El panorama político contemporáneo se ha visto inserto en un proceso constante de cambio ético y estético. En Costa Rica, esto se evidencia mediante discursos de confrontación política por parte de figuras como Rodrigo Chaves, cuyos ataques constantes a medios de comunicación, instituciones públicas y opositores forman parte de una tendencia marcada, de la cual Donald Trump y Javier Milei (entre otros) forman parte. Lo que antes se consideraba suicidio político —el insulto directo, la descalificación personal y la retórica incendiaria— hoy ha contribuido a normalizar las expresiones de agresión verbal y física, junto a la polarización de los espacios políticos. Esta exacerbación de la discordia y el descontento popular ve el conflicto no como un medio, sino como un fin: un producto mediático capaz de articular emociones, generar fidelidad y captar la atención.
Para entender por qué los seguidores de estos líderes aceptan y repiten estas conductas, es necesario comprender el concepto de “agresión punitiva”: el motor emocional de la violencia. De acuerdo con Rhodes-Purdy (2021), el populismo funciona como un mecanismo de “vigilantismo político”, lo que significa que los individuos, motivados por una percepción de injusticia no castigada (impunidad, privilegios políticos y corrupción) se comportan como “fiscales intuitivos”; es decir, actores que asumen la responsabilidad social de señalar, denunciar y castigar aquello que perciben como una amenaza.
Desde esta óptica, la necesidad de castigar y responsabilizar a las personas por cometer esos actos (“la casta” en Argentina, “the establishment” en EE. UU. y “los mismos de siempre” en Costa Rica) se vuelve imperante. Cuando Trump promete “encerrarlos”, Milei hace el gesto de una motosierra simbólica y Chaves recurre a la confrontación discursiva contra medios, opositores e instituciones, generan una necesidad emocional de venganza y justicia, mientras incentivan a legitimar agresiones.
Un rasgo común de este tipo de liderazgo recae en su capacidad para disfrazar la rudeza de autenticidad, mediante las llamadas “políticas de mano dura” y la “transparencia” (muchas veces, acomodo del discurso). Suelen adoptar un “estilo bajo”, impolítico y cercano al pueblo (directo, vulgar y chabacano) transmitiendo un sentimiento de identidad y pertenencia, mientras generan una distinción entre “los buenos” (ellos) y “los malos” (sus “enemigos” morales). Esta imagen de “valientes” hace que las personas los observen como outsiders, haciéndolos ver ajenos al sistema tradicional y separándolos de las élites aun cuando ya ostentan cargos de poder. En Costa Rica, la confrontación recurrente a los medios de comunicación “amarillistas”, la descalificación de las instituciones públicas y la crítica a la oposición se ha reforzado el pensamiento de que existe una lucha entre el pueblo y una élite política que busca impedir el cambio.
En momentos de incertidumbre política, estas figuras populistas se presentan no solo como “defensores del pueblo y sus derechos”, sino además como los únicos con el poder de solucionar las problemáticas que los aquejan. Esta premisa de “emergencia” irrespeta las instituciones democráticas y pretende reestructurar los procesos de control, para así alcanzar sus objetivos políticos. Por ello, estos líderes plantean la necesidad de reestructuración y “limpieza de actores”; porque el progreso no es posible con las mismas fichas.
Por esa razón, más que señalar a estas clases de “ignorantes”, vale cuestionar la estructuralidad de este pensamiento. Tal normalización de la agresión social es un peligro para la democracia contemporánea, pues hace que la política pase de ser un espacio para resolver problemas y dialogar para convertirse en un ring que legitima la violencia y busca destruir al “otro”. Aunque los liderazgos mencionados prometen justicia y transparencia, sus actos contribuyen a la fragmentación social, utilizando el vigilantismo político como vehículo.
La consecuencia más grave de este fenómeno es la normalización de la agresión y la erosión de la empatía social. Si la otra parte es percibida como “delincuente”,“corrupta” o una amenaza para el país, la confrontación hacia ella no solo se permite, sino que se cree moralmente necesaria. El verdadero riesgo, entonces, no radica en la existencia de estos liderazgos, sino en aceptar el insulto como sinceridad, la agresión como valentía y el odio como la mejor manera de hacer política.