En Costa Rica hemos aprendido a convivir con la demolición de nuestra memoria. Casas antiguas convertidas en parqueos, edificios históricos sustituidos por torres comerciales y espacios culturales desplazados por proyectos inmobiliarios cada vez más agresivos. Todo ocurre tan rápido que muchas veces solo reaccionamos cuando ya es demasiado tarde.
Lo preocupante no es únicamente la pérdida física de las edificaciones. Lo verdaderamente grave es que estamos perdiendo referencias de identidad, de pertenencia y de historia común en nuestros barrios.
Durante décadas, el patrimonio arquitectónico fue entendido desde una lógica monumental: proteger grandes edificios, iglesias o inmuebles excepcionales. Sin embargo, las discusiones internacionales sobre patrimonio han cambiado profundamente. Hoy sabemos que el valor de un bien cultural no depende solo de su tamaño o antigüedad, sino también de los vínculos sociales, emocionales y comunitarios que genera.
La UNESCO y organismos internacionales como ICOMOS han insistido en que el patrimonio cultural es también un derecho humano, porque forma parte de la memoria colectiva y de la posibilidad de las comunidades de reconocerse a sí mismas (y de nosotros- nosotras).
En América Latina, la Carta de Brasilia recordó algo fundamental: nuestras ciudades son el resultado de múltiples herencias culturales. Lo indígena, lo afrodescendiente, lo europeo, lo mestizo y las otras migraciones que forman parte de una misma historia compartida. Esa diversidad no solo vive en las tradiciones o en la gastronomía; también está presente en los materiales, las técnicas constructivas y las fachadas que todavía sobreviven en muchos cantones del país.
Costa Rica cuenta con herramientas legales importantes para proteger su patrimonio histórico-arquitectónico. La Constitución Política, en su artículo 89, establece la obligación de conservar el patrimonio histórico y artístico. Además, la Ley 7555 reconoce el interés público de investigar, conservar y restaurar los inmuebles con valor cultural.
Pero la realidad demuestra que eso no ha sido suficiente.
Durante años hemos permitido la desaparición de edificios emblemáticos sin mayores discusiones nacionales. El argumento casi siempre es el mismo: “desarrollo”, “modernización” o “aprovechamiento del terreno”. Como si la memoria colectiva fuese un obstáculo para el crecimiento urbano. Así se han dado las discusiones en el marco de las “desmejoras” al Teatro Nacional.
En medio de esa tensión aparece una discusión urgente: ¿qué pasa cuando de un inmueble histórico solo sobrevive su fachada? ¿Tiene valor protegerla?
La respuesta debería ser sí.
Las fachadas históricas no son simples decoraciones urbanas. Son fragmentos visibles de procesos históricos, culturales y sociales, muchas veces son lo único que queda de técnicas constructivas tradicionales, de estilos arquitectónicos desaparecidos o de espacios profundamente significativos para las comunidades.
El caso del Teatro Arnoldo Herrera González evidencia esa discusión con enorme claridad. Su mural abstracto, realizado por Rafael Ángel 'Felo' García y Néstor Zeledón Guzmán entre los años 1962 y 1963, no solo constituye una pieza clave de la historia del arte abstracto costarricense, representa una integración excepcional entre arquitectura, espacio público y memoria cultural, así como del desarrollo de la ciudad capital y del distrito de Mata Redonda.
El valor del Teatro no radica únicamente en sus características arquitectónicas. El inmueble se convirtió durante generaciones en un espacio de formación artística, convivencia y construcción de identidad colectiva alrededor del Conservatorio de Castella. Ahí está precisamente uno de los principales desafíos contemporáneos del patrimonio: entender que los edificios también contienen afectos, recuerdos y sentidos de comunidad.
Por eso planteo que, discutir la figura de “fachada histórica” dentro de la legislación costarricense resulta tan importante. No se trata de promover ciudades escenográficas ni de conservar fragmentos vacíos, se trata de reconocer que, en un país donde el patrimonio construido desaparece aceleradamente, los elementos que sobreviven, aunque sea parcialmente, pueden tener un enorme valor cultural, urbano y simbólico.
Esta discusión obliga a replantearnos el tipo de ciudades que estamos construyendo. ¿Queremos ciudades sin memoria, homogéneas y desconectadas de su historia? ¿O ciudades capaces de integrar desarrollo urbano con identidad cultural viva?
La respuesta no debería recaer únicamente en especialistas o instituciones públicas. La protección del patrimonio necesita involucrar a las comunidades, a los gobiernos locales y a la ciudadanía en general (sus vecinos). Porque cuando desaparece una fachada histórica, no solo desaparece concreto, madera o adobe, desaparecen relatos, vínculos y formas de reconocernos colectivamente.
Costa Rica todavía está a tiempo de detener parte de esa pérdida. Pero hacerlo implica comprender que conservar patrimonio no es un lujo ni un capricho nostálgico. Es una forma de defender nuestra memoria común y de decidir qué tipo de país queremos seguir construyendo.