Sin perjuicio de las críticas que en su momento se suscitaron en Costa Rica a la figura del presidente Woodrow Wilson —particularmente por su política exterior a inicios del siglo pasado—, resulta pertinente rescatar una célebre frase de dicho mandatario norteamericano:
La Constitución no es un mero abogado; es un vehículo de la vida.”
Las formas políticas y las políticas formales, a primera vista, podrían parecer expresiones equivalentes. Sin embargo, remiten a niveles distintos del fenómeno político. La distinción resulta especialmente útil porque permite separar cómo se ejerce el poder en la práctica de cómo está organizado en el plano normativo.
Las primeras —las formas políticas— se refieren a los modos reales en que se construye, se disputa y se ejerce el poder en una sociedad. Incluyen estilos de liderazgo, narrativas, estrategias discursivas, alianzas informales, prácticas culturales y dinámicas de influencia que muchas veces no están recogidas en norma alguna. En este ámbito se ubican fenómenos como el uso del lenguaje para abrir o cerrar debates, las redes de poder informales (clientelismo, pactos, favores), las formas de legitimación (carisma, miedo, tradición o resultados) y las prácticas cotidianas que moldean lo político más allá de la ley. En síntesis, se trata de la política vivida.
Por su parte, las políticas formales comprenden las estructuras institucionales y normativas que organizan el poder de manera explícita. Se encuentran codificadas en leyes, reglamentos y procedimientos oficiales. Incluyen, entre otros elementos, las constituciones, las leyes y decretos, los procedimientos administrativos, la organización del Estado —con sus respectivos poderes y competencias— y las políticas públicas diseñadas oficialmente. Es, en esencia, la política escrita y regulada: el derecho positivo.
Dicho lo anterior, entre ambos planos existe una tensión que no solo es evidente, sino también estructural. Lo verdaderamente relevante radica en que rara vez coinciden plenamente. Un sistema puede exhibir políticas formales impecables —como la separación de poderes—, mientras que sus formas políticas las distorsionan mediante presiones informales, concentración fáctica del poder o mecanismos de influencia no institucionalizados.
Por ello, comprender la política exige atender simultáneamente a ambos niveles: el formal indica cómo debería funcionar el sistema; el de las formas políticas revela cómo funciona en realidad.
Un ejemplo reciente permite ilustrar con claridad esta tensión entre lo formal y lo real. La controversia suscitada en torno al diputado Fabricio Alvarado, a partir de denuncias de naturaleza sexual en su contra, puso a prueba no solo los mecanismos formales de control, sino también las dinámicas políticas efectivas dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En el plano formal, existen procedimientos, reglas y eventuales sanciones previstas para este tipo de situaciones; sin embargo, en la práctica, la ausencia de quórum para conocer y votar posibles medidas no solo evidenció la fragilidad de dichos mecanismos, sino que alimentó la percepción de eventuales entendimientos políticos —evidentemente con el oficialismo— orientados a evitar una definición de fondo. Ello, pese a que en su momento, en su etapa de candidata presidencial, Laura Fernández planteara serias denuncias por presunto acoso sexual en contra de Alvarado, por actitudes similares a los cuestionamientos públicos relacionados con la exdiputada Marulin Azofeifa. He aquí un ejemplo vívido de lo que se relaciona líneas atrás, brindándose claridad a lo expuesto y evidenciado.
Lo suscitado a nivel del parlamento, no se trata únicamente de una omisión coyuntural, sino de una manifestación clara de cómo las formas políticas —alianzas, cálculos estratégicos y costos reputacionales— pueden neutralizar los controles institucionales, los derechos de las mujeres y la moral. El efecto trasciende el caso concreto y proyecta una señal preocupante: cuando la activación de las reglas depende de conveniencias políticas, el orden formal deja de operar como límite del poder y pasa a ser una herramienta disponible para su administración. Queda evidenciado que el chavismo y la orientación de la bancada parlamentaria que le apoya, es también de carne y hueso, y por ende presenta las mismas deficiencias, yerros y demás oprobios achacables al resto de las fuerzas políticas costarricenses, tanto tradicionales como de nueva incursión en nuestro sistema. No hay nada nuevo bajo el sol, como lo diría el rey Salomón.
Casos y críticas similares al denunciado, existen muchos. Basta revisar de manera reciente, lo suscitado a lo interno de la bancada social cristiana, en los casos de Melina Ajoy, Horacio Alvarado y la renuncia de último momento del legislador Carlos Andrés Robles.
Desde esta perspectiva y centrando por el momento este cuestionamiento en la Asamblea Legislativa, no solo se refleja la tensión entre formas políticas y políticas formales, sino que en muchos casos la exacerba. Hemos visto en los casos de cita y en repetidas actuaciones a lo largo de los últimos cuatro años, que lo que ingresa a su conocimiento —proyectos, controles políticos, debates de interés público— rara vez emerge incólume del proceso deliberativo. En su tránsito, no es inusual que se desnaturalice, se fragmente o se diluya, ya sea por la lógica de negociación permanente, por la ausencia de rigor técnico en la discusión o por la sustitución del argumento por la consigna. A ello se suma un elemento menos visible pero decisivo: la calidad desigual de quienes integran el órgano legislativo. Cuando el debate parlamentario se ve atravesado por intervenciones superficiales, recursos retóricos de bajo nivel o trayectorias públicas cuestionadas, el espacio institucional pierde densidad deliberativa y se aproxima peligrosamente a una arena de validación política antes que de construcción normativa seria. En ese contexto, la función esencial del parlamento —deliberar con altura, controlar con independencia y legislar con criterio— tiende a desplazarse, no por ausencia de reglas, sino por la forma en que estas son habitadas y ejecutadas.
El resultado es particularmente problemático: no solo se debilitan los controles y se empobrece la legislación, sino que se instala una práctica en la que la distorsión deja de ser excepción para convertirse en regla. Así, la Asamblea no únicamente falla en corregir las tensiones entre lo formal y lo real, sino que termina reproduciéndolas y amplificándolas. En tales condiciones, la política no solo desborda al derecho: lo vacía de contenido desde dentro, sin necesidad de modificar una sola norma.
Se formula aquí una crítica deliberada, de carácter constructivo, sobre el pasado inmediato, en el contexto de la reciente instalación del nuevo parlamento y la conformación de su directorio. No se trata de un señalamiento estéril, sino de un ejercicio necesario para advertir desviaciones y exigir correcciones. Con ello, se renueva —una vez más— la expectativa del ciudadano costarricense de que la gestión política esté a la altura de los desafíos del país. Se abre así una nueva etapa, no exenta de escepticismo, pero sostenida en una esperanza cívica que, pese a todo, persiste.
Podría agregar que no hay crisis más profunda que aquella en la que la norma subsiste, pero ha dejado de significar.
“La política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”, nos sigue recordando Charles de Gaulle.