El movimiento inició por reclamos sobre porciones y nuevos recipientes; organizaciones vinculadas a familiares dieron versiones distintas sobre su alcance y causas.
El Ministerio de Justicia y Paz confirmó este jueves a Delfino.CR que no hay una huelga de hambre activa en centros penitenciarios, tras la protesta reportada desde el viernes anterior en el Centro Nacional de Atención Específica (CNAE).
Ante consulta de este medio, la institución remitió el comunicado emitido este martes 19 de mayo, en el que sostuvo que un “grupo reducido” de personas privadas de libertad inició una huelga de hambre por desacuerdos con las tazas utilizadas para servir alimentos y con las porciones suministradas.
Según el ministerio, el movimiento “fue depuesto rápidamente” luego de que esas personas retomaran de forma voluntaria sus tiempos de comida.
La institución deja claro que las reglas de alimentación vigentes se mantendrán sin cambios, bajo la metodología técnica aplicada y debidamente avalada por las autoridades competentes”.
Justicia también rechazó las versiones que han circulado sobre supuestas deficiencias en la alimentación y aseguró que las porciones responden al índice calórico mínimo requerido, con proteína conforme al menú diario establecido por criterios nutricionales y técnicos.
Cómo inició la protesta
La huelga fue reportada inicialmente el viernes 15 de mayo por medios como CR Hoy y AM Prensa, con base en información de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias.
Según esa organización, la protesta comenzó con unos 80 privados de libertad del ámbito de máxima seguridad del CAI Jorge Arturo Montero Castro, luego de que se les informara que los alimentos serían servidos en tazas pequeñas de plástico.
La asociación, presidida por Rafael Ángel García Cordero, sostuvo que los recipientes habrían sido donados por el Gobierno de El Salvador y que serían similares a los utilizados en cárceles de ese país. También denunció que las porciones entregadas eran insuficientes y que las personas privadas de libertad quedaban con hambre.
La organización afirmó además que, en la mañana, los internos recibían únicamente café sin azúcar y una galleta tipo soda, mientras que la última comida del día se entregaba alrededor de las 4:00 p.m.
Versiones distintas sobre el alcance
El alcance real de la protesta fue uno de los puntos que generó mayor confusión durante la semana.
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias advirtió desde el viernes que cerca de 2.000 reclusos de alta contención podrían sumarse a la huelga. El lunes, distintos medios recogieron la versión de esa organización, según la cual la medida ya sumaba a esas más de 2.000 personas privadas de libertad.
El Ministerio de Justicia y Paz, en cambio, no precisó una cifra y habló de un “grupo reducido”.
Otra ONG, Familia Penitenciaria Unida CR, sostuvo el lunes 18 de mayo que, hasta donde tenía conocimiento, la huelga se estaba realizando únicamente en el CNAE. Un día después, esa agrupación indicó que familias que lograron comunicarse con sus seres queridos en ese centro reportaron que la huelga en efecto ya se había levantado.
Según la información recibida por las familias, la huelga de hambre se presentó únicamente en el Centro Nacional de Atención Específica (CNAE), no en otros centros ni ámbitos como se ha dado a entender”.
Dos organizaciones, dos lecturas
Las dos organizaciones vinculadas a personas privadas de libertad coincidieron en expresar preocupación por las condiciones alimentarias, pero difirieron en el diagnóstico sobre los recipientes y la conveniencia de mantener la huelga.
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias atribuyó la protesta al uso de las nuevas tazas plásticas y a la supuesta reducción de raciones. Su presidente, Rafael Ángel García Cordero, afirmó que las personas privadas de libertad sentían que estaban siendo afectadas física y psicológicamente por la poca alimentación.
Por su parte, Familia Penitenciaria Unida CR pidió a los privados de libertad no sostener la huelga, al considerar que esa medida no les beneficiaba y podía poner en riesgo su salud.
Esa organización también asumió una postura distinta sobre las tazas individuales. En su comunicado del 18 de mayo señaló que los recipientes transparentes con tapa mejoran el orden, la higiene y la distribución de los alimentos:
Consideramos esta iniciativa un avance positivo, especialmente en ámbitos donde muchas veces no alcanza la comida. Promueve el orden, la higiene y la igualdad en la distribución”.
La fundadora de la ONG, Mauren Esquivel, reiteró esa posición hoy al programa “Desde buena mañana”. Indicó que el problema no tenía relación con las tazas, sino con la reducción de porciones en varios centros penitenciarios durante los últimos meses. Mencionó afectaciones en centros como Vilma Curling, la UAI Reinaldo Villalobos y el Jorge Arturo Montero Castro. También pidió soluciones como reabrir pulperías o permitir el ingreso de alimentos básicos para complementar las raciones.
La posición de Justicia
El Ministerio de Justicia y Paz defendió tanto las porciones como los nuevos recipientes utilizados para distribuir alimentos.
Según la institución, las tazas garantizan condiciones adecuadas de higiene, inocuidad, salubridad y conservación de los alimentos, además de procurar mayor eficiencia operativa durante el proceso de distribución.
Reiteramos que no permitiremos ningún tipo de manipulación ni presiones indebidas mediante acciones que carecen de justificación”.
La cartera también afirmó que las reglas de alimentación se mantendrán sin cambios.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, había defendido en días recientes una línea de mayor control dentro del sistema penitenciario. Según reportó Teletica, al ser consultado por la huelga, el jerarca manifestó que “la cárcel no es un hotel” y que las personas privadas de libertad podían mantener la protesta “los días que quisieran”.
Endurecimiento penitenciario
La discusión ocurre en medio de una política de mayor control penitenciario impulsada por el nuevo gobierno, bajo el lema de “no más alcahueterías” en las cárceles.
Esta semana, el Ministerio de Justicia informó que, entre el 8 y el 17 de mayo, la Policía Penitenciaria realizó 153 intervenciones en distintos centros penales, con decomisos de 423 armas blancas, 84 litros de bebidas fermentadas, más de 2 kilos de droga, 22 celulares, 20 chips y 59 artículos electrónicos. También reportó que 27 personas fueron remitidas al Ministerio Público por intentar introducir objetos prohibidos.
Además, el ministro Gabriel Aguilar Vargas anunció una visita a El Salvador, junto con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, para conocer experiencias penitenciarias de ese país, incluido el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el programa Cero Ocio.
No queremos privados de libertad ociosos, queremos privados de libertad que cumplan con sus condenas y que también sean productivos para el país”.
La protesta por alimentación quedó depuesta, según Justicia y Familia Penitenciaria Unida CR, pero las organizaciones vinculadas a personas privadas de libertad mantienen cuestionamientos sobre las condiciones alimentarias, las restricciones para complementar comida y la falta de comunicación con familiares dentro del sistema penitenciario.