Hay algo inquietante en este relevo legislativo. No es solo el cambio de nombres o la redistribución de cuotas de poder. Es la forma en que ese poder se ha condensado y el tono con el que ha sido asumido. El ascenso del partido Pueblo Soberano no puede leerse únicamente como un resultado electoral si no también como la expresión de una voluntad de acumulación política que ha encontrado en el malestar social su principal combustible. Pero también revela algo más preocupante de lo que deberíamos poner más atención: una disposición que coquetea con el desprecio por los equilibrios democráticos, una narrativa que se alimenta del antagonismo y del señalamiento permanente. Sin embargo, esto es más que conversado y discutido durante estos años, no digo nada nuevo.
No se trata de deslegitimar el voto. Ese sería un error analítico y político. Se trata de comprender que no toda mayoría construye democracia. Hay mayorías que gobiernan ampliando derechos y otras que lo hacen tensionando los límites institucionales. El problema no es la victoria, es el proyecto que la sostiene y las prácticas que la acompañan.
Pero quedarse únicamente en esa crítica sería cómodo e incompleto. Este momento también es el resultado de una oposición que no supo leer su tiempo. Durante años, amplios sectores políticos fueron incapaces de comprender la profundidad de la frustración social. No lograron conectar con las poblaciones en mayor vulnerabilidad, ni traducir sus demandas en propuestas creíbles. Se refugiaron, en muchos casos, en una defensa abstracta de la institucionalidad, sin reconocer que para una parte importante del país esa institucionalidad dejó de garantizar bienestar.
La desconexión no fue solo territorial, fue también simbólica. Mientras crecían la precariedad, la desigualdad y la sensación de abandono, la política tradicional insistía en lenguajes y prioridades que no dialogaban con esa experiencia cotidiana. La consecuencia era previsible: el surgimiento de proyectos que capitalizan el enojo, aunque no necesariamente ofrezcan soluciones estructurales.
A esto se suma una limitación estratégica evidente. La incapacidad de pensar con “luces largas”. La política reducida a ciclos cortos, a intereses personales o de grupo, a cálculos inmediatos. En ese terreno, cualquier proyecto que logre construir una narrativa coherente, aunque sea desde la confrontación, lleva ventaja.
Durante los últimos cuatro años fui líder estudiantil en un contexto de profundas tensiones; participé, además, en distintos espacios de organizaciones de la sociedad civil y cerré este ciclo como asesor legislativo. Hablo desde esa experiencia, pero también desde la inquietud de aportar a una discusión que parece no lograr ir más allá de una realidad ineludible: el proyecto chavista representa un riesgo para nuestra democracia y, al mismo tiempo, se encuentra legitimado por altos niveles de popularidad.
Por eso, la discusión no puede agotarse en lo que hará esta nueva configuración del poder en los próximos cuatro años. Ese es un horizonte insuficiente. La pregunta más relevante es otra: ¿qué hicimos —y qué dejamos de hacer— quienes nos asumimos como demócratas para evitar llegar a este punto?
Todavía hay margen de acción. Pero ese margen no pasa por una defensa conservadora del estado de derecho, como si bastara con preservar lo existente. Pasa por su renovación. Por reconstruir legitimidad desde la capacidad de respuesta. Por generar nuevas formas de organización política y social que entiendan, de manera real, las necesidades de la población.
Defender la democracia hoy implica algo más exigente que resistir. Implica disputar su sentido. Construir esperanza en contextos donde el desencanto se ha vuelto norma. Proponer caminos que no se limiten a administrar la crisis, sino que apunten a transformarla.
La deriva autoritaria no se enfrenta únicamente desde la denuncia. Se enfrenta con proyecto. Con articulación. Con una lectura más fina del momento histórico. Y, sobre todo, con la disposición de corregir los errores propios.
Este 1° de mayo no inaugura un nuevo país. Pero sí marca un punto de inflexión.
Dentro de cuatro años sabremos si fuimos capaces, con altura, de hacerle frente a una realidad dura que presiona y desborda. Ese juicio no recaerá solo sobre quienes hoy concentran el poder, sino también sobre quienes aspiran a disputarlo desde otras trincheras. Salir de las burbujas, poner los pies en la tierra, pisar las calles y escuchar sin filtros deja de ser una consigna y se vuelve condición mínima. La madurez política y la altura de miras debe ser lo mínimo que podemos esperar de las agrupaciones políticas.
Aun así, ese horizonte sigue abierto. Y en esa apertura -exigente, incómoda, pero real- persiste la posibilidad de construir algo distinto.