrativos del Poder Judicial y cargos equivalentes del Gobierno Central de entre 200 mil y 300 mil colones, algo que de no haber ocurrido podría haber permitido destinar más recursos a plazas nuevas o a mejores salarios para áreas como investigación judicial y medicina forense.
Yo no me veo dándole más recursos al Poder Judicial si no mejora los resultados en eficiencia, en eficacia, en las pifias, en los procesos que se caen".
Consultados sobre sus posiciones respecto a las propuestas de reforma constitucional sobre el Poder Judicial, particularmente lo relativo a la reelección de magistraturas, la presidenta usó como ejemplo al propio Aguirre.
"¿Don Orlando, hace cuántos años usted, magistrado? Solo para tener un ejemplo así a la pura par mía. ¿Hace cuánto usted es magistrado?”, preguntó Fernández. Aguirre respondió inicialmente que tenía 38 años de ser magistrado, aunque luego corrigió fuera de micrófono que eran 37 años. Fernández retomó el dato para sostener que ese plazo debía abrir una reflexión sobre eficiencia, rendición de cuentas y evaluación en los procesos de reelección.
Bueno, 38 años tiene don Orlando de ser magistrado. Yo 39 años de vida. A mí me parece que todos los poderes de la República deben rendir cuentas y que no deben de existir funcionarios vitalicios en la función pública".
Aguirre evitó fijar una posición sobre el fondo de una eventual reforma, señalando que el tema de la reelección de magistrados no formó parte de la reunión e insistiendo en que cualquier criterio institucional tendría que pasar por la Corte Plena cuando reciba una consulta formal. También señaló que el sistema actual de nombramiento y reelección proviene de la Constitución de 1948, por lo que cualquier cambio requiere una revisión y una modificación constitucional.