En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Lo que tiene precio puede ser sustituido; lo que tiene dignidad es insustituible”. Immanuel Kant (1724-1804)
En política, la dignidad no es un adorno retórico: es la base moral de la autoridad democrática. Sin dignidad no hay soberanía auténtica, y sin soberanía no hay ciudadanía plena. Puede parecer una afirmación abstracta, pero en tiempos de liderazgos estridentes y diplomacia convertida en espectáculo, el tema adquiere una urgencia concreta.
Las relaciones internacionales siempre han estado marcadas por asimetrías de poder. Nadie desconoce el peso económico y militar de los Estados Unidos en el escenario global. Pero precisamente por ello, el tono y las formas de quien ocupa la Casa Blanca tienen un impacto simbólico profundo. Durante el gobierno de Donald Trump, la diplomacia se volvió confrontativa y mediática. Así, por ejemplo, el pasado 7 de marzo, ante las cámaras, diez “dignatarios” latinoamericanos escucharon de Trump una frase abiertamente ofensiva —“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo…”. Sin embargo, ninguno de ellos asumió la responsabilidad mínima de defender la dignidad de su investidura ni el respeto debido a sus naciones.
Más allá de simpatías políticas, la escena interpela. Cuando un mandatario extranjero escucha en silencio una expresión de desprecio cultural sin marcar un límite claro, no es solo su persona la que queda expuesta. Es la investidura que encarna. La diplomacia exige prudencia, pero la prudencia no puede confundirse con resignación ante la humillación.
El problema, sin embargo, no es únicamente externo. También se manifiesta en casa, en la manera en que se ejerce y se tolera el poder dentro del propio gobierno. En Costa Rica hemos presenciado conferencias de prensa donde ministros han sido reprendidos o descalificados públicamente por el expresidente de la República. Bajo la administración de Rodrigo Chaves, titulares de carteras como Ambiente y Energía y Ciencia y Tecnología han soportado reproches humillantes ante las cámaras, sin que medie una defensa visible de la dignidad institucional del cargo.
No se trata de blindar a los funcionarios frente a la crítica. La rendición de cuentas es esencial en democracia. Pero una cosa es exigir resultados y otra degradar públicamente a quien ocupa una responsabilidad constitucional. Un ministerio no es una oficina subordinada al temperamento presidencial; es parte del entramado republicano.
Cuando la descalificación pública se normaliza, se envía un mensaje peligroso: que el poder depende del favor personal y no del mandato institucional. Esa cultura de la humillación, ya sea frente a potencias extranjeras o dentro del propio gabinete, erosiona lentamente la autoestima democrática.
Muchos justifican estas actitudes en nombre del “realismo político”. Pero el realismo sin dignidad degenera en oportunismo. Las concesiones sucesivas —ante presiones externas o internas— no garantizan estabilidad; debilitan la legitimidad. La historia enseña que la complacencia ante el poder raramente genera respeto duradero.
La dignidad no implica altisonancia ni rupturas teatrales. Implica límites. Implica saber decir “hasta aquí” cuando la investidura se ve menoscabada. Un país pequeño puede mantener firme su voz en el concierto internacional. Un ministro puede discrepar con respeto y, al mismo tiempo, preservar la altura institucional de su cargo. Un presidente puede exigir resultados sin recurrir a la descalificación pública.
Ser “dignatario” no es disfrutar de honores; es custodiar la dignidad colectiva. Cuando se baja la cabeza más de lo debido —ante una potencia extranjera o ante el propio superior jerárquico— el daño no es solo personal. Se resiente la institucionalidad y, con ella, la confianza ciudadana.
La dignidad no es un lujo moral. Es la columna vertebral de la democracia. Y esa columna, si se encorva demasiado, termina por fracturarse.