Costa Rica se aproxima a una de las coyunturas energéticas más delicadas de su historia reciente. Durante el período 2026-2027, varias de las plantas más estratégicas del sistema eléctrico nacional enfrentarán procesos de mantenimiento mayor que reducirán temporalmente la capacidad disponible, y a ese escenario se suma la alta probabilidad de un evento severo del fenómeno de El Niño, que podría contraer significativamente la generación hidroeléctrica justo cuando más se necesita. La volatilidad geopolítica en el Estrecho de Ormuz encarece, además, el combustible que necesitamos precisamente cuando más dependemos de la generación térmica de respaldo.
Por eso celebro la decisión de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) de no respaldar el expediente 23.414 y de apostar, en cambio, por la construcción de una Ley de Contingencia y Seguridad Energética Nacional.
Quienes impulsaron el expediente 23.414 lo presentaron como la solución a los problemas del sistema eléctrico, pero existe una contradicción técnica de fondo que nunca resolvieron. El proyecto transformaba la generación mediante un mercado mayorista privado y, al mismo tiempo, preservaba la transmisión como servicio público del Estado. Esa combinación esconde un problema estructural grave: la planificación de la generación y la de la transmisión no pueden desconectarse, porque cuando una avanza sin coordinación con la otra, el resultado es electricidad que se produce pero no puede llegar a nadie. Un sistema eléctrico no es solo generación: es generación, transmisión y distribución funcionando de manera articulada, bajo el principio de que el acceso a la electricidad es un derecho universal y no una ventaja competitiva para quien puede pagar más. El 23.414 rompía esa cadena en su eslabón más lucrativo, dejando al Estado con las responsabilidades más retadoras: transmitir y distribuir electricidad a todos, incluyendo a quienes viven donde ningún agente privado llegaría jamás porque no es rentable. Los únicos beneficiados reales habrían sido los grandes consumidores industriales, que escaparían de la tarifa regulada mientras los costos fijos se redistribuyen sobre las familias y las PYMES. Es una transferencia de carga regresiva disfrazada de modernización.
Si la preocupación legítima es no poder suplir la demanda, esa misma preocupación debe extenderse a la capacidad de llevar la electricidad desde donde se produce hasta donde se consume, porque una generación que no puede evacuarse es simplemente electricidad desperdiciada. En América Latina, los vertimientos de energía renovable alcanzaron los 53.000 GWh en 2024, con pérdidas que superan los 7.000 millones de dólares anuales. El debate costarricense todavía no ha asimilado la transformación tecnológica detrás de ese problema: construir una planta hidroeléctrica tomaba cerca de una década, y la transmisión, igualmente lenta entre estudios ambientales, expropiaciones y construcción, acompañaba ese ritmo sin tensión. Hoy, una planta solar o eólica puede construirse en cuestión de meses, mientras que una línea de transmisión sigue necesitando, en promedio, siete años. El cuello de botella ya no es solo la generación, sino la red, y más plantas sin más red no resuelven la contingencia: simplemente desplazan el problema.
La respuesta correcta es una legislación extraordinaria, temporal y enfocada en fortalecer el sistema que ya tenemos. La Ley de Contingencia va en esa dirección, y el país necesita que sea también una apuesta por las tecnologías que despliegan capacidad en meses: conductores avanzados que aumentan la capacidad de las líneas existentes sin obra nueva, almacenamiento en baterías que convierte energía renovable intermitente en capacidad firme, y almacenamiento hidráulico por bombeo que aprovecha la geografía montañosa de Costa Rica para guardar energía cuando hay excedentes y liberarla cuando más se necesita. Ninguna de estas reemplaza la expansión estructural de la red, pero todas pueden desplegarse mientras los proyectos de largo plazo maduran, y todas requieren exactamente el tipo de planificación integrada que solo un Estado con visión de largo plazo puede ejecutar con criterio de bien común.
El modelo eléctrico costarricense nació de la convicción de que la electricidad no podía seguir siendo negocio de nadie, sino un derecho del pueblo, y fue esa convicción la que llevó la luz a cada rincón del país hasta alcanzar el 99,4% de cobertura que hoy disfrutamos. Ese logro no es el resultado del mercado, sino del Estado planificador y solidario.