Hay líneas que una democracia no puede permitirse cruzar. Una de ellas es la intimidación —directa o indirecta— hacia quienes tienen la responsabilidad constitucional de impartir justicia.
Los jueces y juezas de la República, cuando actuamos con independencia, no respondemos a intereses coyunturales ni a presiones externas. Nuestra lealtad no es con el poder, sino con la Constitución y la ley. Nuestra función no es agradar, sino resolver conforme al marco jurídico que nos rige. Esa independencia no es un privilegio corporativo ni una concesión institucional: es la condición que hace posible la justicia.
Sin independencia, los tribunales dejan de ser espacios de garantía y se convierten en escenarios de presión. Sin independencia, las decisiones ya no responden al derecho, sino al temor. Y cuando el temor entra a la sala de audiencias, la justicia sale por la puerta trasera.
Por eso, cuando desde el más alto nivel del poder político se formulan insinuaciones públicas sobre resoluciones judiciales o se coloca bajo sospecha a quienes juzgan, no estamos ante una simple diferencia de criterio. Estamos ante un intento de trasladar la discusión jurídica al terreno de la presión mediática. Y ese desplazamiento es profundamente peligroso.
En una democracia, las resoluciones judiciales no se corrigen en conferencias de prensa. Se revisan en los tribunales. Se cuestionan con argumentos jurídicos, no con discursos de deslegitimación. Se impugnan mediante recursos, no mediante señalamientos que, además de carecer de rigor, pueden exponer indebidamente a las personas juzgadoras.
Hace décadas, Piero Calamandrei advirtió que, si se quisiera desacreditar a la judicatura, bastaría con erosionar poco a poco la confianza del pueblo en su trabajo.
No se necesita una ruptura abrupta. Basta con repetir el mensaje suficiente. Primero, se siembra la duda. Luego se instala la sospecha. Finalmente, se debilita la legitimidad institucional. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía es la perdedora, aunque no se percate de ello a corto plazo.
Más grave aún resulta cuando, en un contexto de creciente violencia, se señala públicamente a personas juzgadoras, colocándolas innecesariamente en el foco de la exposición pública. Nombrar, insinuar, presionar o convertir una decisión judicial en objeto de señalamiento personal no es transparencia. Es una práctica irresponsable que puede convertirse en una forma de amedrentamiento.
No hay independencia posible bajo amenaza. Conviene decirlo con absoluta claridad: un juez o una jueza que no decide con independencia deja de ser juez, aunque conserve el cargo. Así de simple. Así de grave, porque pierde la característica esencial de la jurisdicción: la imparcialidad.
La independencia judicial, entonces, no es una defensa de intereses particulares de quienes integramos la judicatura. Es una garantía de la ciudadanía. Es el derecho de toda persona a ser juzgada por tribunales imparciales, sin presiones, sin interferencias, sin amenazas y sin temor.
En América Latina conocemos bien este camino. Sabemos cómo comienza: con cuestionamientos aislados, con discursos que apelan al descontento, con la tentación de convertir la justicia en instrumento de validación política. Y sabemos cómo puede terminar: con instituciones debilitadas, jueces condicionados y derechos ciudadanos en riesgo. Costa Rica no está exenta de ese peligro. Ninguna democracia lo está.
Ahora bien, defender la independencia judicial no significa negar que el Poder Judicial requiera cambios. Tampoco significa desconocer que existen legítimas preocupaciones ciudadanas sobre la duración de procesos, la eficiencia institucional, la gestión interna y la necesidad de modernizar estructuras que ya no responden plenamente a las demandas de la Costa Rica contemporánea.
Precisamente por eso es necesario distinguir entre dos caminos muy distintos: uno es el camino de la intimidación, el descrédito y la presión política. Ese camino debilita la justicia.
El otro es el camino de la reforma seria, responsable, técnica y democrática. Ese camino la fortalece.
Desde la Asociación Costarricense de la Judicatura hemos sostenido desde el Tercer Congreso Nacional de la Judicatura en el año 2003 una posición clara, consistente y pública sobre la necesidad urgente de reformar aspectos esenciales del Poder Judicial. Esta no es una postura improvisada ni reactiva. Es una propuesta que la judicatura costarricense ha defendido por más de veinte años (por ejemplo, cambios para avanzar hacia una reforma que establezca la designación de personas magistradas por un único período, no mayor de doce años), aun cuando no siempre ha encontrado el respaldo necesario en ninguno de los poderes de la República.
La razón es sencilla: Costa Rica necesita un Poder Judicial independiente, pero también moderno, eficiente, transparente y mejor organizado.
Las propuestas no deben verse como esfuerzos aislados. Forman parte de una discusión más amplia sobre la necesidad de revisar el modelo de gobierno judicial, incluida la conveniencia de separar la gobernanza administrativa del Poder Judicial de la función jurisdiccional de casación. Este es un tema que sigue pendiente, pese a los acuerdos de reforma adoptados desde el año 2017.
Costa Rica debe atreverse a discutir estas reformas con altura, con rigor y con sentido republicano. Pero esa discusión no puede nacer del ataque, del resentimiento ni de la presión indebida. Tampoco puede convertirse en una excusa para debilitar la independencia judicial o someter a quienes juzgan al vaivén de intereses políticos. La reforma judicial que el país necesita no debe ser una reacción populista contra la judicatura. Debe ser una política pública seria para fortalecer la justicia.
Necesitamos reformas procesales, de fondo y administrativas que mejoren la eficiencia, reduzcan la mora, fortalezcan la transparencia, garanticen nombramientos objetivos, revisen estructuras de gobierno, protejan la independencia interna y externa de jueces y juezas, y aseguren a la ciudadanía una justicia más pronta, más confiable, más cercana e independiente.
Ese es el punto central: no se defiende al Poder Judicial negando sus desafíos; se le defiende enfrentándolos con responsabilidad democrática.
Por ello, como Asociación Costarricense de la Judicatura, reiteramos nuestra disposición de contribuir con los poderes de la República en la construcción de las grandes reformas que el país requiere en materia judicial. Pero también reiteramos que ninguna reforma legítima puede edificarse sobre la intimidación, la exposición indebida o el descrédito sistemático hacia quienes administran justicia, disfrazado de control político y disminuyendo la confianza pública.
Cuando la justicia es intimidada, la democracia retrocede. Cuando la justicia se reforma con seriedad, la democracia se fortalece. Ese es el equilibrio que siempre vamos a defender en la judicatura, en beneficio de la ciudadanía costarricense y la dignidad del cargo jurisdiccional.