Pocos servicios públicos tienen la complejidad del sistema eléctrico.
No se trata de un mercado, sino de tres: el de generación, el de transmisión (esas torres grandes que soportan las líneas de alta tensión) y el de distribución (las líneas que llegan a casas y establecimientos comerciales).
Esto ya complica las cosas, porque si se habla de “apertura” hay que preguntar de inmediato ¿de cuál mercado? Y de inmediato: ¿abrirlo cómo?
Transmisión y distribución son monopolios naturales: el desperdicio de tender líneas paralelas de transmisión y distribución sería enorme.
Pero no se acaban allí las complicaciones.
El sistema eléctrico debe estar en equilibrio siempre, en tiempo real. De lo contrario, el sistema colapsa y tenemos un apagón. Esto es muy diferente a lo que sucede por ejemplo con una carretera Si hay pocos automóviles en la carretera el tránsito es ágil, si hay muchos tenemos presas, pero la carretera no sufre alteraciones.
Con el sistema eléctrico, como explicaba, la cosa es distinta. Si no hay equilibrio, el sistema se cae.
Y esto complica el panorama para las energías intermitentes, que introducen grandes fluctuaciones en las redes eléctricas, que si no se ha instalado el equipo (caro, complejo) necesario para absorberlas, traducen en apagones.
Paradójicamente, inyectar demasiada energía en el sistema tiene el mismo efecto inmediato que inyectar menos energía de la necesaria.
Por esto la generación intermitente, distribuida o no, no puede proceder “por la libre”: tiene que regularse para que sea compatible con la capacidad de la red para manejarla.
Añado un detalle que suele pasar desapercibido: el “recibo de la luz” no es un recibo que refleja únicamente el costo de la energía que consumimos en ese mes, incluye el costo de mantener las redes de transmisión y distribución, así como el de la capacidad de suministrar un monto determinado de energía instantáneo (potencia) para los usuarios que lo necesitan, que pude variar entre dos usuario cuyo consumo total de energía pueda ser es el mismo en ese período, pero que en un caso se distribuye de manera proporcional a lo largo del día, y en otro tiene “picos” a determinadas horas.
¿A cuenta de qué esta explicación?
A cuenta de lo siguiente: un usuario que generara el 90% de la energía que consume con paneles solares podría esperar que su “recibo de la luz” se reduzca en un 90%. No será así, porque aunque su consumo de energía se haya reducido, su contribución al mantenimiento de la red no lo ha hecho.
Todo lo anterior es por supuesto una simplificación radical y aún así confío en ayude comprender la complejidad del tema que abordamos.
Por esto, y porque la experiencia histórica permitía prever que el tema sería polémico, hubiera sido razonable que la ciudadanía y los grupos organizados demandaran una discusión técnica profunda y prolongada previo al debate de un proyecto legislativo de reforma del sistema eléctrico, sea que uno lo considere como un proyecto de armonización, de apertura o de apagón.
Hubiera sido razonable esperar que un grupo de diputados dedicara largos meses al estudio del tema, a conocer a fondo sus aspectos técnicos (hasta donde esto resulta posible para no ingenieros), a estudiar las experiencias internacionales de reforma de los sistemas eléctricos.
Del lado del Ejecutivo, que impulsa la reforma, como mínimo se hubiera esperado que se recurriera al conocimiento técnico experto al que el país tiene acceso por muy diversos canales, como el Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, y que hubiera utilizado a expertos del más alto nivel para asegurar la solidez técnica de cualquier propuesta, para educar a todos los actores relevantes, para propiciar un proceso de elaboración del proyecto, pero sobre todo, de diálogo social, basado en el conocimiento técnico más actualizado, y en el análisis comparativo de las experiencias internacionales de reformas del sistema eléctrico, tanto exitosas como fracasadas.
En vez de todo esto, lo que hemos tenido es un intercambio de consignas y una reafirmación de posiciones ideológicas. Un lado presenta la apertura como una virtud en sí misma. Otra la identifica con la privatización y los apagones. Un grupo grita ¡Comunistas! El otro responde ¡Vendepatrias!
Y nadie discute técnicamente la apertura de qué, y la apertura cómo.
Aunque el rédito político del intercambio de insultos es bien conocido, no es esta manera de conducir la política pública.
El problema de manejar la reforma eléctrica como si fuese un tema exclusivamente político o ideológico queda ilustrado con una conversación real, pero cuyos protagonistas deben quedar en el anonimato, que tuvo lugar hace unos años, cuando se discutía otro proyecto de reforma del sistema eléctrico. Los protagonistas son un político avezado y exitoso, de lo mejor que tenía el país en ese momento, y un experto nacional de muy alto vuelo.
El experto señala que el proyecto de ley viola varias leyes, y que por eso no es viable.
El político pregunta “¿Cuáles, para cambiarlas?”.
El experto, tratando de mantener la compostura, responde: “Las de la física”.
La muerte del criterio técnico en los debates de política pública es una pésima noticia para el país, y no porque sustituya las consideraciones políticas, sino porque las informa. Ningún problema complejo se resolverá mediante el intercambio de improperios y la huida furiosa hacia identidades ideológicas cómodas, reduccionistas e incapaces de abordar la complejidad real de los problemas que enfrenta el país.