La junta sostiene que el proyecto pretende imponer nuevas cargas y reducciones a pensiones, desconociendo jurisprudencia constitucional y basándose en datos incompletos.
La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) manifestó su oposición al proyecto de ley tramitado bajo el expediente 24.786, que pretende imponer un tope a todas las pensiones del Poder Judicial, el Magisterio Nacional y aquellas con cargo al Presupuesto Nacional.
La iniciativa busca alinear esas pensiones al límite establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y fue incluida en la agenda de sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo.
Desde Jupema señalaron que el proyecto “afecta directamente a cientos de personas pensionadas, quienes han trabajado toda su vida, han aportado y siguen aportando con cotizaciones sustancialmente superiores a otros regímenes. Reducir sus pensiones significa violentar derechos adquiridos, generando incertidumbre y desamparo en quienes confiaron en el sistema”.
Jupema recordó que el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), que administra, impone cotizaciones a las personas pensionadas que oscilan entre el 12% y el 16%. De igual manera, se les aplican contribuciones solidarias que van desde el 25% hasta el 75%. Incluso en 2020, con la aprobación de la Ley N.° 9796, se establecieron modificaciones aún más severas.
La junta fundamentó su oposición al proyecto al señalar que este carece de datos históricos consistentes para sustentar el estudio actuarial, lo que, según Jupema, pone en duda su veracidad y legitimidad. La organización añadió que la falta de integridad en los datos históricos es un aspecto crítico, pues sin información precisa y completa no se pueden justificar decisiones que afecten negativamente a las personas pensionadas.
Adicionalmente, Jupema indicó que la iniciativa desconoce el voto N.° 846-92 de la Sala Constitucional, que reconoce la pluralidad de regímenes y advierte contra la homologación que trata a los desiguales como iguales.
La junta considera que unificar los regímenes de pensiones bajo un solo tope constituye “una violación constitucional y un atentado contra los derechos adquiridos”.
Jupema añadió:
Lo que tenemos hoy frente a nosotros es un proyecto con vicios de inconstitucionalidad, que pretende imponer nuevas cargas y reducciones a las pensiones, desconociendo jurisprudencia y basándose en datos incompletos”.
Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de Jupema, concluyó:
Jupema exhorta respetuosamente a las señoras y señores diputados a rechazar esta iniciativa, pues su aprobación significaría un atropello histórico contra los derechos fundamentales de las personas trabajadoras de la educación, sus familias, y sobre todo por tratarse de adultos mayores”.